La AFIP defendió ante la Justicia a dos funcionarios acusados por espionaje ilegal
LA NACIONCandela Ini
La AFIP entregó a la Justicia un informe donde se indica que dos funcionarios del organismo, Jaime Mecikovsky y Néstor Abelardo Sosa, no actuaron fuera del marco legal. La presentación fue formulada en respuesta al pedido que había hecho el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que tiene en sus manos el expediente donde se investiga si se realizaron actos de espionaje ilegal bajo la órbita de organismos estatales. Además el organismo entregó planillas de información que se analizan en el juzgado. El expediente tiene secreto de sumario.
En las últimas semanas, Canicoba Corral ordenó medidas de prueba para chequear si, tal como se relató en un informe televisivo publicado en el canal C5N, los funcionarios técnicos de la AFIP accedieron de manera ilegal a información reservada. Ese informe sostenía que Sosa y Mecikovsky eran hombres cercanos a la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, y que le habían filtrado información de personajes de la política y el espectáculo amparada por el secreto fiscal.
Desde el entorno de Carrió negaron estar vinculados a los dos funcionarios. Por otro lado, la AFIP le envió a Canicoba Corral un informe elaborado después de analizar los accesos a los sistemas informáticos.
En el oficio el juez había pedido analizar las consultas o accesos a datos amparados o protegidos por el secreto fiscal e informar aquellas consultas que se hubieren realizado por fuera del marco legal que las justifique.
Según el informe elaborado por la Dirección de Integridad Institucional de la AFIP, al que accedió LA NACION, se analizaron los sistemas a los que tienen y tuvieron accesos Sosa y Mecikovsky y no se detectaron ingresos ilegales.
"Sobre la base del análisis efectuado por la Dirección de Integridad Institucional y las responsabilidades primarias y acciones correspondientes a los roles en virtud de los cuales los agentes en cuestión accedieron a bases de datos del organismo, se concluye que, prima facie y con carácter genérico, no se advierten supuestos en los que se hubieran efectuado consultas que los mismos hubieren realizado por fuera del marco legal que las justifique", concluyó el informe de la AFIP.
En el caso de Mecikovsky, se informó que nunca tuvo acceso a bases de datos que contuvieran información amparada por el secreto fiscal. "De los 192 CUIT a los que accediera durante el período analizado, los consultados desde el 15/12/2015 hasta el 8/10/2019, como Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior de la DGI, los mismos se produjeron al Sistema de Seguimiento de las Fiscalizaciones (SEFI), ‘y las transacciones operadas en ese entorno no refieren a información amparada por el secreto fiscal’", se detalló en el informe.
En lo que respecta a Sosa, se concluyó que "...analizados los 62 CUIT a los que accediera, 42 de ellos respecto de información alcanzada por el instituto del secreto fiscal, encuentran fundamento en denuncias, actuaciones de auditoría, incorporación al sistema de auditoría contínua sobre personas de trascendencia pública, causas judiciales u otros motivos, 'por lo que se encontrarían justificadas a la luz de las previsiones normativas antes reseñadas y resultarían razonable'. Sin perjuicio de lo indicado se observaron ingresos a 7 CUITS correspondientes al propio Sosa, a familiares directos de él y a un empleado de su área".
Mientras el juez avanza en este expediente junto al fiscal Ramiro González, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura se apresta a analizar si se desestiman o no las denuncias por mal desempeño e incremento patrimonial que recaen sobre el juez. El consejero del oficialismo Juan Pablo Más Vélez, a cargo de la investigación de las cinco denuncias contra Canicoba Corral, emitió un dictamen esta semana que es favorable al magistrado: sostiene que no hay elementos para acreditar las irregularidades denunciadas.
La causa por presunto espionaje ilegal también se enfoca en la información a la que habrían accedido de manera irregular organismos como la Dirección Nacional de Migraciones, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Nación. Según la hipótesis de los funcionarios judiciales, se accedió de manera ilegítima a información sobre jueces, gobernadores y legisladores.
Por Candela Ini
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