La Asociación por los Derechos Civiles presentó un informe crítico de la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández
LA NACION
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), organización civil especializada en temas de justicia y derechos humanos, dio a conocer un informe crítico de la reforma judicial promovida por el Gobierno. El proyecto, que fue aprobado por el Senado, está ahora a estudio de la Cámara de Diputados.
El documento analiza los ejes centrales de la iniciativa y presenta observaciones y puntos que la ADC considera que deben ser revisados. Sus principales críticas al proyecto de reforma son:
1.- La creación de cargos de jueces choca con el modelo acusatorio
El proyecto de reforma judicial propone la creación 156 cargos de jueces contra 135 cargos de fiscales y 79 defensores. Dado que con el sistema acusatorio las investigaciones van a ser responsabilidad de los fiscales, esta proporción "no se corresponde con la distribución de tareas" que prevé el nuevo código procesal (que instaura el sistema acusatorio y está empezando a aplicarse en forma progresiva). "La mayor carga de trabajo, y quienes van a requerir mayores recursos humanos y técnicos por tener a cargo la política criminal del Estado, serán fundamentalmente los fiscales", afirma la ADC. Destaca que durante las exposiciones que se hicieron en el Senado, distintos especialistas advirtieron que en las provincias donde rige un sistema acusatorio la distribución es diferente. En Chubut, por ejemplo, hay 53% de fiscalías, 31% de defensores y 16% de jueces. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 41 fiscalías y solo 31 juzgados.
2.- No contempla la organización que requiere un sistema acusatorio
Hoy, los jueces acumulan funciones jurisdiccionales y administrativas (desde la convocatoria de testigos hasta los asuntos administrativos de los empleados). Un sistema acusatorio requiere nuevas formas de organización, como los colegios de jueces o las oficinas judiciales, advierte el documento. "La propuesta de incrementar la cantidad de juzgados y crear nuevas cámaras federales, sin hacer ninguna innovación en su forma de organizarse, mantiene la lógica del modelo inquisitivo que se pretende abandonar y, por lo tanto, dificultará la implementación del nuevo modelo acusatorio", afirma la ADC.
3.- Crea subrogantes en contra del objetivo de "imparcialidad"
El proyecto de creación de nuevos juzgados en la justicia federal penal de la Capital (los tribunales de Comodoro Py) prevé que esos juzgados empiecen a funcionar antes de que se complete el proceso constitucional para nombrar a quienes serán los jueces. Hasta tanto esos procesos se terminen, se nombrará a subrogantes y ese sistema, advierte el documento, "atenta de forma directa contra el objetivo de imparcialidad", que es una de las metas declaradas de la reforma.
4.- Prevé subrogancias que contradicen fallos de la Corte
Los subrogantes que el proyecto prevé nombrar para Comodoro Py, en rigor, no reemplazan a nadie (ocuparán juzgados que nunca tuvieron juez) y eso, advierte la ADC, desnaturaliza el instituto de las subrogancias, tal como lo sostuvo la Corte Suprema. "El proyecto bajo análisis, en la medida que utiliza el mecanismo de subrogancias para ocupar cargos que nunca contaron con un juez titular, constituye una desnaturalización del instituto, agrava el estado de situación, y atenta contra la garantía a ser juzgado por un juez independiente e imparcial", sostiene el informe de la ADC.
5.- El traspaso de competencias a la Ciudad es incompleto
Con el fin de que el traspaso de competencias se hiciera de forma ordenada -recuerda el informe- en 1994 se optó por una transferencia progresiva en el tiempo. Sin embargo, luego de más de 25 años, aún no se completó el traspaso de competencias. Por eso, afirma la ADC, la trasferencia ahora "debe incluir todas las competencias ordinarias -y no solo las penales como prevé el proyecto- y ser acompañada de las correspondientes partidas presupuestarias". El documento sostiene: "El proyecto resulta insuficiente, por un lado, porque no tiene en cuenta las competencias no penales que también deben ser transferidas, y por otro lado porque del texto del proyecto no se advierte cómo será posible la transferencia".
6.- Crea un Tribunal de Resolución de Conflictos innecesario
"El proyecto cuenta con un déficit importante de evidencia empírica que permita analizar adecuadamente las propuestas", sostiene la ADC. El proyecto original unificaba dos fueros federales: el contencioso administrativo y el civil y comercial. El argumento de esa reforma, sostuvo el Gobierno, era poner fin a los conflictos de competencia, pero luego de presentado el proyecto, la Cámara Civil y Comercial Federal advirtió que los conflictos habían sido solo 22 al año, en promedio, en los últimos cinco años. Tras esa aclaración, se eliminó el plan de fusión, pero se creó un tribunal de resolución de conflictos. "La evidencia disponible permite sostener que, en principio, no existen una cantidad de casos que justifique la necesidad de crear un nuevo tribunal, exclusivamente dedicado a dirimir los conflictos de competencia entre ambos fueros" sostiene la ADC.
7.- La reforma es costosa y de lenta implementación
Cuando el proyecto llegó al Senado, la estimación inicial era que la reforma costaría $1.939 millones, pero el texto que se sancionó fue modificado con la creación de nuevos tribunales en todo el país. "El proyecto de ley cuenta con un déficit importante respecto a evidencia empírica que sustente las propuestas, así como cierta falta de profundidad en el análisis de los costos. Esto se manifiesta en la falta de estadísticas y datos que permitan evaluar la razonabilidad de la cuantía de los juzgados, cámaras y dependencias a crearse", afirma el informe. Además, nombrar jueces es algo que lleva mucho tiempo en la Argentina y eso hará que "la implementación de la reforma se demore en el tiempo", advierte el documento.
8.- El proyecto no contempla otras importantes reformas pendientes
El documento de la ADC advierte que "las reformas que se realicen en el sistema de justicia deben tener en cuenta otras asignaturas sobre las que también existen amplios acuerdos y sin embargo se encuentran pendientes", como la sanción de una nueva ley de amparo que cumpla con las condiciones establecidas en la Constitución de 1994, la regulación de los procesos colectivos de acuerdo con las pautas establecidas por la Corte, y la implementación de procedimientos orales en los otros fueros, más allá del penal.
La ADC observó también el modo en que se debate la reforma. "Como organización de la sociedad civil, promovemos que los procesos de reforma de la justicia se realicen a partir de un procedimiento democrático, precedido por un debate amplio y robusto que permita la expresión de todos los actores involucrados en la discusión de las ideas. Para ello, se deben convocar e incluir a ciudadanos, expertos, funcionarios y organizaciones, que en un debate real y reflexivo logren los consensos necesarios para un diseño institucional eficiente, democrático y respetuoso de la Constitución Nacional", afirma el informe.
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