Justicia: un estratégico tribunal patagónico quiebra un pacto opositor en el Consejo de la Magistratura
La mayoría de los consejeros opositores que habían jurado no apoyar al kirchnerismo dieron sus votos para aprobar tres ternas de jueces para una Cámara Federal en Comandante Luis Piedra Buena
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LA NACIONHernán Cappiello
El resultado de las PASO, que implicó una derrota impensada para el Gobierno, congeló también los intentos de acuerdo entre el oficialismo y la oposición en torno a temas vinculados con la Justicia hasta después de las elecciones generales del 14 de noviembre.
Esta determinación que tomó la oposición, y que fue confirmada a LA NACION por dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio y consejeros de la Magistratura, abarca tanto las negociaciones para nombrar jueces como los diálogos en torno al procurador general de la Nación y, eventualmente, la vacante en la Corte que dejará Elena Highton.
Sin embargo, hubo una excepción en el Consejo de la Magistratura: consejeros opositores apoyaron una iniciativa del oficialismo y aprobaron tres ternas para nombrar jueces en la flamante Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, un estratégico tribunal que tiene competencia sobre Tierra del Fuego y Santa Cruz, incluida Caleta Olivia, donde tramita la causa por el hundimiento del ARA San Juan, en la que se investigan las supuestas responsabilidades del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur.
Los consejeros opositores se habían reunido y juramentado que no iba a haber más conversaciones con el bloque oficialista. Se estaban negociando las dos vacantes en la Cámara Federal, en los concursos para reemplazar a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, tres vacantes en los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y tres vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
El Frente de Todos buscaba tentar al consejero juez Juan Manuel Culotta, de Compromiso Judicial, para contar con su voto a cambio de apoyar a candidatos de su agrupación, no enrolada en el kirchnerismo ni con las posturas Juntos por el Cambio. Y buscaban tentar a la senadora radical jujeña Silvia Giacoppo con apoyar a algún candidato a juez federal que pueda interesar al gobernador Gerardo Morales. Pero todas estas conversaciones habían quedado paralizadas, según acordaron los opositores. Hasta que la semana pasada el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó tres nuevas ternas, que fueron enviadas al presidente Alberto Fernández.
Con dictamen de la Comisión de Selección, el plenario del Consejo aprobó el concurso 364, destinado a cubrir tres cargos en ese tribunal creado por ley. El macrismo había intentado derogar esa ley, sin éxito. El tribunal es estratégico, con competencia sobre los regímenes fueguinos de promoción industrial y la industria pesquera.
La Corte no habilitó este tribunal, situado a 240 kilómetros de Río Gallegos y a 467 de Caleta Olivia, en una ciudad de unos 6000 habitantes, pocos abogados, conectividad deficiente, sin aeropuerto y famosa por su estatua de Patoruzú en la entrada, en homenaje al personaje de historieta, que tiene un parque temático infantil en el lugar.
La Cámara Federal de Apelaciones de Luis Piedra Buena es la alzada de los dos juzgados federales de Santa Cruz (en Río Gallegos y Caleta Olivia) y de dos nuevos juzgados creados en Tierra del Fuego. Parte la competencia de la actual Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
La votación en el Consejo contó con el apoyo de Graciela Camaño, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Vanesa Siley, Alberto Lugones y Gerónimo Ustarroz. Pero también votaron apoyando la moción, permitiendo alcanzar los dos tercios de los votos, Culotta, Giacoppo, Diego Marías y Carlos Matterson.
Marías es representante de los abogados de la Capital y hombre de Horacio Rodríguez Larreta en el Consejo, mientras que Matterson representa a los abogados del interior y llegó con apoyo de Pro. Ambos se habían comprometido en una reunión opositora a no apoyar iniciativas del oficialismo.
El consejero juez Ricardo Recondo estuvo ausente, pues está de viaje, y el consejero diputado de Pro Pablo Tonelli votó en contra.
El acuerdo permitió que se aprobaran, en la primera terna, los candidatos Sergio Roberto Rocamora, Nelson Andrés Sánchez y Gustavo Alberto Ogni. En la segunda terna, Carlos Augusto Borges, Claudio Marcelo Vázquez y Pablo Mansilla. En la tercera terna, Emilio Porras Hernández, Marcelo Hugo Bersanelli y María Cecilia Cobas.
Sobresale en la lista el nombre de Claudio Marcelo Vázquez, juez subrogante en la Casación colocado por el kirchnerismo, a quien apodaron el “juez gomero” por su pasado como empleado en una empresa de neumáticos. Vázquez ya fue propuesto por el Gobierno como juez federal de Río Gallegos, por lo que su nombre será excluido. Los otros candidatos son fiscales, abogados y jueces de la región, mientras que Porras Hernández es procurador general de Chubut.
El quiebre del bloque opositor generó suspicacias y desconfianzas. Ya no saben si se va a cumplir el acuerdo de mantener congeladas las negociaciones hasta después de las elecciones del 14 de noviembre.
Las explicaciones entre los opositores que votaron apoyando al oficialismo apuntan a que se trata de una concesión, que iba a asegurar que no se quebrara el acuerdo en el futuro y que mantuviera la tropa unida, sin fisuras. En Pro no les creen y sospechan que hubo algún pacto por ahora invisible que incluye empleados u otro beneficio.
Mientras tanto, el oficialismo puso primera y quiere seguir avanzando con los cambios en la Justicia. Convocó para noviembre las entrevistas de los candidatos ternados en los primeros lugares para ocupar los juzgados vacantes de Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral. Ahí están bien posicionados Gonzalo Rúa, juez de la ciudad, vinculado al Inecip; Albertina Caron, secretaria del juzgado de Daniel Rafecas; Pablo Cina, secretario de un tribunal oral de San Martín, y Matías Latino, secretario de la Cámara de San Martín; Federico Gasipi, Raúl Roust, secretario del juzgado federal de Campana; Javier Teodoro Álvarez, secretario de la Procuración General de la Nación; Pablo Flores, de la Cámara Federal de San Martín; Carlos Oneto, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; y Leonardo D’Ascenzo, de una fiscalía ante los tribunales orales.
Más avanzado está el concurso para el juzgado federal N°12 de Comodoro PY 2002, donde ya se tomaron las audiencias de Diego Arce, del juzgado de Ariel Lijo; al fiscal Leonel Gómez Barbella, que supo pedir la indagatoria de los directores de Clarín y LA NACION en el caso Papel Prensa; a Julio Cesar Di Giorgio, de un tribunal de San Martín; a Maximiliano Iturburu de un juzgado federal de Quilmes; al fiscal Julio Gonzalo Miranda y la fiscal María Josefina Minatta, que fue cercana a Alejandra Gils Carbó y participó de un escrache a Domingo Cavallo en 2014 en la UCA.
Por Hernán Cappiello
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