Juntos por el Cambio denunció que el juicio político a la Corte es “ilegítimo, arbitrario e ilegal” y que “está viciado de nulidad”

Disconformes con el modo en que el oficialismo pretende embestir contra los jueces de la Corte Suprema, los diputados de Juntos por el Cambio informaron que no iban a participar de la reunión de hoy de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, donde se lleva adelante el proceso de enjuiciamiento contra los miembros del máximo tribunal. En esta jornada declaran los primeros testigos citados por el oficialismo.

Tras retirarse de la Comisión de Juicio Político, los diputados opositores ofrecieron una conferencia de prensa en la que fundamentaron su decisión. Allí anunciaron que no participarían de la audiencia, aunque aclararon que, a futuro, tendrán una actitud selectiva y definirán “día por día” a qué reuniones asistirán. Solo se hará presente una delegación de legisladores para “controlar” el proceso, agregaron; de hecho, tras la conferencia de prensa un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, en su mayoría de la Coalición Cívica, regresó a la comisión para supervisar que no se violen los derechos y garantías de los testigos citados.

El primero en testimoniar fue el juez federal Sebastián Ramos, uno de los magistrados de Comodoro Py. Luego declaró su colega Alejo Ramos Padilla.

Los legisladores denunciaron que el trámite que impulsa el Frente de Todos es “ilegitimo, arbitrario e ilegal” y que, por lo tanto, “se encuentra viciado de nulidad”. Los diputados de Juntos por el Cambio objetan, entre otras cosas, que sus pares del oficialismo pretendan utilizar pruebas obtenidas de manera ilegal -los mensajes cruzados entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro- para acusar a los jueces del máximo tribunal de connivencia política con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La oposición denunció una “flagrante violación al debido proceso” en el funcionamiento de la comisión y acusó al Frente de Todos de “habilitar la producción de prueba sin intervención judicial” y se “convirtió al Congreso en un órgano capaz de ejercer de hecho actividades de inteligencia ilegal”.

“La Comisión, lejos de realizar un juicio político, tal como lo habilita la Constitución Nacional (puesto que, en efecto, es una de las funciones que les asignó a los legisladores), está llevando a cabo un ‘proceso penal paralelo’, produciendo prueba manifiestamente ilegal, con actividades de inteligencia incluidas, violentando las reglas del debido proceso y, por ende, el Estado de Derecho”, advirtieron los diputados de Juntos por el Cambio.

En este sentido, cuestionaron las medidas de prueba solicitadas y los testigos citados. “Surge de manera evidente que muchas de las pruebas admitidas no resultan pertinentes para acreditar los hechos denunciados -indicaron-. De la enorme lista de testigos propuestos se desprende que casi ninguno de los testigos 17 convocados resulta idóneo para brindar un testimonio valido, porque no conocen los hechos investigados ni son útiles para descubrir la verdad”.

Según los legisladores, el oficialismo hizo de la investigación de los magistrados en una “excursión de pesca”. “La finalidad es evidente: con esa “excursión de pesca” se busca construir una ficción legal sobre una montaña de pruebas, sin importar que sean pertinentes ni mucho menos legales con el único objetivo de mantener vivo un procedimiento de juicio político mientras sea necesario y conveniente para el Poder Ejecutivo, en el marco un año electoral. La maniobra, además de burda, es muy evidente”, asestaron.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez reaccionó ofuscado ante la reacción opositora. “Cuando uno tiene pocos argumentos lo mejor es levantarse e irse”, ironizó.

Con esta postura, los diputados de Juntos por el Cambio se suman a la decisión de su colega Alejandro “Topo” Rodríguez, quien el fin de semana último anunció que no participaría de las reuniones de la Comisión de Juicio Político.

Desfile de testigos

El primer testigo en prestar declaración fue el juez federal Sebastián Ramos quien, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, archivó el mes pasado la causa en la que se investigaban los mensajes cruzados entre Robles y D’Alessandro. Stornelli decidió no impulsar la acción penal y pidió el archivo de la causa con el argumento de que la denuncia se basaba en una comunicación obtenida de manera ilegal.

Los diputados oficialistas, críticos de la actitud de Ramos, insistieron en conocer por qué dispuso, en plena feria judicial, el archivo de las actuaciones sin haber investigado previamente. El magistrado repitió una y otra vez el mismo libreto: la ley y la Constitución le prohíbe a los jueces proponer medidas de prueba por encima de aquéllas que manda el Ministerio Público Fiscal. En este caso puntual, el fiscal Stornelli solicitó el archivo de las actuaciones por lo que, previo control de razonabilidad, actuó en consonancia.

No conformes, el oficialismo insistió con la misma pregunta al siguiente testigo, el juez federal Alejo Ramos Padilla, a quien la oposición lo ubica cercano al kirchnerismo. El mes pasado este magistrado, tras recibir una denuncia del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra Robles y D’Alessandro, se declaró incompetente pero, a contramano del juez Ramos y el fiscal Stornelli, sostuvo que la Justicia debía investigar la denuncia sobre los mensajes cruzados.

Frente a los legisladores Ramos Padilla, en una extensa exposición, ratificó sus dichos no sin antes propinar un duro reproche a los diputados de la Coalición Cívica.

“Si lo que se debate en esta Comisión es la utilización de escuchas ilegales en un juicio político, les traigo este precedente, que es mi caso. Usaron escuchas ilegales en mi contra en el pedido de enjuiciamiento que debí enfrentar durante tres años”, sostuvo Ramos Padilla. El magistrado se refirió a la denuncia -finalmente archivada- que presentó la Coalición Cívica en la que aparecía mencionado en escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza, en las que exfuncionarios kirchneristas se referían a maniobras para perjudicar la investigación del caso de los cuadernos de la corrupción.

Asimismo, el magistrado cuestionó la decisión de Ramos y de Stornelli de archivar las denuncias contra Robles y D’Alessandro. “Es muy poco común decidir el archivo (de un expediente) durante la feria”, sostuvo, e instó al máximo tribunal a que establezca reglas claras sobre el uso judicial de las escuchas. “Estaría bueno que la Corte ponga limites claros sobre las escuchas, porque a veces se usa en las causas y a veces, no se usa”, dijo.

Uno de los momentos más tensos de la reunión fue cuando el diputado López, de la Coalición Cívica, le preguntó a Ramos Padilla si tenía vínculos con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Kicillof. El magistrado lo negó.

“Es buena la pregunta, porque una de las cosas que hemos visto en el último tiempo fue la visita de jueces a la Quinta de Olivos”, ironizó, en alusión a las denuncias del kirchnerismo sobre visitas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en tiempos del gobierno de Mauricio Macri.

El magistrado concluyó con una fuerte advertencia. “La Agencia Federal de Inteligencia y los servicios de inteligencia fueron avanzando en sus actividades. Estamos hablando de un funcionamiento irregular de todo el Poder Judicial. Esto se agrava día a día. Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial, el manejo de escuchas ilegales, los abusos de autoridad, vamos a tener una República en la que se van a perder los derechos individuales”, sostuvo.

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