La Argentina regula los "golpes de mercado" como ataques al orden

La nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, creada después de la disolución de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tras el caso Nisman, ha creado polémica nada más empezar. Apoyándose en la reforma de los servicios de espionaje, el Gobierno que preside Cristina Kirchner sancionó ayer ayer en el Boletín Oficial la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional que amplía las tareas de espionaje, además de a las amenazas externas de terroristas o los delitos cibernéticos, a los "golpes de mercado" por parte de grupos económicos y financieros que califica de "atentados contra la democracia".

Según el texto publicado en el decreto 1311/2015, bajo la forma de un anexo de 214 páginas, la nueva doctrina establece que habrá un área dedicada a detectar y prevenir las "corridas (estampidas) bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado" que constituyen "atentados contra el orden institucional y la vida democrática". "La inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no espiarlos", aclara el documento. Además, menciona que no solo grupos políticos y militares pueden atentar contra los "poderes públicos" sino también "grupos económicos o financieros", como empresas y bancos que desestabilicen la situación económica. Para estos atentados externos e internos, se prevé que habrá una Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo y Delitos contra el Orden Constitucional y una Dirección Operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado, de las que dependerá una Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional y una Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera.

Tras la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, que había acusado a Cristina Kirchner de supuesto encubrimiento de terroristas, la presidenta de Argentina impulsó una ley de reforma del servicio de inteligencia. La jefa de Estado sospechaba que uno de los principales espías de su país, Jaime Stiusso, estaba detrás de la denuncia de Nisman. La reforma de la ley implicó la disolución de la SIDE, famosa por el espionaje a políticos y periodistas y por negocios oscuros, y la creación de la AFI, a la que se sumarán nuevos agentes propuestos por las universidades públicas.

El jefe de la AFI, Oscar Parrilli, recordó además ayer en rueda de prensa que los espías ya no actuarán por cuenta propia o del Ejecutivo o los jueces, sino solo por indicación de los fiscales, cuyo jefe es designado por el Congreso. Parrilli negó que los directores de la AFI vayan a seguir en sus funciones más allá de los cambios de Gobierno, como criticó la oposición. Aclaró que cada presidente argentino designará los suyos. También contó que cada espía deberá presentar todos los años una declaración jurada de sus bienes, un modo de controlar el enriquecimiento ilícito como el que el Gobierno le imputa a Stiusso, su exdirector general de operaciones de la SIDE.

"Dejamos atras la vieja SIDE de la (última) dictadura (militar, 1976-1983) y la del ingeniero Stiusso, que tantas críticas generó en Argentina", proclamó el jefe de la AFI. Clarín, crítico con el kirchnerismo, advirtió que la nueva doctrina ha puesto en "alerta" a los mercados. En las últimas semanas, el Gobierno ha redoblado las inspecciones en casas de cambio y operadores de bolsa para controlar el comercio ilegal de divisas, en un país con rígidos controles cambiarios desde 2011. Agentes de la Gendamería, el Banco Central, Hacienda, la Comisión de Valores y la unidad contra el lavado de dinero vigilan el mercado blue (azul), como los operadores llaman al negro o ilegal al que ahora recurren quienes buscan dólares ante una eventual devaluación del peso tras las elecciones presidenciales de agosto y octubre.

Por Alejandro Rebossio

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