La Asociación de Fiscales respaldó a Eduardo Casal y criticó la “falta de destreza” de la política para designar a un Procurador

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), hizo saber hoy su preocupación por las acusaciones y descalificaciones hacia el Procurador interino, Eduardo Casal, así como contra otros fiscales, en el marco del tratamiento de una nueva ley que regule la Procuración General de la Nación.

El proyecto de cambios es impulsado por el oficialismo y criticado desde la oposición y gran parte del mundo jurídico por los cambios que se proponen respecto de las mayorías necesarias para la designación y remoción del jefe de fiscales, entre otros puntos. El proyecto tiene, desde el año pasado, la aprobación del Senado, pero no pasó aún por el filtro de Diputados. Su tratamiento es uno de los objetivos que se fijó la gestión de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al que llegó en marzo pasado.

En un comunicado dado a conocer hoy, la AFFUN, presidida por el fiscal federal Carlos Rívolo, sostuvo que buscaban “alertar a toda la sociedad que, en el ámbito del tratamiento de una nueva ley del Ministerio Público, con la intención de justificar las distintas posiciones políticas adoptadas, algunos funcionarios, dirigentes partidarios y magistrados del ámbito judicial, tanto en el ámbito parlamentario como en sus publicaciones mediáticas, no trepidaron en descalificar la persona del actual Procurador General interino y de varios fiscales, con términos degradantes, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, basándose en datos, muchas veces tergiversados y que no fueron sometidos a un previo y lógico tamiz de verosimilitud, como lo exige un Estado de Derecho”.

En ese sentido sostuvieron que “dicho comportamiento evidencia no solo la ausencia de argumentos para fundar la razón de la tercera reforma legal que pretenden, sino que, además, con aquellas expresiones, procuran disimular la ausencia de destreza de la dirigencia política para lograr un sólido acuerdo que exige nuestro ordenamiento legal para designar un Procurador General que, por otra parte tuvo como consecuencia que la Institución tenga una conducción interina como reglamentariamente se establece y durante casi cuatro años”.

El debate por la ley de la Procuración también tiene su impacto en cuanto a la posible sucesión del cargo. El candidato del presidente Alberto Fernández es el juez federal Daniel Rafecas, quien ya reiteró en varias oportunidades que declinará de su candidatura en caso de que avancen los cambios que terminarían con la necesidad de una mayoría especial para la designación. Rafecas fue postulado por Fernández en diciembre de 2019, pocas días después de su asunción. Su pliego entró al Senado dos meses después y el oficialismo no le dio tratamiento aún.

En su comunicado de hoy, los fiscales coincidieron en la necesidad de que se designe un titular, pero advirtieron que eso no puede ser “a costo de degradar al Ministerio Público, sino exigiendo que se respete por sobre cualquier corriente política”. Al tiempo que recordaron que por la reforma constitucional de 1994, el Ministerio Público Fiscal “es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Y que, en ese sentido, “oportunamente los legisladores consideraron, que uno de los parámetros que garantiza la independencia orgánica, es que la designación del Procurador General surja de acuerdos y consensos políticos que deben alcanzarse con una mayoría calificada de 2/3 de los miembros del Senado de la Nación; sobre todo, porque conduce una institución que representa y defiende los intereses de toda la comunidad -no los de un gobierno de turno-, y además porque aquel respaldo parlamentario le otorga la legitimidad necesaria para diseñar la política criminal y de derecho no penal del país garantizando el respeto de los derechos de los imputados y la participación y defensa de las víctimas, con especial atención en los casos de violación de los derechos humanos”.

En el mismo sentido advirtieron sobre la “mayoría calificada para su remoción, acordes al procedimiento establecido en los arts. 53 y 59 de la Carta Magna, lo blindan frente a cualquier decisión que pueda incomodar a los sectores de poder, público o privado, que impidan la promoción de justicia en defensa de los intereses de la sociedad”. Lo cual, resaltaron, toma más relevancia, ante la inminente instauración del sistema procesal penal acusatorio, en donde los y las fiscales adquieren una responsabilidad y protagonismo determinantes en las investigaciones a su cargo, como en el desarrollo de la imputación y la acusación.

En tanto que también apuntaron que se puede afirmar “que el proyecto de reforma de la ley 27.148 que ha obtenido media sanción del Senado de la Nación, y en particular el Dictamen de Mayoría aprobado el pasado 18 de mayo por las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, no solo afecta el principio de regresividad en la calidad de las instituciones estatales, sino que además atenta contra el principio constitucional de Autonomía e Independencia del Ministerio Publico Fiscal”.

Desde la organización también resaltaron que la mayoría de los expositores ante las comisiones del Senado, de diversos pensamientos “señalaron la inconveniencia sustancial de transformar en ley el proyecto propiciado; siendo que escasas han sido las voces escuchadas ante las Comisiones de la Cámara de Diputados para poder volcar opiniones ante nuestros representantes y que los cambios efectuados al texto original en nada han modificado los serios inconvenientes de orden constitucional que se vislumbran”.

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