Juntos por el Cambio y el oficialismo acuerdan sesionar con mayoría de diputados presentes cuando los proyectos sean conflictivos
Finalmente hubo fumata blanca en la Cámara de Diputados. Los dos principales bloques, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, depusieron el enfrentamiento que casi deriva en una crisis institucional y acordaron una nueva prórroga por 30 días hábiles del funcionamiento parlamentario remoto, lo que le permitirá al Gobierno avanzar con el debate de las leyes más importantes –entre ellas el presupuesto 2021– previstas para el segundo semestre.
En una reunión en la que participaron los jefes de todos los bloques de la Cámara baja, se acordó que, de ahora en más, las reuniones de comisión mantendrán su modalidad virtual y las sesiones seguirán siendo mixtas, con una mayoría de diputados conectados de manera remota y medio centenar sentados en sus bancas en el recinto.
Sin embargo, cuando se produzca un pedido de un bloque político -de al menos diez diputados- la sesión deberá ser presencial: esto sucederá, por ejemplo, cuando el interbloque Juntos por el Cambio solicite que la reforma judicial, el presupuesto 2021 y la nueva ley de movilidad jubilatoria se debatan cara a cara. En estos casos, la ecuación se invertirá y la sesión será presencial con una minoría de legisladores conectados de manera remota.
Esa minoría estará integrada por aquellos diputados que integren los grupos de riesgo que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), como también por quienes, por nota fundada, soliciten a la presidencia de la Cámara su participación virtual. Esa nota deberá ser presentada siete días antes de la fecha dispuesta para la sesión presencial.
Los debates cara a cara no tendrán lugar en el recinto de la Cámara baja. Según se acordó, Sergio Massa, presidente del cuerpo, deberá buscar un lugar amplio que garantice la distancia social entre los legisladores y las condiciones sanitarias correspondientes.
En rigor, esta fórmula que facilitó el acuerdo no es nueva; de hecho, se debatió largamente durante la reunión de jefes de bloque el martes pasado, pero Máximo Kirchner la objetó. Juntos por el Cambio, en la voz de la diputada Silvia Lospennato, había propuesto prorrogar por 30 días las sesiones remotas y que, a pedido de alguno de los bloques políticos, estas fuesen presenciales; concedió que aquellos diputados pertenecientes a grupos de riesgo o que, por nota fundada, puedan justificar su participación virtual en las sesiones, queden eximidos de viajar a la Capital a debatir. Kirchner replicó que, con este esquema, se estigmatizaría a los diputados que participen de manera remota desde sus provincias.
Las negociaciones fracasaron: aquella noche, con el apoyo de la mayoría de las bancadas, el oficialismo prorrogó el protocolo de sesiones remotas sin el acuerdo de Juntos por el Cambio, que lo declaró inválido por no contar con el consenso de todos los bloques.
Indiferente a las críticas, el Frente de Todos avanzó a continuación con una sesión remota en la que se aprobó la ley de asistencia al turismo y un proyecto de ley que eleva las penas a la pesca ilegal. Sentados en sus bancas, los diputados opositores anunciaron que acudirían a la Justicia, pues la sesión debió hacerse de manera presencial.
Así lo hicieron en una acción de amparo que presentaron ayer con el patrocinio de los constitucionalistas Antonio María Hernández y Juan Sola. "No vamos a dar marcha atrás con ese amparo", enfatizaron en Juntos por el Cambio. Ergo, la validez de la última sesión será definida por la Justicia.
Durante los días siguientes de la polémica sesión, no hubo comunicación entre los jefes de bloque. Massa convocó a una nueva reunión para acercar posiciones. Antes de comenzar, el presidente del cuerpo se comunicó con Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio; acordaron avanzar y limar asperezas.
Con esta predisposición al diálogo, el clima político cambió: los legisladores entendieron que no había margen para un nuevo fracaso. En la reunión de ayer, encabezada por Massa, participaron el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, acompañado por Cecilia Moreau, la vicejefa de la bancada; los líderes del interbloque de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR), y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), acompañados por Álvaro González, vicepresidente primero del cuerpo, Silvia Lospennato (Pro), Juan López (Coalición Cívica) y Luis Borzani (UCR).
También estuvieron presentes Alejandro "Topo" Rodríguez (Consenso Federal), José Luis Ramón (Interbloque Unidad y Equidad Federal); los diputados de izquierda Romina Del Plá y Nicolás del Caño y Luis Di Giácomo (Juntos somos Río Negro).
De manera remota participaron los diputados Alfredo Cornejo (UCR); Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino); Luis Contigiani (Frente Cívico); Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Eduardo "Bali" Bucca, jefe del interbloque Federal; Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Enrique Estévez (socialista) y Ricardo Wellbach (Frente para la Concordia de Misiones).
La reunión terminó entre sonrisas y gestos de satisfacción. "Para Juntos por el Cambio el resultado de la reunión es altamente positivo. Se consiguió que se habilite la instancia de las sesiones presenciales para los temas más complejos", exaltaron los opositores.
Para el oficialismo el resultado también es satisfactorio, pues podrá avanzar en las leyes que más le interesan al Gobierno. De hecho, durante la reunión, Massa informó que el debate de la reforma judicial insumirá al menos seis semanas. El proyecto sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en tanto, se debatiría en noviembre. De ser así, los legisladores deberán discutir una nueva prórroga del protocolo.
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