La acordada de la Cámara del Crimen, primera expresión de un malestar generalizado en la Justicia
LA NACIONHernán Cappiello
El malestar de la Cámara del Crimen contra la reforma judicial que propone el Gobierno es solo el primer emergente de una incomodidad, insatisfacción, enojo e indignación que con diversas modulaciones y matices se extiende en buena parte de la Justicia nacional y federal.
De hecho, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal se pronunciará este jueves en contra de la reforma judicial, con otra acordada, y los críticos comentarios sobre la inconveniencia de este proyecto de ley se suceden en la Cámara Federal de Casación Penal y entre algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación.
Ni hablar de los estruendosos epítetos que se escuchan entre jueces de la Cámara Federal, donde el Gobierno quiere remover a dos camaristas, entre los magistrados de los tribunales orales federales o entre los jueces de Comodoro Py, primer blanco de la reforma. Echan espuma por la boca.
Esta insatisfacción con el proyecto se extiende hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no ven con gusto que el Poder Ejecutivo meta la mano de manera inconsulta en la organización de la Justicia nacional y federal. Después de todo, la Corte es la cabeza del Poder Judicial.
En esos tribunales están analizando si es jurídicamente admisible hacer una acordada, en abstracto, sin ningún caso en particular, como hizo la Cámara del Crimen, o si deben expresar su rechazo de otro modo.
La reacción de la Cámara del Crimen, más allá de las objeciones constitucionales y sus atinadas observaciones, responde a su instinto de supervivencia. La reforma judicial prevé la desaparición del fuero penal ordinario, que desde hace más de 100 años castiga los delitos comunes que sufre la gente. No los de los políticos, sino los homicidios, robos, violaciones o estafas. La Cámara del Crimen revisa esas investigaciones, los procesamientos y las elevaciones a juicio y los tribunales orales juzgan a los detenidos.
Con el proyecto oficial todos los jueces de tribunal oral y los camaristas desaparecen, los dejan hasta que agoten sus causas y luego se quedan sin trabajo y los de primera instancia pasan en parte al fuero federal y en parte a la Ciudad.
La Cámara del Crimen se mantuvo ajena a la contaminación de la política, sus fallos están motivados en el derecho y está integrada por jueces prestigiosos, no arribistas, que llegaron a sus cargos por mérito y trayectoria. Se mezclan en su seno conservadores y progresistas, todas las vertientes del derecho penal y prima un espíritu de colaboración y de servicio público.
El fuero criminal ordinario, computando a jueces de primera instancia, camaristas y jueces de tribunales orales, tiene 193 cargos de jueces, pero con 75 vacantes. Los cargos de jueces de primera instancia son 64 y hay 18 vacantes. El universo restante es de 45 jueces de primera instancia. La mitad ya decidió ir a la Ciudad y no puede ser juez federal suplente. Los restantes se postularán para cubrir los 23 nuevos cargos jueces federales subrogantes, con lo que se va a diezmar el fuero ordinario. Y ello va a redundar en un perjuicio para las víctimas, así como en la atención de los niños en conflicto con la ley penal. El proyecto importa el desguace de este fuero.
El proyecto prevé la transferencia al Poder Judicial de la Ciudad de los jueces restantes. Una vez que se terminen las causas actualmente en trámite en la Justicia penal ordinaria, el Consejo de la Magistratura disolverá los juzgados y tribunales orales y reubicará a funcionarios y empleados.
¿Cómo se elegirán los jueces federales suplentes hasta que se terminen los concursos? Los propondrá a dedo la Cámara Nacional de Casación, y pasarán por el Consejo y los dos tercios del Senado.
En la Cámara Federal de Casación hay jueces que miran con disgusto este mecanismo porque creen que, como tribunal de supervisión, deberían ser ellos o al sumo la Cámara Federal la que decida quienes serán los jueces federales subrogantes. Critican del proyecto que no hacen falta más jueces federales, sino fiscales con el nuevo Código Procesal Penal. Se quejan de que el trabajo del tribunal crecerá de manera geométrica, porque los 23 juzgados nuevos son nuevas bocas de expendio de sentencias que revisarán.
Más allá de los argumentos puntuales, el malestar viene de arrastre. Los enumeran que quedaron obligados a pagar ganancias, que modificaron su régimen de jubilaciones, que les suman trabajo y que, ahora, a los camaristas y jueces del tribunal oral del fuero los dejan sin funciones, cobrando un sueldo hasta jubilarse. Siempre que no se legisle en contrario.
Por Hernán Cappiello
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