La agresión a Diego Luciani: cómo funciona la custodia del fiscal que acusó a Cristina Kirchner
El funcionario judicial del caso Vialidad mantiene un número mínimo de cuatro efectivos de la Policía Federal, que rotan los turnos; actuaron de “manera ejemplar” en el episodio del restaurant en Mar del Plata; la seguridad está a cargo de la Procuración General de la Nación
LA NACION
“La custodia obró de manera ejemplar”. La frase pertenece a una persona que conoce de cerca lo sucedido el último fin de semana en Mar del Plata cuando el fiscal federal Diego Luciani, quien en agosto pasado acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco del juicio “vialidad”, fue agredido verbalmente en un restaurante, por otra comensal. El perfil público de Luciani, quien acusó a la mandataria y otros 12 imputados desde mayo de 2019, subió drásticamente en los últimos meses, lo que obligó a repensar su custodia. Sin embargo, el funcionario mantiene un número mínimo de efectivos (4, en total) que lo acompañan las 24 horas, en una decisión consensuada con las distintas áreas que intervienen para definir quién y cómo cuida a los representantes del Ministerio Público Fiscal.
En el caso de los fiscales (el procedimiento varía en el caso de los jueces), la solicitud de custodia o la ampliación de ella, dependiendo el caso, está en manos de la Procuración General de la Nación (PGN), más precisamente con la Secretaria de Coordinación Institucional (SCI), a cargo de Juan Manuel Olima.
En el caso del pedido de custodia los fiscales lo pueden hacer de forma personal, telefónica, o por mail, en un correo que reciben los 8 miembros del equipo liderado por Olima. Es precisamente él quien interactúa con la Dirección Nacional de Cooperación con los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación desde donde se coordinan a las custodias, se deciden refuerzos o bien se hacen evaluaciones de riesgos ante distintas situaciones.
Los encargados de las custodias pueden ser las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina (PNA), y Gendarmería Nacional (GNA). Y, en caso de que quien necesite custodia en su domicilio sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede contemplarse que tenga una coordinación con efectivos de la fuerza de Ciudad.
LA NACION se comunicó con la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, así como con el Ministerio de Seguridad de la Nación para conocer detalles sobre la custodia de magistrados, pero en ambos casos se excusaron de darlos por entender que el hacerlo atenta contra la efectividad de la seguridad dispuesta.
El rol del ministerio de Seguridad
Desde la Procuración celebran la respuesta que hay en tiempos de la gestión de Aníbal Fernández así como señalan que lo hubo en la administración de Patricia Bullrich. En el medio dejan a la época de Sabina Frederic, entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021. “Fue un suplicio”, resumen en referencia a los tiempos de la antropóloga. A lo que agregan: “Hoy por hoy, como en la época de Bullrich, la respuesta a los pedidos que se elevan es inmediata. Nos cambió la vida”. Con el área también se coordina la custodia de edificios o despachos donde están las fiscalías.
Que un fiscal tenga custodia no es algo inherente al cargo, sino que se decide en algún momento en especial o ante un pedido o evaluación de riesgo. Lo mismo, ante distintas situaciones que puedan darse con alguien que ya la tiene y se amplíe el número de efectivos, se decida cambio de fuerza o se introduzcan cambios en los procedimientos.
En el caso puntual de Luciani detallan que empezó con una custodia en vísperas del inicio del juicio y a media que creció su perfil se evaluó un refuerzo. Luciani, cuentan, siempre quiso tener el mínimo posible y hoy mantiene su misma custodia de siempre. Se maneja con cuatro hombres que rotan por turnos y son de su “extrema confianza”, aseguraron.
“Está acordada con él y no se incrementó tras el fin del juicio. Es un grupo de policía federal, no es que tiene al GEOF”, ironizó un funcionario al tanto del tema que agregó que intervinieron “perfecto” en Mar del Plata donde, aseguran “trataron de evitar el conflicto”.
El número fue revaluado en su momento, luego de que un medio gráfico hiciera tapa con los rostros de Luciani y su compañero en la acusación en el debate, Sergio Mola. “Esas revaluaciones se hacen permanentemente porque si hay una mayor exposición, por ejemplo, se sugiere un refuerzo”, detallaron desde las áreas alcanzadas. Desde allí también señalaron que uno de los motivos que siempre sopesan a la hora de evaluar las custodias es la perdida de intimidad que conlleva para él o la funcionario o funcionaria alcanzada y sus familias. “Por un tiempo estas cosas cambian la vida”, sostuvieron.
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