Justicia: el kirchnerismo interviene y redefine el rumbo de la reforma

La Justicia está de feria y en cuarentena, los tribunales federales de Comodoro Py están cerrados por coronavirus y los juicios por corrupción contra Cristina Kirchner y algunos de sus exfuncionarios están suspendidos. Sin embargo, el kirchnerismo impulsa a todo ritmo cambios centrales en la administración de justicia y deja su marca en cada iniciativa.

A tal punto es así que la vicepresidenta modificó el criterio de la reforma judicial que planificaba el Gobierno para oxigenar Comodoro Py, y, con ello, consiguió tener incidencia en las vacantes de jueces que se van a producir.

También tuvo una voz decisiva en la conformación del consejo asesor que se encargará de proponer cambios en los funcionamientosde la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Un dato lo expresa: entre sus 8 o 9 integrantes estará el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, su defensor en causas sensibles como la de la obra pública y Lázaro Báez, pero también experto en técnica jurídica y autor de códigos procesales desde la década de 1980.

Todavía no hay precisión sobre cuándo se presentarán ambas iniciativas, pese a que en el Gobierno aseguran que es "inminente". Solo se sabe que la reforma judicial se hará con un proyecto de ley y que la creación del consejo será por decreto.

El proyecto de ley de reforma judicial, anunciado por el presidente Alberto Fernández en el Congreso apenas asumió como una manera de ganar institucionalidad y despolitizar la gestión de la justicia federal, con el correr de los meses fue mutando y terminó en un proyecto que le permite al Ejecutivo moldear un nuevo fuero federal nombrando la mitad de sus jueces, aún a los subrogantes. Lo haría con la intervención del Consejo de la Magistratura, organismo que no controla íntegramente.

En la redacción final de ese proyecto estuvieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Pero también tuvo un rol central el abogado Beraldi, que más allá de ser el abogado de Cristina Kirchner, es especialista en cuestiones penales e intervino en decisiones clave del tramo final. Las internas entre el kirchnerismo y el albertismo no fueron ajenas al modo en que se gestó este proyecto en el área de justicia, aunque en el Gobierno señalan que son capaces de administrar estas tensiones. Losardo navega en aguas turbulentas, confiada en que al final, en la playa, estará Fernández.

El proyecto original de Beliz de 2004 de federalizar todos los juzgados nacionales de instrucción, donde también hicieron aportes Beraldi y León Arslanian, quedó fuera de época porque hay otros problemas: subsiste la necesidad de transparencia ante la politización de la justicia, influida por servicios de inteligencia, que respondieron al kirchnerismo o al macrismo. Pero ahora se suman dos nuevos factores: la necesidad de implementar de manera inmediata del nuevo código procesal penal acusatorio y el traspaso definitivo de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, una deuda de la Constitución reformada en 1994.

Con este objetivo es que en la reforma judicial que verá la luz ya no se federalizan todos los juzgados de nacionales de instrucción, sino que a los 12 juzgados federales se suman los 11 penal económico y se dividen en dos, de modo que queden con una secretaría cada uno. Así se duplica la cantidad actual de juzgados de ambos fueros para llegar a 46. De ellos, 23 tribunales tendrán a los jueces actuales y otros 23 (que ya tienen empleados y secretarios) tendrán nuevos jueces que se designarán por concurso. En el interín se designarán subrogantes de una lista que elabore la Cámara Nacional de Casación Penal entre los jueces nacionales y que luego deben ser aprobados por el Consejo de la Magistratura. En todo este proceso el kirchnerismo cambió un criterio técnico que implicaba un mero traslado de jueces a otro que deja margen para la designación de magistrados. Esto transformó el criterio que tenía originalmente la iniciativa, y en ella intervino la vicepresidenta.

En esta ingeniería también se tienen en cuenta cuestiones técnicas: la unión del fuero federal y el penal económico reduce los planteos de competencia y la duplicación de la persecución penal de algunos delitos como contrabando, narcotráfico o lavado de dinero. Y después de todo ambos fueros son los dos federales penales con sede en Buenos Aires.

A estas iniciativas se suma la unión del fuero contencioso administrativo federal con el civil y comercial federal. Será necesario también nombrar nuevos fiscales federales. Y la consecuencia a la larga será la desaparición de los juzgados nacionales de instrucción, sus cámaras y sus tribunales orales y su transformación en órganos judiciales de la Ciudad.

En paralelo, mientras se prepara la llegada del proyecto a la Cámara de Diputados, el Gobierno avanzó en la conformación de una Comité Asesor para trabajar en ideas de reforma de tres instituciones: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Aún no se conocen los nombres de sus integrantes, pero cerca de los que están trabajando en el asunto, explican que se buscó crear un organismo formado por académicos y profesores universitarios. Beraldi sería uno de ellos. Se buscó una integración con representantes del interior del país y unos 8 o 9 miembros. Alberto Fernández guarda con celo los nombres e hizo juramentar a los ya convocados que mantengan el secreto hasta que no se conozca el decreto. Pero sus integrantes están dispuestos a comenzar cuanto antes.

El kirchnerismo, por boca del juez Eugenio Zaffaroni y otros referentes del espacio, viene presionando para ampliar la Corte Suprema de Justicia y eventualmente dividirla en salas por especialidad aumentando sobremanera el número de jueces. La idea de este sector es que esta comisión saque una recomendación para ampliar la Corte Suprema de Justicia, pero esta iniciativa no la comparten ni Fernández ni la ministra Losardo.

Al igual que el proyecto de reforma judicial, que ya alertó a la justicia nacional y a la federal, este asunto de la reforma de la Corte hizo que los jueces del máximo tribunal miraran al Gobierno con desconfianza.

Mientras se aceleran las reformas institucionales, en el Consejo de la Magistratura el kirchnerismo mira con interés los cargos que están vacantes en los juzgados federales de Comodoro Py 2002 y aledaños.

La designación del juez Sergio Torres en la Suprema Corte bonaerense, el fallecimiento del juez Claudio Bonadio y la eventual designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación abriría tres lugares entre los juzgados federales. A ellos podrían sumarse el de Rodolfo Canicoba Corral que este año alcanza los 75 años, edad límite para la judicatura y que además es investigado el Consejo de la Magistratura. A estos se suman dos lugares vacantes en la Cámara Federal y otros dos cargos clave: el juzgado federal de La Plata con competencia electoral y una vocalía que está vacante en la Cámara Nacional Electoral.

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