La Argentina mantuvo el aplazo y en un año no mostró avances en un ranking internacional de anticorrupción

En 2022 Argentina no presentó cambios respecto a 2021 en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional: sobre 100 puntos posibles solo obtuvo 38. La única modificación fue en el puesto que ocupa el país, que pasó del 96 al 94, pero solo por cambios en otros países, no por mejoras propias. De este modo, la Argentina se encuentra en una ubicación semejante a la de países como Marruecos, Etiopía, Brasil, Moldavia y Colombia. “Estamos absolutamente estancados y, como siempre aplazados. No es una situación que sorprenda”, dijo a LA NACION Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

Ferreira Rubio explicó que se ven “casos de corrupción, denuncias de periodistas, de organizaciones civiles y que sobre ellos hay un gran manto de impunidad. Y eso genera percepción de que la corrupción es muy alta en Argentina”. Tras lo que ubicó como “telón de fondo” para la corrupción el “deterioro de la calidad de las instituciones, ataques a la independencia judicial y falta de seguridad jurídica”.

En la misma línea fue Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, quien consideró que “la Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción, en un marco de estancamiento, anomia y luchas internas de poder”.

Experto en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia, Bermolén agregó que con la ubicación en la que quedó en el ranking, “la Argentina se mantiene en el pelotón de países latinoamericanos relegados junto a Colombia y Brasil, muy por debajo de los líderes de la transparencia latinoamericana que siguen siendo Chile y Uruguay. Sólo Venezuela y Paraguay muestran peores resultados”.

Entre 2020 y 2022, la Argentina retrocedió 18 casilleros en el índice anticorrupción anual realizado por Transparencia Internacional y quedó ubicada en el puesto 96 entre 180 países. A su vez, en 2020 ya había perdido 12 puestos en el ranking mundial, lo que significó una recaída luego de haber escalado durante los últimos años.

El índice, donde la mejor puntuación es 100 y la peor 0, califica a los países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, construido a partir de datos de siete fuentes externas: encuestas y evaluaciones realizadas por varias instituciones que incluyen a especialistas en la materia, empresarios y consultoras.

De acuerdo a lo que se refiere a la posición local, se destaca que no se observan cambios durante los últimos años “producto de que no se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, y el tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”, según señala Pablo Secchi, de la ONG Poder Ciudadano.

En su análisis, Secchi señala que “se podría destacar como positivo el avance en políticas de integridad del Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado al Mapa de Inversiones, y el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) impulsado por la Oficina Anticorrupción (OA) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para contribuir al desarrollo y mejora de los programas de integridad, el intercambio de buenas prácticas y la promoción de ambientes transparentes en negocios y mercados”.

Se trata de dos puntos que son resaltados desde el Poder Ejecutivo como “banderas” de lo que consideran que es una gestión “ejemplar”, en referencia a que no acumularon causas en la Justicia como sí sucedió en otras administraciones kirchneristas, en especial cuando Julio de Vido era titular del Ministerio de Planificación Federal. De todos modos, ante la consulta de LA NACION por la ubicación del país en el ranking no hubo respuesta oficial de la administración de Alberto Fernández.

El rol de la OA, el juicio a la Corte y la “fatiga institucional”, en la mira de los expertos

El rol de la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del poder de turno y caracterizada por no emitir más que recomendaciones frente a sospechas de corrupción, no está exento de la mirada de los expertos. “Fracaso coronado con la reciente salida de Félix Crous como titular de la OA, en la práctica una institución dependiente del poder que se reduce a formalizar meras recomendaciones”, resalta Bermolén. El especialista destacó que “mientras la energía del Gobierno está puesta en sitiar a la Corte Suprema y propiciar la exoneración de sus dirigentes, la sociedad mantiene a la corrupción en el podio de los problemas más severos que afectan la Argentina, detrás de la inflación y la situación económica del país”.

Mientras que la OA está acéfala desde la salida de Crous a fines del año pasado, sin que se designe un sucesor, el avance contra la Corte suma capítulos en el Congreso. “Es un aspecto preocupante el enfrentamiento constante entre el Gobierno y la Justicia que terminó con el pedido de juicio político a la Corte Suprema”, destacó Secchi. También subrayó como otro aspecto que atenta contra la situación local en materia de corrupción el hecho de que el Congreso no haya avanzado “con la prometida reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, ni con la de Obras Públicas, ambas normativas necesarias para modernizar la regulación anticorrupción”.

Sin un impacto fuerte en el resultado total, “los hechos aislados difícilmente provocan cambios significativos”, explica Ferreira Rubio, quien sí se destaca como un punto positivo el hecho de que se haya logrado una veredicto condenatorio en la causa Vialidad, que llevó a Cristina Kirchner a juicio oral y público.

“En medio de la una fatiga institucional, condenas por corrupción a encumbrados funcionarios, ataques a la Justicia, debilitamiento de los organismos de control y parálisis de la actividad legislativa y del Consejo de la Magistratura, Argentina luce como un país entumecido y a la deriva”, evaluó Bermolén.

El experto también consideró que, en materia de calidad institucional, “los avances son esporádicos, vinculados a exigencias internacionales, crisis políticas, escándalos o tragedias que exponen las debilidades y falencias de un sistema que facilita la impunidad”. Y sentenció: “Se carece en la práctica de una una política pública de lucha contra la corrupción permanente y eficaz”.

Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza del ranking mundial

A nivel global, el ranking es encabezado por Dinamarca, con 90 puntos, seguido por Finlandia y Nueva Zelanda, con 87 puntos cada uno. Las peores posiciones fueron de Venezuela, con 14 puntos, Siria y Sudan del Sur, con 13, y Somalía, con 12.

En el top ten de países con los mejores standares en lucha anticorrupción están Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y Países Bajos. Estados Unidos, por su parte, se ubica en el puesto 24 y el Reino Unido, en el 20.

A nivel global, Ferreira Rubio introdujo como punto central en el ranking “la diferencia en cómo reaccionan ante la corrupción” los distintos países y los niveles de tolerancia que presentan las sociedades frente a esos hechos. Como ejemplo, señaló lo que sucedió en el Reino Unido y la Argentina frente a las fiestas que en plena cuarentena por Covid-19 realizaron sus respectivos mandatarios, Boris Johnson y Fernández, y las consecuencias que tuvieron cada uno. Para el primero marcaron el principio del fin de su gestión; mientras que para el segundo la crisis derivó en el pago de una multa.

Ferreira Rubio agregó otro factor: “Cuanto más cerca estamos de que la impunidad termine, mayores son los ataques” en represalia, y en esa línea mencionó, por ejemplo, la avanzada contra la Corte Suprema de Justicia encarada por el Poder Ejecutivo tras la condena a la vicepresidenta.

“El deterioro de calidad de las instituciones democráticas, eso es lo más preocupante. Lleva al abuso de poder, al discurso de enemigos y genera el caldo de cultivo para que haya más corrupción”, completó.

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