Juicio por la deuda externa, al Congreso

En un fallo al que tuvo acceso La Nación , el juez federal Jorge Ballestero dictaminó que la deuda externa argentina contraída entre 1976 y 1982 fue producto de mecanismos irregulares "que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado", cuyo empobrecimiento "se vio reflejado en los valores obtenidos" con su privatización.

Ballestero remitió su resolución a ambas cámaras del Congreso para que establezcan "la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino", ya que la acción penal ha prescripto ya.

La investigación sobre la ilegitimidad de la deuda externa argentina se inició el 18 de abril de 1982 por una denuncia de Alejandro Olmos, que permaneció pendiente de esta causa hasta principios de este año, cuando murió sin ver el resultado de su trabajo.

Postergaciones

Aunque el fallo estaba redactado desde meses atrás, y su final anunciado desde hace al menos dos años -como lo consignó en su momento La Nación -, la firma de la sentencia fue postergada una y otra vez hasta ayer.

Después de una treintena de cuerpos y múltiples anexos, cuatro jueces y 18 años, el caso concluirá sin culpables: el único imputado no procesado, el ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz quedó sobreseído definitivamente por prescripción.

Ballestero pidió al Congreso que estudie "las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa".

"El país fue puesto desde 1976 bajo la voluntad de acreedores externos -expuso-. La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde 1976 -observó- no podía pasar inadvertido para las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) que supervisaban las negociaciones económicas.

"Aparecería de buen grado -razonó- una nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así (el FMI) razón a su controvertida existencia".

"Política agraviante"

La investigación estableció que la deuda "ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política vulgar y agraviante que puso de rodillas al país".

Se determinó que en 477 casos "no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; (y) se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado".

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