La Argentina retomó una denuncia penal internacional contra el régimen de Venezuela por violaciones a los derechos humanos
El gobierno se había retirado de la demanda en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández; la investigación es llevada adelante por la Corte Penal Internacional y comprende a Nicolás Maduro
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El gobierno argentino retomó la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, en la que se investiga al régimen de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Así, el presidente Javier Milei revirtió la postura que el país mantuvo durante la gestión de Alberto Fernández, quien había retirado a la Argentina de la demanda en 2021, con el argumento de que la demanda era “parte de una maniobra ideada por Donald Trump”.
La decisión fue comunicada al tribunal internacional y difundida por la Cancillería, que conduce Diana Mondino, cuando faltan ocho días para las cruciales elecciones presidenciales en Venezuela. Y se conoció un día después de que el polémico líder bolivariano llamara “mal parido” al referente de La Libertad Avanza.
“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021″, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Añadió que “esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela” y afirmó que “la República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”.
La posición del gobierno de Milei constituye un nuevo giro en la política exterior de la Argentina, al diferenciarse drásticamente de la favorable recepción que el régimen de Maduro encontraba en el gobierno anterior de Alberto Fernández.
La denuncia contra Venezuela ante la máxima instancia penal internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, había sido presentada en 2018 por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y la Argentina, durante la presidencia de Mauricio Macri.
No existían antecedentes de Estados que demandaran a otro Estado por delitos considerados de lesa humanidad, ante un tribunal cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerras y agresiones violatorias de los derechos humanos.
La preocupación en la región por las violaciones a los derechos humanos atribuidos al régimen de Maduro cobraron relevancia a partir de un informe realizado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet quien denunció casos de abusos y crímenes cometidos por el régimen de Venezuela.
El informe Bachelet registró 5.287 muertes por “resistencia a la autoridad” en 2018 y otros 1569 en los primeros cinco meses de 2019. El gobierno de Maduro rechazó las acusaciones.
En tanto, expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) recibieron en cinco audiencias testimonios de víctimas y testigos de los atropellos del régimen de Maduro y en un informe, de 489 páginas, analizaron ataques contra dirigentes opositores en Venezuela. Describieron allí la existencia de “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas”, con el objeto de “aterrorizar” al pueblo de ese país.
El relevamiento de la OEA dictaminó la existencia de 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o formaciones chavistas. Se identificaron, además, 8292 ejecuciones extrajudiciales a partir de 2015 y más de 12.000 detenciones arbitrarias, además de otras privaciones de libertad física desde las elecciones de 2013, que consagraron a Maduro como sucesor de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013.
El gobierno argentino renegó de estas comprobaciones en 2021, cuando integraba el Grupo de Lima, al comunicar a la Corte Penal Internacional su decisión de retirarse de la denuncia. “Le pedí al titular de la CPI -el polaco Piotr Józef Hofmanski-, que ese tribunal no sea utilizado políticamente”, dijo en ese momento Fernández, al argumentar su posición.
Insistió en que la denuncia contra Venezuela formaba parte de “una maniobra ideada por Trump en perjuicio de un país latinoamericano” y que la finalidad política era marginar y dejar a un costado a Venezuela”.
LA NACION
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