La ausencia de una cultura de control y rendición de cuentas

El aumento en las dietas de los diputados y senadores nacionales trae nuevamente al centro del debate el valor que la sociedad otorga a la función pública. La actividad política y la gestión pública en general deben estar bien remuneradas y en concordancia con funciones de similar jerarquía y responsabilidad en el sector privado.

La política no puede ser un lujo exclusivo de quienes tienen ingresos suficientes por otros medios o se financian utilizando al Estado cada vez que acceden a un cargo público. Si realmente se busca renovar y democratizar la actividad política, si se pretende reclutar y retener profesionales calificados y capaces de ser el vínculo entre la sociedad y el Estado, y de conducir y administrar con responsabilidad los asuntos públicos, las remuneraciones deben reflejar esa valoración social.

Al mismo tiempo, la definición del salario en cualquier poder del Estado debe hacerse en forma transparente, pública y comprensiva de todos los componentes de la remuneración. Además, es necesario darle mayor visibilidad a otros fondos públicos que los funcionarios reciben y cuya asignación en algunos casos es discrecional y opaca.

A pesar de que se declama un consenso generalizado en jerarquizar la política y la función pública, los aumentos salariales en el Estado tienen mala prensa. El rechazo podría vincularse con la ausencia de una cultura de rendición de cuentas y un control y seguimiento estrictos de la actividad de todos los poderes del Estado.

El caso del Poder Legislativo es un buen ejemplo de esta ecuación social subóptima para la calidad de la política. El Congreso es un lugar poco abierto a que los ciudadanos conozcan la tarea que allí se realiza. En parte, la enorme presencia y visibilidad del poder presidencial en la Argentina explica por qué un aumento salarial dentro del Poder Ejecutivo genera menos controversia.

El Parlamento carece de una estructura moderna que ponga a disposición del público las discusiones legislativas. No es sencillo participar en los debates de comisión y las oficinas de atención al público no alientan activamente el acercamiento de los ciudadanos al Congreso. De hecho, hasta ayer la resolución que establece el aumento salarial de los legisladores se encontraba sólo en el sitio del Senado. La Cámara de Diputados no cuenta con un sistema que haga públicas y fácilmente accesibles las resoluciones de su presidencia y de otros órganos administrativos.

Además, para transparentar la actividad del Poder Legislativo y legitimar sus acciones, sería bueno avanzar en una política de gestión de intereses que permita visibilizar el vínculo de los legisladores con actores externos. También sería importante profesionalizar la carrera legislativa y lograr que, tal como sucede en otros países, trabajar con un legislador sea una actividad de alto prestigio profesional y social.

La calidad de la política, su capacidad de innovación y de representación de intereses diversos aumentará en la medida en que disminuyan las barreras de entrada al juego político. Sólo la práctica de pedir y rendir cuentas contribuirá a reconciliar a la ciudadanía con la política y los políticos.

El autor es director ejecutivo del Cippec