La Academia de Derecho advirtió sobre planteos inconstitucionales de los gobernadores

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires exhortó a los gobernadores que exigieron al gobierno que no ceda a los reclamos de coparticipación de la Ciudad a que “cesen sus planteos contrarios a la Constitución” y pidió al presidente Alberto Fernández que, ”en aras de la paz interior y de la estabilidad institucional del país, no obstruya el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia”.

Los académicos consideran que la conducta de algunos gobernadores del peronismo y aliados “implica pretender que (el Presidente) se erija en juez de un fallo de la Corte Suprema que les resulta adverso”. Sería, en su opinión, reclamarle “que se arrogue el conocimiento de una causa judicial, algo que está expresamente prohibido por el artículo 109 de la Constitución”.

El texto firmado por el presidente de la institución, Juan Carlos Cassagne, recoge la “preocupación” por la actitud de los gobernadores, ya que por su investidura no se trata de un mero ejercicio de la libertad de expresión: “Muy diferente, en cambio, es la desobediencia institucional que los mandatarios provinciales propician, pues no es lo mismo el disenso que pueda suscitar la sentencia de un tribunal con el desacato hacia ella. Lo primero, insistimos, está amparado por la Constitución, lo segundo, en cambio, la contraría abiertamente”.

La Corte Suprema emitió el miércoles pasado una medida cautelar en la que obliga al Estado nacional a girarle, mientras se sustancia el fondo de la cuestión, 2,95% de coparticipación federal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar del 1,4% más una suma fija adicional que le reconocía desde septiembre de 2020, cuando le bajó por decreto el porcentaje vigente hasta entonces (3,5%). Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, fue quien expuso desde el principio la idea de no acatar el fallo. Otros 13 gobernadores del oficialismo lo avalaron en una reunión del jueves con Fernández.

“Uno de los pilares del sistema republicano, representativo y federal, es la separación de poderes, que conlleva el respeto y acatamiento a las sentencias de los tribunales. ‘Afianzar la justicia’, tal como señala el Preámbulo, consiste precisamente en ello”, sentenció la Academia en su declaración.

El siguiente es el texto completo con la posición de la Academia de Derecho

“Luego de medio siglo de marchas y contramarchas, la República Argentina encontró, hace ya casi cuarenta años, su cauce constitucional, el cual no ha vuelto a ser interrumpido. No fue fácil emprender la reconstrucción de las instituciones democráticas y republicanas y, por cierto, ha sido un camino no exento de luces y sombras.

“Podemos decir, a pesar de todo, que vivimos bajo un Estado de Derecho y, por eso, nuestra primordial obligación ciudadana es preservarlo. Parece innecesario recordar que nuestras libertades dependen de ello.

“Con este objetivo como guía, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, se ve en la necesidad de hacer pública su preocupación cuando numerosos gobernadores provinciales instan al Presidente de la Nación a que desobedezca un fallo de la Corte Suprema.

“No se trata, en este caso, de un individuo o de un grupo de particulares que alza su voz en contra del más alto tribunal de la República. Si así fuera, podría entenderse que se trata de un ejercicio de la libertad de expresión, por cuestionable que ello sea. En un sistema democrático tales actos deben ser tolerados, pues forman parte del disenso que lo nutre.

“Muy diferente, en cambio, es la desobediencia institucional que los mandatarios provinciales propician, pues no es lo mismo el disenso que pueda suscitar la sentencia de un tribunal con el desacato hacia ella. Lo primero, insistimos, está amparado por la Constitución, lo segundo, en cambio, la contraría abiertamente.

“Demás está decir que uno de los pilares del sistema republicano, representativo y federal, es la separación de poderes, que conlleva el respeto y acatamiento a las sentencias de los tribunales. “Afianzar la justicia”, tal como señala el Preámbulo, consiste precisamente en ello.

“En ese orden, ya desde sus primeros fallos la Corte Suprema se ha encargado de señalar -y ha repetido numerosas veces- que ella ‘[r]epresenta en la esfera de sus atribuciones, la Soberanía Nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el congreso en su potestad de legislar y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones … puede cometer errores. Sus miembros no tienen la pretensión de hallarse investidos con el divino don de la infalibilidad. Pero cualquier Tribunal al que se invista con la facultad de juzgar en último resorte, ha de hallarse en la misma situación, porque no puede concebirse Tribunal alguno que no haya de ser desempeñado por hombres’. Fisco Nacional c/ Ocampo, Fallos 12-134 (1872).

“En síntesis, la conducta que algunos gobernadores exigen al Presidente de la Nación, implica pretender que éste se erija en juez de un fallo de la Corte Suprema que les resulta adverso. Supone, en otras palabras, reclamarle que se arrogue el conocimiento de una causa judicial, algo que está expresamente prohibido por el artículo 109 de la Constitución.

“Por todo ello, exhortamos a los Señores Gobernadores a que cesen en sus planteos contrarios a la Constitución y, al propio tiempo, pedimos al Señor Presidente que, en aras de la paz interior y de la estabilidad institucional del país, no obstruya el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

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