Juntos por el Cambio apeló el fallo que habilita la maniobra de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura
Los senadores Juez y Schiavoni cuestionaron la sentencia del juez Caysals, que este sábado rechazó el amparo que pretendía frenar el desembarco del camporista Doñate en el órgano que selecciona y controla a los jueces
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Mientras trabajan en una presentación adicional para que la Corte Suprema intervenga en el caso, los senadores Luis Juez (Frente Cívico) y Humberto Schiavoni (Pro) apelaron hoy el fallo del juez Pablo Caysals que este sábado rechazó el amparo que pretendía frenar la designación del kirchnerista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura.
“En primer lugar, corresponde comenzar señalando que la sentencia del 30/04/2022 que por el presente se apela, nos genera un gravamen irreparable, toda vez que, en caso de quedar firme, se completaría el Consejo de la Magistratura con un tercer senador oficialista sobre el total de 4 que la ley prevé para integrar el órgano por parte del H. Senado de la Nación, ello en violación al derecho adquirido por la segunda minoría (Bloque Frente Pro), a integrar el Consejo en ese carácter”, destacan los senadores opositores en primer término.
Juez y Schiavoni (como suplente) habían sido elegidos por el bloque Pro en el Senado para ocupar el nuevo espacio que se abrió en el Consejo de la Magistratura para un senado de “la segunda minoría”, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la composición del Consejo sancionada en 2006, de 13 miembros, y que mandó a volver a la integración anterior, de 20 miembros, con dos nuevos representantes del Parlamento.
Mientras el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se avino al reclamo de la oposición y designó a la diputada radical Roxana Reyes como nueva consejera por la segunda minoría, Cristina Kirchner dividió en dos el bloque del Frente de Todos (de 35 miembros) en el Senado: así logró representar en simultáneo tanto al bloque mayoritario (Frente Nacional y Popular, con 21 miembros) y como a la segunda minoría (Unidad Ciudadana, con 14 miembros). El camporista Doñate, que quedó ubicado en esta última bancada, fue designado así como representante del Senado por la segunda minoría.
El sábado, al rechazar el amparo de Juez y Schiavoni, Caysals sostuvo: “Admitir el planteo de los amparistas implicaría adentrarse respecto de la valoración de la ‘temporaneidad’ o de la subjetividad de la partición del Bloque Frente de Todos, todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes, poniéndose en riesgo –en palabras del Máximo Tribunal– el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos”.
En la apelación presentada hoy, Juez y Schivoni advierten que, al no tener en cuenta esa “temporalidad”, el juez cayó en el error de admitir una trampa política del oficialismo: que la fractura del bloque del Frente de Todos se dio después del 15 de abril, que fue el plazo que impuso la Corte para volver al Consejo de 20 miembros y, por ende, para sumar otro senador y otro diputado al Consejo de la Magistratura. Cuando se cumplió el plazo, subrayaron, Pro representaba a la segunda minoría en la Cámara alta, detrás de las bancadas del Frente de Todos y la UCR.
Por el feriado del Viernes Santo, el plazo del 15 de abril se trasladó en los hechos al lunes 18. Juez y Schiavoni apuntaron que, hasta entonces, el bloque del Frente de Todos seguía siendo uno solo. “Recién ese 19 de abril por la noche por medios periodísticos se difunden notas de los senadores Mayans y Di Tullio informando que habrían partido el bloque oficialista en dos”, destacan, para señalar que, cuando el Senado defendió ante el juez Caysals el momento en que se dividieron los bloques y que Doñate fue propuesto, los documentos presentados no tienen el sello de la Mesa de Entradas de la Cámara alta y que, además, habría inconsistencias que ponen en duda las copias presentadas.
Para contrastar, los opositores adjuntaron la documentación para probar que el bloque Pro postuló a sus nuevos consejeros antes del 15 de abril.
“Con este accionar ilegítimo se está poniendo en juego el futuro funcionamiento de un órgano vital para la justicia y especialmente para la independencia de los jueces, toda vez que es este organismo el encargado principalmente de seleccionar y de promover el enjuiciamiento de los magistrados”, afirmaron Juez y Schiavoni.
“Si no se admite que una minoría parlamentaria birlada en sus derechos acuda al Poder Judicial para hacer valer el derecho que una ley federal le otorga, pues ello equivaldría a negarle el derecho efectivo a esa minoría, porque es justamente su condición minoritaria lo que no le permite en el ámbito parlamentario, defenderse por sí del abuso de una mayoría, en un caso donde la ley manda que la minoría sea representada”, enfatizaron.
Hacia el final de su presentación, Juez y Schiavoni vuelven a apuntar contra el accionar de la vicepresidenta, como en el amparo original. “La presidenta del Senado no solo no cumplió con el fallo en el plazo estipulado para ello, sino que pretendió, con su incumplimiento, bloquear la ejecución del fallo todo”, indicaron.
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