La AGN advirtió en 2012 sobre serias irregularidades en la concesión de la hidrovía del Río Paraná
LA NACIONLaura Serra
En un informe lapidario, la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió ya en 2012 sobre las serias irregularidades en torno a la concesión del dragado del río Paraná a Hidrovía SA, empresa cuyo titular, Gabriel Romero. El empresario se encuentra hoy bajo la lupa de la Justicia tras confesar ayer, en la causa de " los cuadernos de las coimas ", que pagó U$S 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión por decreto en 2010.
La AGN no sólo alertó sobre la falta de controles estatales sobre la empresa. También advirtió que, cuando se renegoció el contrato en 2010, se acordó el pago de subsidio del Estado por 3.125.000 dólares por mes, durante tres años, "sin fundamentar la determinación de ese monto mensual". Ese monto iba a solventar las obras que se iban a desarrollar en la primera etapa de la nueva concesión.
"Los informes de la AGN sirven de base para la mayoría de los procesos que hoy se investigan en los tribunales de Comodoro Py: son pruebas fehacientes sobre las irregularidades que se cometían en las distintas áreas del Estado, obra pública, transporte, energía. En muchos informes advertíamos sobre la falta de mecanismos de control del Estado; el referido a la Hidrovía así lo demuestra", indicó a LA NACION el expresidente de la AGN Leandro Despouy.
En efecto, en dicha auditoría se advirtió que los controles sobre el cumplimiento contractual de la Hidrovía fueron prácticamente nulos: nunca se creó el órgano de control previsto normativamente, por lo que asumió la tarea la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SSPyVN ). Este organismo dependía del Ministerio de Planificación, a cargo del entonces ministro kirchnerista Julio De Vido , hoy detenido.
"La SSPyVN no tiene una estructura de funcionamiento en tanto órgano de control, ni un soporte de comunicación adecuado para la difusión masiva de información. En este contexto, no ejerce de manera eficiente sus tareas de supervisión técnica, ambiental, administrativa, económica y legal de la concesión, y para cumplir sus funciones se apoya en una consultora privada, la que recopila información sobre el dragado (según lo notificado por la concesionaria) y sobre la calidad de agua, realiza la revisión muestral del cobro de peaje e inspecciones sobre las profundidades mínimas", señaló la AGN en su informe.
"La Subsecretaría no cuenta con datos independientes respecto de lo informado por la concesionaria, ni analiza dicha información de manera crítica; no desarrolla acciones propias para verificar el cumplimiento del régimen de Compre Trabajo Argentino; no tiene instructivos de los procedimientos de control; no define cómo se ejercerá el control al norte del Puerto de Santa Fe; no coordina la participación de todos los actores intervinientes en el uso de la vía; tampoco se ha dictado un reglamento de atención al usuario ni solicita a la consultora contratada que cuente con datos sobre el tráfico", advirtió.
El informe completo
Por Laura Serra
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