Juntos por el Cambio denunció clientelismo en San Luis

El Comité de Control Electoral que lanzó Juntos por el Cambio para alertar sobre posibles fraudes electorales hizo su primera denuncia en San Luis por “la utilización de dinero público con fines clientelistas” y solicitó a la Justicia que se disponga una medida cautelar urgente.

Acusa a los funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá de ser “partícipes de delitos electorales” y les atribuye los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos. Además, denuncian la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos.

“Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado” afirma la denuncia que fue presentada esta mañana por Jimena de la Torre, representante del comité y por Ricardo Aníbal Endeiza, apoderado de la alianza electoral Unidos por San Luis.

Según los denunciantes son “acciones típicas disfrazadas de asistencia social”. Relatan que los anticipos fueron solicitaos al mismo tiempo con “idéntica definición”, “urgencia y plazo” lo cual, según consignan, “les permitiría a los intendentes oficialistas disponer de dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral”.

Señalan también que el gabinete de Rodríguez Saá solicitó “la creación de fondos rotarios por la suma individual e idéntica de $5 millones para cada dependencia, lo que supondría un gasto total de $85 millones”. Advierten que “esto escaparía a todo proceso de contratación ordinario” y “sería ejecutado durante la campaña electoral como consecuencia de que su razón de ser es dar respuesta inmediata a las ‘urgencias’ de sus ministerios”.

“El gobierno de Rodríguez Saá busca repetir lo que hizo en las elecciones del 2017, donde tuvo una dura derrota en las PASO y con acciones delictivas de este tipo logró revertir el resultado para las Generales, por eso es fundamental que habiéndose ya detectado de forma previa las maniobras, la Justicia actúe de manera inmediata, antes de que sucedan lo hechos” recordó de la Torre.

Fue Patricia Bullrich quien anunció el comité jurídico electoral en la cumbre de todos los candidatos de Juntos por el Cambio tras la victoria electoral y sorprendió a algunos de los presentes que no estaban enterados. “Va a ser una herramienta para denunciar delitos electorales, para que no se usen fondos públicos a favor del partido de gobierno, ni los medios públicos a favor de un partido de gobierno, ni las bases de datos protegidos por la ley de datos personales”, explicó.

El comité jurídico está integrado por los abogados de Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y busca focalizarse en las ocho provincias donde se eligen senadores -Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Corrientes- y los bastiones del peronismo en el conurbano bonaerense. . Son ellos quienes analizan las pruebas que pueden enviar los ciudadanos a través de distintas vías -portal, mail o líneas telefónicas- de presuntos delitos o practicas clientelares. Una vez corroboradas, deciden si impulsan una denuncia mediante los abogados del distrito o difunden el material.

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