Juicio político. Juntos por el Cambio acusó al oficialismo de “alterar el orden democrático” y querer “disciplinar a los jueces”

En minoría, los 14 representantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazaron in límine los pedidos de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte Suprema. Advirtieron que el oficialismo pretende, con este proceso, “alterar el orden democrático y disciplinar a los jueces por el contenido de ciertas sentencias que incomodan al Poder Ejecutivo”.

“El juicio político es una herramienta constitucional de control, pero no puede ser utilizada como un factor de distorsión institucional activado a libre demanda de las conveniencias coyunturales de facciones políticas que, en el caso de los jueces, pretenda, a su vez, operar como un eficaz y peligroso correctivo disciplinador”, expresaron los legisladores en su informe de rechazo.

“El pedido de juicio político impulsado por el oficialismo es un acto abiertamente destituyente, que intenta alterar el orden democrático y disciplinar a los jueces por el contenido de ciertas sentencias que incomodan al Poder Ejecutivo”, enfatizaron.

En su resolución, Juntos por el Cambio rechazó cada una de las acusaciones vertidas en los 14 pedidos de juicio político que se presentaron contra la Corte y que el oficialismo declaró admisibles para ser investigadas. Un principio rector guía sus argumentos: los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias, pues -de lo contrario- su independencia estaría en riesgo.

“Los jueces pueden interpretar el derecho según su leal saber y entender, sin temor a sufrir una represalia por parte del Congreso, por el mero hecho de no coincidir con esa interpretación. Por eso, el mecanismo de juicio político no puede ser utilizado para sancionar a los jueces por sus opiniones, errores de juicio o el contenido de sus sentencias. Se debe evitar caer en la tentación de usar este mecanismo constitucional de control por motivos de mera conveniencia político-partidaria”, advirtieron los legisladores de la oposición.

Si bien la coalición opositora unificó posturas a la hora de rechazar las acusaciones oficialistas, los diputados Juan López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, insistieron en mantener en pie sus imputaciones contra Lorenzetti, sobre quien presentaron un pedido de juicio político en 2017. En un informe por separado, los diputados que responden a Elisa Carrió acusan al magistrado de haber incurrido en irregularidades administrativas en el manejo de los fondos presupuestarios mientras ejerció la presidencia de la Corte. El oficialismo admitió estas imputaciones en su resolución de apertura de la investigación al máximo tribunal.

“Lorenzetti fue el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia, que condicionaron el accionar en la Magistratura desde su asunción en la Corte Suprema”, advirtieron los legisladores.

Por su parte, el representante del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, también presentó un informe de rechazo a las acusaciones contra la Corte.

“El Gobierno y el Frente de Todos han puesto en marcha una embestida política con el propósito de paralizar la Justicia. Esa embestida tiene tres ejes: voltear a toda la Corte Suprema a través de un juicio político basado en el desacuerdo con fallos judiciales; la amenaza de reformar el Consejo de la Magistratura mediante un decreto de necesidad y urgencia y la ampliación de la Corte Suprema a quince miembros, con el estricto propósito de integrarla con jueces amigos”, advirtió el legislador.

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