Matías Kulfas aseguró que son cada vez menos las empresas que piden ayuda para pagar los sueldos
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, enfatizó que, tras haber tocado fondo en abril pasado, la economía verificó una recuperación en los meses subsiguientes, al punto de que la cartera a su cargo registró una caída sistemática y generalizada de empresas inscriptas en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Precisó que, en esta cuarta ronda, la industria requirió un 69% menos de ayuda que en la primera, mientras que el comercio la reducción fue del 62%.
Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el ministro destacó que en el proyecto de presupuesto 2021 se destinarán $94.748 millones de pesos al financiamiento de la producción, lo que consideró "un salto muy significativo en el proceso de inclusión financiera de las pymes".
Kulfas precisó, además, que se destinarán $6.302 millones en herramientas no financieras, esto es, "competitividad y productividad pyme", con el fin de asistir a 1.350 empresas y brindar asistencia y capacitación a 15.000 emprendedores.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Luis Pastori aprovechó la presencia del ministro para preguntarle si estaba de acuerdo con las modificaciones que le introdujeron, en la última sesión, los senadores kirchneristas a la media sanción que aprobó la Cámara de Diputados y que, en su momento, había sido auspiciada por la cartera a su cargo. El texto aprobado por la Cámara baja proponía una rebaja del 60% del impuesto a las ganancias para todas las empresas que integran el sector de la economía del conocimiento; sin embargo, los senadores kirchneristas instrumentaron un sistema segmentado de beneficios fiscales, estableciendo que sólo las pequeñas empresas podrán acceder a la reducción del 60% del impuesto a las ganancias, reduciéndose a 40% para las medianas y al 20% para las grandes.
Kulfas respaldó la tarea realizada por los senadores kirchneristas y calificó de "razonables" las modificaciones introducidas. "He conversado con los senadores oficialistas sobre los cambios que pensaban introducirle al texto. No afectan en absoluto el espíritu de la norma: generar un paquete de ayuda y de estímulo para el desarrollo de una actividad central para el presente y el futuro de la Argentina", respondió el ministro.
Obras públicas
A su turno, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, informó que el proyecto de presupuesto del año próximo duplica la inversión en el área, pasando del 1,1% del PBI en 2019 al 2,2% en la estimación para 2021. Además, destacó que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un aumento del 85% de la participación de este ministerio en el gasto total.
Durante su exposición, Katopodis cuestionó la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri. "Debimos reactivar una cartera con el 100 por ciento de las obras paralizadas y una deuda de $35.000 millones", asestó. Asimismo, criticó los programas de Participación Público Privada instrumentadas durante el anterior gobierno. "Fueron una promesa fallida, un objetivo incumplido, una estrategia equivocada", enfatizó Katopodis, quien precisó que hay seis contratos firmados pero "no se hicieron las obras, no llegó la inversión y hoy las rutas necesitan inversión y obras".
En este sentido, Katopodis sostuvo que están en plena negociación con los contratistas de estas obras con el propósito de "minimizar la posibilidad de judicializar" estos contratos, los cuales tienen fecha de vencimiento el 30 del mes próximo. El funcionario indicó que de los seis contratos firmados, dos fueron rescindidos y fueron pasados a la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Katopodis dijo que antes de la pandemia, la "prioridad" era "la puesta en valor de todo el sistema vial", pero la emergencia sanitaria "puso condicionamientos que nos obligaron a cambiar el eje de trabajo hacia la infraestructura del cuidado".
"En función de eso, fuimos reorientando muchas de las partidas", indicó, y ponderó las "más de 60 obras" realizadas en la red sanitaria durante la pandemia, además de aproximadamente 3.000 camas que se sumaron al sistema público y 12 hospitales modulares "construidos en municipios gobernados por el oficialismo y la oposición".
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