Aval al plan de Cristina Kirchner: el consejo consultivo que creó Alberto Fernández propondrá bajar la mayoría para elegir Procurador

El consejo consultivoque asesora al presidente Alberto Fernández para hacer cambios en el funcionamiento de la Justicia propondrá una modificación en las mayorías para elegir al nuevo Procurador General de la Nación, no se pronunciará sobre un aumento en la cantidad de jueces de la Corte, aunque algunos de sus integrantes sugerirán incrementarlo, y plantearán modificar y ampliar la integración del Consejo de la Magistratura para reducir la participación política en ese organismo encargado de elegir y remover a los jueces.

El grupo de 11 expertos deberá terminar su tarea el 19 de noviembre, por lo que incorporó un tercer día semanal de deliberaciones para acelerar (martes, viernes y sábado) y trabaja puliendo acuerdos para el documento final, en el que expondrá sus principales conclusiones coincidentes y el detalle de quienes tienen puntos de vista divergentes, dijeron a LA NACION fuentes al tanto de las conversaciones. Se pretende un documento que reúna las opiniones concurrentes y englobe aquellas que no lo son.

Si bien en un primer momento los integrantes del consejo asesor habían previsto convocar a los jueces de la Corte para escuchar sus ideas sobre las propuestas, la coyuntura política lo impidió. Tras oír al Procurador, al Consejo de la Magistratura y hasta a Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Fernández debía invitar a la Corte, pero coincidió con las semanas en que el máximo tribunal estaba abocado a los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y en un momento de máxima tensión entre el máximo tribunal y el Gobierno. Pasó el tiempo y se perdió la oportunidad. "El consejo asesor no quiere que la Corte lo tome como un desaire, pero sería desprolijo invitarlos la última semana. Nos corrieron los tiempos, vamos a buscar mecanismos institucionales para consultar su punto de vista y considerarlo", dijo a LA NACION una fuente cercana a los especialistas.

Cantidad de jueces en el Superior Tribunal

Los especialistas ya llegaron a algunos acuerdos en cuanto al funcionamiento de la Corte, que insisten en que no quieren modificar. En el documento final –dijeron las fuentes–, habrá algunos párrafos lavados sobre el número de integrantes, mencionando que, si son 5 (como ahora), 7 o 9 (como ya ocurrió), el máximo tribunal funcionó bien o mal. No dependen de ese número los problemas de funcionamiento. Aunque algunos de los integrantes dirán que, en términos de la representación por género, de representación federal y de representación como expresión de la pluralidad de miradas sobre el país, el número de cinco jueces es acotado.

Se trata de una opinión que el Presidente podrá recoger o no. Alberto Fernández les reiteró de todos modos a sus colaboradores estrechos que él no quiere aumentar el número de miembros de la Corte ni modificar la mayoría calificada de dos tercios del Senado para elegir al Procurador General de la Nación.

En cuanto a la Corte, los juristas, entre los que se encuentra el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, manejan la idea de no afectarla en cuanto a sus integrantes ni en cuanto a sus competencias.

Se impone la idea de que la Corte sea un tribunal de pocos casos, solo para cuestiones constitucionales. Para que la Corte funcione de este modo hay que buscar una solución que le permita desagotar la gran cantidad de casos que debe resolver. Así se trabaja sobre algunas alternativas: proponer un tribunal intermedio para los casos de derecho común. Aunque esta idea genera resistencias en las cortes provinciales, que ven con desagrado un tribunal por encima de ellas que no sea la Corte. Una idea podría ser que este tribunal intermedio funcione como una casación de los temas no penales, solo para asuntos federales, o pensar en un tribunal intermedio de casos de arbitrariedad que son la mayoría de los que tiene la Corte.

Entre estas tres alternativas debaten los especialistas: tribunal de casación, tribunal de arbitrariedad o nada. Aunque son coincidentes en la necesidad de limitar el ingreso de los casos. Se debatió la salida que le pone la Corte cuando rechaza un recurso de queja sin más explicaciones, basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esta salida, denominada "certiorari", es criticada porque se dicta sin fundamento, lo que puede ser considerado ilegal o arbitrario. Se estudian soluciones para este problema sin generarle más cúmulo de trabajo al tribunal.

Elección del Procurador General de la Nación

El otro tema urticante que tienen encargado analizar los expertos es el régimen de designación del Procurador. Desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó, la Procuración está a cargo interinamente de Eduardo Casal. El presidente propuso al juez Daniel Rafecas como Procurador, pero para designarlo debe negociar con la oposición, pues hoy son necesarios los votos de los dos tercios del Senado. El kirchnerismo impulsa una ley para modificar la duración del mandato, que hoy es hasta los 75 años y eventualmente el modo de elegir al candidato. Los expertos que asesoran al Presidente le van a aconsejar, por un lado, limitar el mandato del Procurador para que no sea a perpetuidad y, por otro lado, elegirlo con mayoría simple del Senado, la salida que busca el kirchnerismo. Hay consenso entre los especialistas del consejo.

La lógica es que no hay casi cargos unipersonales de mandato perpetuo y que es necesario acotar en el tiempo el ejercicio del poder que tiene el Procurador para hacer avanzar o retroceder en las causas. Además, tiene la llave para llegar a la Corte con los casos. Se discute acotar su mandato a 5 o 7 años, reelegible o no. La idea es que salga elegido por la mayoría absoluta de los senadores (la mitad más uno de la cámara). Otra alternativa que se puso sobre la mesa es mantener los dos tercios actuales en un mandato de 7 años y, si no hay acuerdo, que se pueda designar con mayoría simple y un mandato acotado de dos años al Procurador, de modo de no dejar el Ministerio Público acéfalo o en manos de un interino.

Reestructuración del Consejo

En cuanto al Consejo de la Magistratura se trabaja en ideas que de ser aceptadas pueden generar grandes cambios. La idea es ampliar el número de consejeros, sin llegar a los 19 integrantes que tenía en sus comienzos, pero sí disminuyendo la representación política y aumentando la de los académicos y la de los integrantes de los abogados y del Poder Judicial.

Dos temas que serán transversales a todas las reformas que se propongan tienen que ver con que se tendrán en cuenta cuestiones de género y la representación federal para las designaciones. La más innovadora de las propuestas del Consejo de especialistas es la utilización de la inteligencia artificial para la gestión judicial y la redacción de sentencias. El sistema, ya en uso en algunos tribunales, puede ayudar a acelerar el trabajo. Los especialistas también están previendo sugerencias para acelerar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad.

Los especialistas que integran este consejo consultivo son Beraldi, el exjuez León Carlos Arslanian; la jueza del máximo tribunal porteño Inés Weinberg de Roca, que el macrismo propuso para la Procuración, sin éxito; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español; Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático cercano a Eugenio Zaffaroni; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista que supo defender en la Corte los intereses de Clarín; la abogada Marisa Herrera; y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza).

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