Juristas critican el uso del término "lawfare" en dos decretos de Kicillof

La decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de aludir al "lawfare" para descalificar el procesamiento que pesa sobre dos funcionarios a los que designó generó rechazo entre jueces, camaristas y abogados, que entendieron que se trata de un desconocimiento del principio de división de poderes que impera en un Estado republicano. La medida, además, abre la puerta para que con esa interpretación se busque, desde el Poder Ejecutivo, invalidar decisiones de la Justicia.

El jueves, en l Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se publicaron dos decretos de Kicillof para nombrar ministro de Salud a Daniel Gollán y director ejecutivo de ARBA a Cristian Girard. Gollán está procesado por presunto fraude en perjuicio de la administración pública en la implementación del Plan Qunita, en 2015, cuando era ministro de Salud de la Nación. Girard, por su parte, está procesado en la causa del dólar futuro, por su rol como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el mismo año.

En los considerandos de ambos decretos, con la firma de Kicillof y su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se apeló al "lawfare", o guerra judicial, para señalar que Gollán y Girard eran perseguidos judiciales y desestimar sus procesamientos.

Se trató de un pronunciamiento político, porque no hay objeciones en la ley provincial para que un ministro o secretario procesado sea designado en el cargo. Pero el solo hecho de aludir al "lawfare" en un decreto para darle al concepto rango institucional alarmó a constitucionalistas y magistrados.

Jueces y camaristas consultados por LA NACION criticaron las decisiones del gobernador, que interpretaron como una provocación.

El excamarista Ricardo Gil Lavedra dijo a LA NACION que cree que "se trata de una declaración política sin efecto jurídico". Agregó que la referencia de Kicillof es "innecesaria", pero que "revela una peligrosa concepción de la división de poderes y de las funciones de cada poder en el sistema republicano".

"Es irrelevante jurídicamente, pero demuestra una concepción peligrosa que ignora el equilibrio que debe existir entre los tres poderes del Estado", señaló.

Consultado acerca de si creía que esta misma idea podía llegar a ser puesta en práctica en algún decreto presidencial para su aplicación en el orden nacional, Gil Lavedra contestó: "No creo que tengan esa torpeza. En el Ejecutivo no creo que lo hagan, nunca".

Por su parte, el doctor en Derecho y en Sociología Roberto Gargarella rechazó la utilización de este concepto y advirtió sobre los riesgos de su legitimación.

El catedrático dijo que esta idea recuerda la de la "sinarquía internacional" como una organización conspirativa o el "gobierno de una sociedad secreta con centro en el poder financiero y con sujeto principal en la comunidad judía". Y se adjudicaba a "la sinarquía, y de su mano, al sionismo, la masonería o el comunismo, los males y ataques que podía sufrir el gobierno popular de turno".

Según Gargarella, esta invención "diseñaba una estrategia ideal para encubrir los errores y horrores propios, dividiendo al mundo entre buenos y malos, de modo tal de licuar los propios fallos bajo la idea de que se estaba 'del lado del bien', y presentándose ante el resto como víctima de una conspiración que era finalmente mundial".

La idea del "lawfare", explica el profesor, es "un delirio que parte de hechos trivialmente ciertos -en este caso, la existencia de vinculaciones entre política y Justicia (vinculaciones que, por cierto, el kirchnerismo tanto como el macrismo supieron siempre explotar)- para concluir en que los males padecidos se deben a que la parte "mala" del mundo conspira contra los propios por razones aviesas y finalmente antinacionales".

Gargarella explica, además, que estas ideas del "lawfare" tienen un "estatus académico nulo" y que "se trata de una idea que no existe, salvo a partir de la promoción que recibiera en su momento de parte de la ultraderecha ansiosa de criticar a los organismos internacionales de derechos humanos".

"Da vergüenza ajena ver que algunos colegas se sumen al uso de la idea de 'lawfare', o que la misma patraña aparezca en un decreto ejecutivo", concluyó Gargarella.

Tensión con el Gobierno

Los dos decretos de Kicillof se conocieron en momentos en que la relación entre el Gobierno y un sector de la Justicia está tensa debido a las críticas que realizó el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa.

Allí, el Presidente declaró: "Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática". De inmediato, el mandatario remató: "Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos".

Fernández y, en especial, Cristina Kirchner, cuando fue indagada ante la Justicia, vienen insistiendo en que en la Argentina impera el "lawfare", entendido como una idea que postula que los jueces y un grupo de medios concentrados se alían para combatir a los gobiernos populares, encarcelando a sus funcionarios y denunciándolos mediáticamente.

Los fundamentos

En los decretos que se publicaron en el Boletín Oficial bonaerense, Kicillof justificó los nombramientos de Gollán y Girard al interpretar que, en ambos casos, sus nuevos funcionarios fueron injustamente perseguidos por el Poder Judicial. Kicillof apeló además al concepto de lawfare para desestimar esos antecedentes.

En los fundamentos de los decretos se señala que tanto Girard como Gollán han "declarado bajo juramento" que se encuentran procesados "bajo una injusta persecución penal". Acto seguido, se deja constancia sobre por qué no deben ser tomados en cuenta esos procesamientos como un impedimento para acceder a la función pública.

"Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de lawfare, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa", dicen los decretos 6 y 14, donde se designa a Girard y Gollán, respectivamente.

"Una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina desde el retorno a la democracia en 1983 no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública", agregan los considerandos, para concluir que tanto Girard como Gollán "reúnen en plenitud los requisitos establecidos".

En la provincia de Buenos Aires, la ley 10.430 regula al personal de la administración pública. En su artículo 3, la norma establece que no podrá ingresar al Estado quien tenga un "proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso de naturaleza infame, salvo rehabilitación, y el que haya sido condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad".

Sin embargo, esa misma ley, según aclara en su primer artículo, no es aplicable a ministros, secretarios ni funcionarios políticos "amparados por regímenes especiales", como son los casos de Gollán y Girard.

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