La batalla final por el rumbo económico

“Martín está más afuera que adentro. No está dispuesto a continuar en estas condiciones porque percibe que se quedó sin autoridad para marcar el rumbo económico”. Esta fue la idea que transmitió ayer en la intimidad el ministro de Economía, después de 24 horas de incertidumbre y tras hablar con Alberto Fernández sobre la renuncia del subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

Guzmán había vuelto de su reciente gira europea con dos sensaciones: que a pesar del historial de desaciertos argentinos había espíritu de cooperación, pero que al mismo tiempo era imprescindible dar señales de previsibilidad más claras, especialmente en materia de equilibrio fiscal. Sus habilidades retóricas de la academia ya no alcanzaban para convencer a los acreedores de que había una voluntad real de resolver los compromisos con el FMI y con el Club de París. Reforzó así su convicción de que sin un horizonte de solución al tema de la deuda será muy difícil atravesar este año sin turbulencias serias. Le planteó esta conclusión a Alberto Fernández en su reporte posterior y le dio forma de demandas. La primera, no volver a cerrar completamente la economía en la nueva etapa de restricciones, como le reclamaba el keynesianismo bonaerense. La segunda, clausurar la discusión por las tarifas y disponer los aumentos que eviten una mayor sangría de subsidios, en contra del planteo del camporismo generoso. El ministro entendió que el desfiladero estrecho por el que se mueve desde hace tiempo para evitar que la economía vuele por el aire estaba a punto de cerrarse. El Presidente le dio su firme compromiso para ambos objetivos. El viernes era el día de refrendarlos.

En la tarde previa ya se habían preparado ambos movimientos, pensados para realizarse casi en simultáneos. El Presidente pulió el mensaje que grabaría a la noche, en el que mantendría un esquema de restricciones similares a las que regían hasta entonces. No habría lockdown total. Casi en paralelo, Guzmán se reunió con Santiago Cafiero para definir la salida de Basualdo, que como representante directo de La Cámpora expresaba la mayor resistencia a la reducción de los subsidios a la electricidad. Era la manera de liberar el camino para una suba de tarifas escalonada, a la que la propia Cristina Kirchner se había opuesto.

En la mañana del viernes Alberto Fernández emitió su discurso sobre las medidas para la pandemia. Y un rato después, el Gobierno comunicó en forma semioficial que Basualdo dejaba su cargo por “incompetencia”, ya que no había avanzado con el estudio de segmentación de tarifas que le habían pedido. El emisario había sido el secretario del área, Darío Martínez. Al mediodía Guzmán había logrado sus dos objetivos.

Axel Kicillof digirió con cierto disgusto la tibieza de las restricciones de Fernández. “Pretendíamos medidas más estrictas”, admitieron cerca suyo, donde aspiraban a un cierre completo de actividades de al menos semanas para bajar la curva de contagios. Cristina estaba en la misma línea. Desde hace tiempo el gobernador está convencido de que la excepcionalidad de la pandemia amerita decisiones drásticas y que los efectos económicos hay que paliarlos con asistencia del Estado. Menciona la heterodoxia de Ángela Merkel y el plan de asistencia de Joe Biden como ejemplos de lo que lo que caracteriza como un new deal. Como siempre hizo, Kicillof acompañó en público las decisiones de Fernández y el tema quedó amigablemente resuelto.

Pero no ocurrió lo mismo con el tema tarifas. La tarde del mismo viernes La Cámpora difundió otro comunicado semioficial (un nuevo género híbrido entre el on y el off the record, propio de la era del Whatsapp, muy útil para dirimir conflictos internos). Allí se planteaba que Basualdo seguía en su cargo y que nadie le había pedido la renuncia. No solo eso, con total autoridad se señalaba que “habrá UN SOLO incremento del 8%. Es falsa la versión de un segundo aumento”. Cristina en persona se había encargado de habilitar la contraofensiva que dejó en una situación ridícula a Guzmán, pero que también puso como nunca en jaque a Alberto Fernández. Los autores de “Losardo está agotada” y de “Trotta y Vizzotti quedaron colgados” lograron producir un capítulo más desopilante aún. Al anochecer del viernes el Presidente y el ministro volvieron a hablar con el escándalo en todo su esplendor. Guzmán le planteó que si no era respaldado en su decisión tenía pensado dejar el cargo. Expresó claramente que no estaba dispuesto a continuar como un ministro devaluado. En un momento pensó en ofrecer un gesto de compensación, pero después transmitió su convicción de que lo de Basualdo “es innegociable”. Alberto se calzó su ajado traje de prestidigitador y le prometió una resolución al tema, pero no inmediata. “La salida de Basualdo va a suceder. No ya, sino cuando le encontremos un reemplazante. Va a llevar un tiempo. Alberto no se va a apurar”, dijeron en el entorno presidencial, en un intento por enfriar el conflicto. Pero con el correr de las horas Guzmán transmitió a su entorno la sensación de que la promesa de Alberto corría el riesgo de licuarse y dio señales de estar pensando seriamente su salida. “Si se queda Basualdo yo no tengo nada más que hacer”, expresó.

Un dato muy sensible es que en el momento más crítico del Gobierno no hubo un circuito de interlocución entre el Presidente, su vice y el ministro. La cúpula del poder se quedó sin canales directos de resolución. Guzmán emergió definitivamente aislado de la vicepresidenta y Alberto no piensa confrontar con ella. En La Cámpora florece un resentimiento con el ministro porque lo bancaron en sus disputas internas y ahora él se muestra inflexible con su representante energético. “Cristina lo recibió dos veces en El Calafate, algo que no hace con muchos. Y ni siquiera pudo controlar la inflación”, marcaban con ánimo despechado. Está claro que lo que está en juego no es el rol de Basualdo sino la definición de la política económica. La discusión por las tarifas en realidad es la expresión de una disputa cada vez más pública sobre el modelo, entre la heterodoxia mercado-friendly que alienta Guzmán o la heterodoxia dura que emana del kirchnerismo clásico. Para muchos actores del sistema la salida de Guzmán significaría la caída de Constantinopla. Por las dudas, corrió el nombre de la primera bailarina en la danza de los reemplazos: Cecilia Todesca.

El valle de las vacunas

Así como el reporte que Guzmán hizo de su viaje exterior agitó las aguas económicas, la situación global también generó una zozobra sanitaria en el Gobierno. A mediados de la semana hubo una evaluación alarmante sobre la provisión de vacunas en el corto plazo, producto de tres procesos convergentes: la India, en una crítica situación epidemiológica, frenó la exportación de Covishield; China hizo lo mismo con Sinopharm para priorizar la inoculación de su población, y Rusia blanqueó que después del último cargamento habrá un paréntesis en el suministro. “La situación en las próximas semanas es muy complicada porque si no se concreta otro envío, en unos diez días nos quedamos sin vacunas. En el corto plazo dependemos de los rusos”, admitió un funcionario de Casa Rosada. La obsesión oficial quedó simbolizada en la decisión del Presidente de ir a Ezeiza para recibir un embarque. También se plasmaron ciertas desprolijidades. Carla Vizzotti pidió explicaciones a AstraZeneca por las demoras. Quería exponer el déficit de la empresa que había sido la apuesta central de Ginés González García. Desde que se produjo el recambio en Salud, la relación con el laboratorio es mucho más tensa. Lo demostró Felipe Solá, quien después dijo que la empresa “es un gran problema”. En Presidencia atribuyen la virulencia del canciller a que Cecilia Nicolini no le avisó de la reunión. Sola prefirió dejar esa negociación en manos de Vizzotti y hacer gestiones con los embajadores de Cuba y de la India con la consigna de que “hay que asegurarse tener varias fuentes alternativas”. Pero paradójicamente hoy la principal apuesta del Gobierno apunta a que Estados Unidos haga una contribución importante, algo que quedó reflejado en otra reunión del tándem vacunas Vizzotti-Nicolini con la encargada de negocios MaryKay Carlsson. “Queremos ver qué participación tendremos en los 60 millones que ponen sobre la mesa”, comentaron en Cancillería. Resuena de fondo una promesa que dejó Juan González, el hombre de Biden para la región, cuando estuvo en Buenos Aires: la administración de Washington prevé hacer un anuncio importante de provisión de vacunas a otros países el 4 de julio, como celebración del día de la independencia. El problema es que faltan dos meses.

El regreso al consenso

En medio de la búsqueda desesperada de nuevas dosis, Alberto Fernández resolvió cambiar su estrategia con las medidas para mitigar la pandemia. Volvió al esquema consensual que tanto rédito le dio en el pasado, abriendo otra vez el juego a gobernadores, epidemiólogos y especialistas, y buscó hacer equilibrio. No endureció más para atender el planteo del interior y de Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo las aulas cerradas para conformar a Kicillof y anunció un proyecto de ley con facultades especiales para darle una señal a la Corte. Kicillof puso cara de duro y fue en la misma línea, aunque ayer se desmarcó con un inédito operativo cerrojo. Larreta se paró en sus “evidencias” y le dijo a su electorado que van a continuar las clases presenciales (lo del esquema bimodal en la secundaria ya se estaba dando de hecho), a pesar de que en la intimidad el gobierno porteño admite que si bien el 97 % de las aulas están abiertas solo está concurriendo el 55 % de los alumnos por el temor a los contagios. Cada uno cumplió su rol y todos se avisaron previamente lo que harían.

El episodio del último decreto presidencial dejó lecciones. Entonces todos se exhibieron inicialmente victoriosos (especialmente Larreta, que recuperó una centralidad que la interna de Juntos por el Cambio estaba erosionando) pero después registraron un malhumor social creciente contra la dirigencia política en general, que era muy peligroso alimentar otra vez. Por eso hubo mucha comunicación subterránea entre Nación, Provincia y Ciudad. Sin embargo, la relación ya no es la de antes. En materia de controles, en la Casa Rosada sintonizaron con sus pares porteños, pero no con los bonaerenses. La respuesta estuvo ayer en los accesos a la capital. Y en materia judicial, Larreta renovó su rebeldía por las clases, por “una cuestión de convicciones”, como siempre repite, pero también porque así hacer flamear una bandera arrebatada al progresismo: la defensa de la educación. El anuncio de que desobedecerá el nuevo DNU sin que medie una decisión judicial como la vez anterior, sería de enorme gravedad institucional si no fuera porque tiene una señal de la Corte Suprema, de que el pronunciamiento que espera dictar la próxima semana reafirmará la autonomía porteña. En el máximo tribunal anticipan: “Si el fallo termina diciendo que el decreto es inconstitucional, vale sobre todos los decretos similares. Es un efecto dominó. Como el caso Badaro, primero rigió para el demandante, pero después se aplicó a un millón de jubilados”. Con este argumento rebaten los cuestionamientos respecto de que terminará fallando en abstracto porque el decreto que motivó la demanda caducó el viernes a la medianoche. De fondo subyace la voluntad de los cortesanos de ratificar que no están dispuestos a correr detrás de las urgencias de la política, pero tampoco a ejercer una función ordenadora como cabeza del Poder Judicial. Por eso miraron el caos que se generó entre los tribunales federales y porteños por las clases sin sentirse interpelados.

Sí enviaron un guiño a la Casa Rosada para que avance con su propuesta de presentar un proyecto de ley que delega facultades en el Presidente para tomar decisiones vinculadas con la pandemia. “Sería bienvenido”, anticipan en la Corte con tal de que no le sigan lloviendo problemas políticos. La idea de recurrir al Congreso fue impulsada originalmente por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y receptada por Vilma Ibarra, quien intentó instrumentarla el año pasado, pero se encontró con la resistencia de los gobernadores, que no querían compartir el costo político de las medidas. Para Fernández sería ideal contar con una regulación normativa que le evite estar cada dos semanas calibrando medidas. Pero hay dos problemas serios: los gobernadores mantienen sus objeciones y la oposición ya se levantó en armas por entender que se tratarían de superpoderes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por los indicadores epidemiológicos que se establezcan, una provincia debe adoptar ciertas restricciones y no lo hace? “Hay que entender que no somos una confederación, sino un país federal”, defiende uno de los impulsores de la movida. Difícilmente el argumento sea tan sencillo de digerir en el Congreso.

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