Justicia | Empezó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal en la Patagonia y Cúneo Libarona dijo que “se terminó la joda”

El Gobierno puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en la Patagonia en un acto realizado en Comodoro Rivadavia, con las presencias de los ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, además de los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Allí Cúneo Libarona advirtió: “La impunidad no tiene cabida en esta Argentina. Se terminó la joda”.

El acto, que contó con la presencia del procurador general Eduardo Casal y del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, reunió a más de 500 jueces, camaristas, fiscales de todo el país que se trasladaron especialmente junto con miembros del Consejo de la Magistratura, autoridades provinciales y fuerzas de seguridad. El evento tuvo lugar en el Auditorio Lucania Palazzo.

La vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal se extenderá así en toda la jurisdicción judicial que tiene cabecera en Comodoro Rivadavia y que abarca las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Ello implica que el poder de la investigación quedará en manos de los fiscales, quienes podrán valerse de las técnicas especiales de investigación para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, trata de personas, terrorismo, corrupción, decomiso de bienes (extinción de dominio).

Esto va de la mano con las incorporaciones de esos delitos en el Nuevo Código Penal (Ministerio de Justicia y de Seguridad, Cámara Federal de Casación Penal). También se prevé la posibilidad de audiencias orales y públicas con intervención de todas las partes, en particular, la victima y su acceso a la justicia. El Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, ya puso en marcha este mecanismo en Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro y ahora en toda la Patagonia.

Ya funcionaba en Salta y Jujuy, y llegará a Comodoro Py en 2026. “Ya son 12 provincias donde demostramos que la Justicia puede ser rápida e implacable contra los delincuentes”, aseguró el ministro. “La era de juicios eternos llegó a su fin. Ahora los criminales caen presos en cuestión de horas. La impunidad no tiene cabida en esta Argentina. Se terminó la joda”, agregó Cúneo Libarona.

Rumbo a 2026

El sistema acusatorio ya está vigente en 12 provincias, con el objetivo de alcanzar una implementación nacional para fines de 2026. Cúneo Libarona indicó que “esta implementación marca un hito en nuestro compromiso de transformar el sistema judicial, terminando con los juicios eternos, reduciendo la burocracia judicial y encarcelando rápidamente a los criminales más peligrosos”.

“En apenas 11 meses el gobierno destinó más de $4367 millones para adecuar 23 salas de audiencias con tecnología de última generación, incluyendo cámaras de grabación digital, micrófonos y sistemas forenses como licencias UFED, utilizadas para extraer datos encriptados de teléfonos celulares”, dijo.

Manifestó que “estas inversiones fueron acompañadas por jornadas intensivas de capacitación, simulacros de audiencias y convenios con provincias como Mendoza y Neuquén, que facilitarán el acceso a laboratorios forenses para investigaciones federales”. Agregó que “el Ministerio gestionó capacitaciones con expertos nacionales e internacionales y organizó inmersiones para jueces, fiscales y defensores en jurisdicciones donde el sistema acusatorio ya opera con éxito”.

Por último, aseguró que “la transformación es contundente: los delincuentes que antes se escudaban en la burocracia hoy enfrentan juicios en cuestión de horas”. Y concluyó: “Esta revolución histórica, liderada por el presidente Javier Milei, pone fin a décadas de impunidad y garantiza un sistema judicial moderno, rápido y al servicio de los argentinos de bien”.

En el nuevo código desaparece la primera etapa de la instrucción a cargo del juez. El fiscal toma el caso, recoge la prueba y pide una audiencia, en la que se pueden discutir desde la necesidad de la prisión preventiva del acusado hasta un juicio abreviado. No hay más procesamientos. Cuando el fiscal considera que tiene probado el caso, pide al juez que lo eleve a juicio. No hay más papeles y todo se hace en audiencias orales, grabadas en video.

En esta segunda etapa se simplifica el juicio oral, no hay que leer la acusación eternamente como ocurre actualmente en el juicio contra Cristina Kirchner y basta con que el fiscal presente su caso. Sigue la indagatoria en el juicio oral y los testigos para terminar con los alegatos y el veredicto.

Los eternos recursos que hacen que cada decisión sea apelada hasta llegar incluso a la Corte se terminaron. Se reduce la posibilidad de recurrir y se abrevia el proceso. La Cámara de Casación se conserva como instancia superior de revisión de las sentencias definitivas.

Todas las audiencias son públicas, lo que da más transparencia, y además la ley prevé que el plazo de tramitación de una causa penal no puede ser mayor a tres años. Y si el caso es complejo y grave no puede ser mayor de 4 años, aun con la sentencia firme. Todo un cambio si se compara con los 14 años en promedio que tardan en tramitarse algunos viejos juicios por corrupción. Si el juez no cumple con esos plazos es considerado una falta grave y es causal de juicio político para su remoción.

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