Justicia Legítima vive su "reivindicación": suma poder en el Gobierno, afiliados en todo el país y sueña con llegar a la Corte Suprema
PARA LA NACIONIván Ruiz
¿Qué agrupación no quisiera conducir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Oficina Anticorrupción (OA), el Servicio Penitenciario Federal y la administración del Poder Judicial? Justicia Legítima no es un partido político, pero desde que Alberto Fernández desembarcó en la Casa Rosada acumula más poder que muchas fuerzas que componen el Frente de Todos.
Tras cuatro años de "maltratos" durante el macrismo, Justicia Legítima vive ahora una nueva (e inesperada) primavera. Y no solo por la lluvia de cargos. Sobrevivir al macrismo tuvo como premio, además, un aumento sostenido en la cantidad de socios, pero también la posibilidad de abrir nuevas delegaciones a lo largo del país para "romper con la corporación judicial" y "democratizar la Justicia". También alimentó el sueño de desembarcar en la Corte Suprema.
La revancha de Justicia Legítima llegó de la mano su actual presidenta, la exfiscal Cristina Caamaño, a quien Fernández nombró al frente de la AFI. Su asunción como presidenta de la agrupación, en agosto pasado, coincidió el fervor kirchnerista tras la victoria en las PASO.
Ahí comenzó la "reivindicación": se multiplicaron las consultas de jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios letrados de todo el país para afiliarse. Ahora suman unos 500 socios –confiaron desde la agrupación–, la mayoría magistrados.
Antes de asumir en la AFI, Caamaño ya había viajado a Córdoba, Rosario y tenía previstas charlas –que fueron suspendidas por el coronavirus– en Chaco, Mendoza y Mar del Plata, ciudades donde Justicia Legítima ya tiene delegaciones. Como casi todo Justicia Legítima, Caamaño es una de las representantes del "cristinismo judicial". La exfiscal ganó relevancia cuando Cristina Kirchner la cedió el manejo de las intervenciones telefónicas, una gestión que la vicepresidenta todavía hoy le reconoce.
"No tengo ninguna duda de que la Reforma Judicial que impulsa el Gobierno estará en consonancia con la democratización de la Justicia, el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables, la celeridad de los casos, un lenguaje llano de los jueces y un sistema acusatorio pleno, que es como pensamos desde Justicia Legítima", afirma Caamaño en diálogo con LA NACION.
Dentro de Justicia Legítima se golpean el pecho ante la enumeración de los cargos acumulados para sus socios. "Es un orgullo que Alberto Fernández coincida con nuestra línea de pensamiento", dice otra fuente con cargo nacional. El Presidente avaló a cada uno en puestos clave, pero dentro del Gobierno hay sectores que resisten el avance. "Son muy sectarios" o "no son inteligentes para plantear consignas", son algunas de las críticas que escuchó LA NACION de boca dirigentes del ala judicial del oficialismo.
Candidatos para la Corte
La jueza jubilada María Laura Garrigós de Rébori, presidenta fundadora de Justicia Legítima, es otra de las socias con cargo en el Ejecutivo. "Malala", como todos la apodan puertas adentro, fue designada este mes como jefa del Servicio Penitenciario, pero en la agrupación judicial aseguran que es la "candidata perfecta" si el kirchnerismo se decide a ampliar la Corte Suprema con cupos femeninos.
El camarista Alejandro Slokar también es de los favoritos para llegar al máximo tribunal, que desde la salida de Eugenio Zaffaroni ya no expresa esa "línea de pensamiento" de la agrupación kirchnerista.
Otro miembro de la agrupación con cargo en el Gobierno es Félix Crous, que dirige la OA. El fiscal aseguró durante una entrevista con LA NACION que el ofrecimiento llegó de la mano del propio Alberto Fernández: se conocieron porque coincidieron en un programa de C5N y desde ese momento mantuvieron un contacto que incluyó más de una conversación de madrugada en las veredas porteñas. Recibió el llamado directamente del entonces presidente electo para tomar un lugar de extrema sensibilidad política.
El cargo más reciente para un miembro de Justicia Legítima se hará efectivo este lunes, cuando Claudio Cholakian asuma como administrador del Poder Judicial, uno de los presupuesto más importantes del Estado. Cholakian es, además, amigo de Diana Conti, una referente del kirchnerismo en materia judicial, y trabajó junto con Alberto Lugones, el actual presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que lo designó en el ese lugar.
Aunque permanece en Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla, otro de los miembros de Justicia Legítima, es candidato para tomar aún más protagonismo en el escenario judicial, a pesar de que todavía instruye el mediático caso D’Alessio. Ramos Padilla sueña con desembarcar en el juzgado federal de La Plata, la oficina judicial que organiza las elecciones bonaerenses. Quedó primero en el orden de mérito del concurso y está dentro de la terna.
Pero en la Casa Rosada le quieren dar aún más protagonismo: prefieren que ocupe uno de los lugares vacantes en la Cámara Federal porteña. Es un lugar clave dentro de Comodoro Py, con aún más exposición que La Plata, porque tiene la revisión de los casos más sensibles que pasan por ese fuero. Con cualquiera de los dos planes, el kirchnerismo proyecta a este socio de Justicia Legítima como una de sus espadas judiciales de los próximos años.
Por Iván Ruiz
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