Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para derogar la ley de alquileres en Diputados

A casi un mes del inicio de las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados no sale de su letargo. No hay sesiones ni reuniones de comisión y, por lo tanto, tampoco sanción de leyes. Juntos por el Cambio acusa al oficialismo de bloquear su funcionamiento por la crisis interna que lo azota y lanzó el primer golpe para terminar con la parálisis: pidió una sesión especial para el martes 5 de abril con un tema convocante, la derogación de la polémica ley de alquileres.

La jugada opositora se precipitó luego de que el oficialismo diera señales de que avanzaría con un proyecto propio que apunta no sólo a mantener la ley y sus principales bases, sino a reforzarlas. Se trata de una iniciativa del diputado José Luis Gioja que, según sus fundamentos, tiene por objeto “mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos” y “otorgar beneficios tributarios para locadores”, que incluye desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales. Además, retoma la posibilidad de impulsar un impuesto a la vivienda ociosa, una propuesta que también enarbola el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Para los opositores de Juntos por el Cambio, el proyecto oficialista, lejos de solucionar el problema de la escasez de inmuebles en alquiler y la suba de los precios, lo agravará. Por ello propondrán directamente la derogación de la norma actual como primer paso para una reforma integral.

De todas maneras, es muy difícil que la propuesta opositora prospere: para ello Juntos por el Cambio necesita el dictamen de la comisión correspondiente, pero las comisiones aún no están conformadas en la Cámara baja. Para que sea aprobada en el recinto sin dictamen, requerirán los dos tercios de los votos, y la oposición no cuenta con semejante mayoría.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que la semana próxima daría luz verde al debate. “Mi idea es que trabajemos, en una comisión integrada por todas las fuerzas políticas, en la suspensión de la Ley Lipovetzky, que claramente fracasó, y en la constitución de un grupo de trabajo en el Parlamento que nos permita, en los próximos 90 días, tener una nueva ley, porque esta ley perjudicó a propietarios, inquilinos e inmobiliarias. A veces hay leyes que perjudican a uno de los actores, pero nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores”, enfatizó.

Los opositores criticaron la actitud de Massa. “Dice que conformará un grupo de trabajo para discutir una nueva ley de alquileres cuando es el propio oficialismo el que demora la integración de las comisiones de la Cámara de Diputados. Difícil creerles. Por eso llamamos a una sesión especial para terminar con esta parálisis y para que el Frente de Todos blanquee qué quiere hacer con el problema de los alquileres”, insisten en Juntos por el Cambio.

Para lograr quorum, los opositores necesitarán el refuerzo de las restantes bancadas opositoras. “Nosotros fuimos los primeros en advertir que la ley de alquileres, que impulsó en su momento Cambiemos, era un desastre. Ahora quieren derogarla; si quieren nuestro apoyo, Juntos por el Cambio tendría que ampliar el temario de la sesión especial. Nosotros insistimos en que debemos discutir con urgencia la boleta única, arancel cero para las PyME y un nuevo proyecto de retenciones para el sector agropecuario”, anticipó Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque Federal.

La reacción oficialista

El Frente de Todos, liderado por Germán Martínez, devuelve el golpe y responsabiliza de la parálisis de la Cámara baja a Juntos por el Cambio y sus divisiones internas. El jefe del bloque oficialista está convencido de que el principal bloque opositor especula con una inminente ruptura de su bancada para asegurar su mayoría en las comisiones estratégicas de la Cámara baja. En efecto, si la oposición contara con la llave de dichas comisiones, le será muy difícil al Gobierno llevar adelante su agenda parlamentaria y, por el contrario, los opositores impondrían la suya, lo que acentuaría la debilidad política del presidente Alberto Fernández. Ese es el nudo de la disputa.

Las negociaciones están estancadas desde hace más de una semana. Juntos por el Cambio reclama que las presidencias de las comisiones y su integración se reparta por interbloques según el sistema D’Hont. El Frente de Todos cuenta con 118 miembros, mientras que Juntos por el Cambio con 116: la diferencia es mínima. Con esta lógica, los opositores pretenden presidir un mayor número de las llamadas comisiones estratégicas, antes dominadas por el oficialismo. Martínez se opone y reclama la mayoría oficialista en todas las comisiones, como en el Senado.

Los recelos y las desconfianzas están a la orden del día. El interbloque de Juntos por el Cambio sospecha que el oficialismo, en minoría en la Cámara y con menos aliados tras su derrota electoral, posterga deliberadamente la integración de las comisiones de la Cámara de Diputados para privarlo de un escenario adonde llevar sus iniciativas parlamentarias, la mayoría contrarias a los intereses del Gobierno.

En efecto, mientras las comisiones no se constituyan la oposición seguirá de manos atadas pues, sin dictamen, cualquier proyecto que intente aprobar en el recinto requerirá una mayoría agravada de dos tercios para ser aprobado. El Frente de Todos, con sus 117 miembros, tiene capacidad para neutralizar esos intentos.

Esto explica por qué la sesión especial opositora, de realizarse, tendrá solo un valor simbólico. Ningún proyecto, sin su dictamen correspondiente, podrá ser aprobado en el recinto mientras el oficialismo bloquee los dos tercios. Germán Martínez puede estar tranquilo, pero sabe que el golpe de efecto de un recinto colmado de opositores enrostrándole su mayoría al oficialismo no ayudará a la imagen del Gobierno.

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