Axel Kicillof, sobre el desalojo en Guernica: "Se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillofafirmó que el desalojo del predio de la localidad de Guernica que se concretó esta mañana "se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia".

"Si no se ejecutaba la decisión judicial la provincia incurría en desacato", enfatizó. Fue ocho horas después de que mujeres desplazadas acusaran a la policía por los tiros que se escucharon en el predio, donde también hubo gases lacrimógenos.

"Es una situación compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución", aseveró el mandatario bonaerense en una conferencia de prensa que brindó desde Bahía Blanca.

Remarcó que comprende "los problemas genuinos" que tienen quienes ocupaban tierras, pero también señaló: "En el predio había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo cualquier comentario. Simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio sino por decisión política de estar ahí.

De ese modo, Kicillof se refirió al desalojo del predio de alrededor de casi 100 hectáreas ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón, que se desarrolló en la madrugada de hoy por orden judicial, tras haber sido ocupado el 20 de julio pasado por unas 2000 familias provenientes de diversos distritos bonaerenses.

Expuso que "en Guernica hubo una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo" y reiteró que fue "una decisión judicial" y que "la policía simplemente actuó como auxiliar de la Justicia para llevar adelante esa orden".

"Solicitamos varias prórrogas y, en el medio hicimos un censo, identificamos que había 1904 personas. Dispusimos instrumentos para ver si el desalojo se desarrollaba voluntaria y pacíficamente", relató.

Kicillof dijo que se ofreció a las familias "diferentes respuestas" a los problemas planteados y explicó que, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario, "se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias" que luego abandonaron el predio.

Después, completó, esas familias se inscribieron en un registro provincial para poder acceder a una vivienda. Negó que a los ocupantes que estaban hoy en la toma se les fuera a "repartir 300.000 pesos", con los fondos del programa de Asistencia Crítica Habitacional publicado el martes en el Boletín Oficial bonaerense. "Simplemente se actualizó un decreto", aseguró Kicillof, para completar: "No era para Guernica. Nadie en Guernica tuvo una oferta con ese programa, porque ni siquiera existía. La orden de desalojo estaba desde antes".

"La segunda prórroga terminaba mañana. El juez y el fiscal entendieron que había que ejecutar el desalojo, que se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia", añadió.

Poco antes, su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, aseguró a LA NACION que en Guernica había "un esquema organizado con logística importante, un esquema delictivo, con bandas pesadas que se presumía podían estar con armas de fuego".

El ministro afirmó que ayer dio un ultimátum a los pobladores para abandonar el predio de manera pacífica: "Luego, el fiscal tomó la orden de intervenir. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo total", dijo.

Organizaciones radicalizadas

En tanto, la ministra bonaerense de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual, Estela Díaz, afirmó que "más del 80% de las familias que estaban en Guernica hicieron el auto desalojo voluntario". Y agregó: "Las organizaciones que se hicieron voceras de quienes estaba allí se radicalizaron y no quisieron aceptar ningún tipo de acuerdo. Esto llevó a que la Justicia no diera más plazos y ocurriera lo que vimos hoy".

El procedimiento de Guernica suscito duras críticas de la Comisión Provincial por la Memoria."Resulta inadmisible que la respuesta del Estado sea el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio y el uso de la violencia física y la coerción, sobre todo cuando había instancias de diálogo y negociación abiertas", expresó el organismo que vela por los derechos humanos.

"Las fuerzas de seguridad no cumplieron con el protocolo vigente y establecido por la Suprema Corte de Justicia para los desalojos: el acto se inició en la madrugada, luego de cortar la luz de todo el predio y disparando gases lacrimógenos y balas con postas de goma. Las familias debieron escapar en la oscuridad completa, sin poder llevar sus pertenencias. Muchas casillas fueron prendidas fuego por agentes policiales. La mayoría de los detenidos presenta lesiones provocadas en el momento de su detención", se informó desde la Comisión por la Memoria.

Represión

"La represión desplegada es también una respuesta violenta frente al derecho de demanda y protesta. No se puede desconocer que los procesos de toma de tierras tienen una larga historia en Argentina. Durante la última dictadura militar constituyeron una acción de organización popular y resistencia frente al terrorismo de Estado. En este sentido, los desalojos violentos remiten directamente a nuestro pasado reciente donde la erradicación de villas constituyó una parte central del aparato represivo anclado en la estigmatización de la pobreza. La imagen de las topadoras que se vieron hoy arrasando las casillas precarias, es una escena que no queremos volver a ver", advirtió el organismo que preside el premio Nobel de la PazAdolfo Pérez Esquivel.

"Lamentablemente las condiciones que dieron origen a la toma de tierras en Guernica no son excepcionales. Se extienden cada vez más por todo el territorio bonaerense", advirtió la Comisión que también copreside Dora Barrancos, excandidata a senadora nacional por la Capital y asesora de Alberto Fernández.

"Frente a esta grave crisis estructural desde la Comisión Provincial por la Memoria solicitamos al Estado provincial encontrar un modo de resolución de la conflictividad social que reconozca las condiciones estructurales en que se asienta", expresó el organismo en un duro comunicado.

"La comprensión, el diálogo, la mediación y el respeto de los derechos humanos de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad debe ser la directriz que oriente sin atajos la política de gobierno. Y también de la Justicia, que debe actuar protegiendo a los débiles frente a los poderosos", enfatizó esa organización que comprende a sindicalistas, como Víctor De Genaro (CTA) y Victor Mendibil (Asociación Judicial Bonaerense) y que tiene entre sus referentes al cura José Pepe Di Paola, que fuera recibido este año en la Quinta presidencial de Olivos.

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