La OEA impulsa una votación incómoda para la Argentina sobre los derechos humanos en Nicaragua

Los días de cerrada defensa del Gobierno hacia el régimen sandinista de Daniel Ortega parecen haber quedado definitivamente atrás. Sin el rechazo de la delegación argentina que encabeza el embajador kirchnerista Carlos Raimundi, la Organización de los Estados Americanos (OEA) planea debatir el viernes próximo la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluida la toma de la sede de esa organización en Managua, a fines de abril pasado.

Por iniciativa de Antigua y Barbuda, la OEA prevé discutir entre sus miembros la realización de una sesión extraordinaria el viernes para analizar “la situación en Nicaragua”. La propuesta fue acompañada, en principio, por ocho países, entre los cuales no figura la Argentina, aunque de todos modos la representación nacional no objetó hasta el momento la moción. Fuentes diplomáticas aseguraron a este diario que la postura argentina en el debate “aún no está definida”. De realizarse, la sesión supone una incómoda situación para la representación argentina, como parte de un Gobierno que ha buscado hacer equilibrio entre Washington y los países cuestionados por Estados Unidos como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

“Antigua y Barbuda con apoyo de Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay solicitan OEA sesión extraordinaria sobre Nicaragua el 12 de agosto. Los derechos de humanos no son de izquierda ni derecha”, escribió en las redes sociales Arturo Mc Fields, embajador hasta marzo pasado de Nicaragua en la propia OEA, cargo al que renunció en medio de una recordada sesión, en la que denominó “dictadura” al gobierno de su país y denunció la existencia de presos políticos. Entre quienes apoyaron abiertamente la realización de la sesión están dos gobiernos que integran la denominada Patria Grande, cercanos al del presidente Alberto Fernández, como el del presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Perú, de Pedro Castillo.

Desde el gobierno argentino recordaron a LA NACION que en relación a Nicaragua la estrategia sigue siendo promover mejoras de la situación de derechos humanos en base al “consenso”, utilizando herramientas como el denominado Grupo de Contacto sobre la situación en Venezuela o la Celac que encabeza Fernández, sin debatir el ordenamiento político ni tomar posiciones extremas. “Si quedan aislados del todo, es mucho peor”, comentan además fuentes diplomáticas, que, de todos modos, agregan que “La OEA pasó a ser el brazo político de Estados Unidos y minimizó su rol histórico”.

El vínculo entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Ortega, fluido desde fines de 2019, se tensó al máximo en junio del año pasado, cuando salieron a la luz los abusos del régimen y el encarcelamiento de opositores que pretendían participar de las elecciones de noviembre. Aliado a México, y luego de abstenerse de condenarlo en la OEA y otros fotos, el gobierno de Fernández retiró a su embajador en Managua, el chaqueño Daniel Capitanich, y Ortega dejó de atenderle el teléfono al Presidente. De hecho, fue Nicaragua quien bloqueó durante meses la intención de Fernández de hacerse cargo de la Celac, efectivizado en enero de este año.

Nexos con Irán

Cuando cierta calma parecía haber renacido en el vínculo bilateral, Capitanich (ya de vuelta en Nicaragua) debió dar explicaciones por no haber denunciado la presencia del ministro iraní Mohsen Rezai, acusado por el atentado a la AMIA y buscado por la Interpol, en la reasunción de Ortega, de la que el representante argentino también participó. “Debían habernos avisado”, comentaron en aquel momento desde el gobierno argentino en referencia crítica al gobierno de Ortega.

También con Venezuela el vínculo supo de vaivenes. La guerra en Ucrania y el acercamiento de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro facilitaron la reanudación de los vínculos, que incluyó la reciente llegada de Oscar Laborde como embajador en Caracas y la aceptación de Stella Lugo como embajadora de Venezuela en el país. El único lunar visible fue la detención, hace poco más de dos meses, del avión de la empresa Emtrasur, con 14 iraníes y 5 venezolanos, en el aeropuerto de Ezeiza, sospechados de vinculación con actividades terroristas. Sin acusar directamente al Gobierno, Maduro reclamó la liberación del “avión secuestrado”, mientras su número dos, Diosdado Cabello, fue mucho más directo. “Exigimos la devolución del avión venezolano al gobierno del señor Fernández, y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible”, dijo Cabello.

Por ahora, la Argentina no objeta en la OEA la necesidad de esclarecer la situación en Nicaragua. Raimundi, quien supo relativizar desde ese cargo el informe sobre torturas, desapariciones y muertes de la ex presidenta de Chile y ex Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet sobre el régimen de Maduro en Venezuela, pidió días atrás desde su cuenta de twitter “millones y millones de trabajadores, estudiantes, ciudadanos en las calles, exigiendo por sus derechos soberanos” en la “disputa con los mercados y el FMI”. También apoyó a su hoy jefa política, la vicepresidenta Cristina Kirchner, víctima, según su visión, de una “persecución judicial”. El viernes se escuchará su opinión. y la del Gobierno sobre lo que ocurre en Nicaragua.

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