Juicio Político: el oficialismo volvió a citar a Stornelli, amenazó con apelar a la fuerza pública y desató el enojo de la oposición
El fiscal insistirá en declarar por escrito; los legisladores del Frente de Todos pidieron también que se investigue por falso testimonio al juez federal Sebastián Ramos
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LA NACION
Ante el faltazo del fiscal Carlos Stornelli a la Comisión de Juicio Político, adonde había sido citado a prestar declaración en el marco del proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema, el oficialismo advirtió que si la semana próxima no comparece ante el cuerpo, se le pedirá su desafuero para que sea trasladado por la fuerza pública. Pero el funcionario judicial insiste en declarar por escrito, según consta en una nota que envió al procurador Eduardo Casal.
La reunión de la Comisión de Juicio Político arrancó con los ánimos caldeados. La oposición de Juntos por el Cambio rechazó el emplazamiento oficialista al fiscal Stornelli; enfatizó que la ley de Ministerio Público exime a los fiscales de presentarse en persona a dar testimonio ante un tribunal, confiriéndole la prerrogativa de hacerlo por escrito. Stornelli pretendía hacer uso de esta última opción.
Tal como anticipó ayer LA NACION, el oficialismo rechazó esta posibilidad. “Esta comisión no es un tribunal ordinario, no procede esta excepción”, respondió la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, quien insistió que, según el reglamento del cuerpo, todos los funcionarios y magistrados –a excepción del presidente, vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores- deben presentarse a la Comisión de Juicio Político cuando son citados.
“Se volverá a citar al fiscal, aclarando esta normativa, también al procurador Ricardo Casal. Si no comparece y es testigo reticente, se buscará el desafuero para citarlo por la fuerza pública”, continuó Gaillard.
Los opositores rechazaron el argumento oficialista: de ninguna manera un reglamento interno de una comisión tiene mayor jerarquía normativa que una ley, en este caso, la ley de Ministerio Público Fiscal, alegaron. El oficialista Rodolfo Tailhade contraatacó: “Plantear la no aplicación del reglamento interno de la comisión me parece absolutamente improcedente -sostuvo-. Jamás hubo algún cuestionamiento al reglamento hasta que aparece una situación que no le gusta a Juntos por el Cambio”.
Desde Juntos por el Cambio defendieron la postura de Stornelli. “El testigo expresó su predisposición a prestar testimonio, no es un testigo reticente”, enfatizó Juan López, de la Coalición Cívica. En la misma línea, su colega Álvaro González, de Pro, acicateó: “Si lo que quieren es tenerlo acá para tirarle piedras, díganlo. Si no, le mandamos las preguntas y nos quedamos todos tranquilos.
“Aquí se quiere hostigar al fiscal Stornelli y tomar venganza por sus investigaciones que tienen algunos miembros de esta comisión como imputados”, insistió la diputada Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio.
El oficialismo convocó a Stornelli a declarar por su decisión de desestimar una denuncia sobre supuestos mensajes que cruzaron el ministro de Seguridad porteño (de licencia) Marcelo D’Alessandro y el director de la Corte, Silvio Robles, mano derecha de Rosatti. Stornelli adujo que no había delito porque dichos mensajes se obtuvieron de manera ilegal; por esa razón, el juez federal Sebastián Ramos archivó la causa.
Los oficialistas están convencidos de que el juez Ramos y el fiscal Stornelli actuaron en tándem archivar en tiempo récord una denuncia que demostraría la presunta connivencia entre la Corte Suprema y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en fallos destinados a favorecer a la ciudad de Buenos Aires. Uno de esos fallos es el que ordenó devolver fondos coparticipables a la Capital. En la Comisión de Juicio Político pretenden demostrar este vínculo.
Acusan a Ramos por falso testimonio
En esa línea, el jefe de bloque oficialista, Germán Martínez, solicitó que el juez Ramos sea investigado por falso testimonio. Ramos, quien la semana pasada compareció ante la Comisión de Juicio Político y justificó el archivo de la causa, negó ante una pregunta de Martínez tener un “vínculo sistemático” con Robles y D’Alessandro.
El oficialismo no le cree: minutos después de prestar testimonio, trascendieron presuntos mensajes entre el juez Ramos y el ministro porteño en enero del año pasado. “Después de difundidos los chats y las notas periodísticas, el abogado Marcelo Mazzeo y el secretario de coordinación de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, han reconocido el contenido de los chats”, agregó Martínez.
Los opositores sospechan que detrás de la filtración de estos nuevos chats se esconde una maniobra del oficialismo para embarrar al juez Ramos.
“Lo que venimos advirtiendo desde la primera reunión se viene confirmando. Claramente tenían el conocimiento de que existía un chat ilegal y entonces hicieron la pregunta que luego pudiera colisionar con esa prueba. Es muy clara la maniobra”, dijo Silvia Lospennato. “Seguiremos juntando pruebas de que esta comisión funciona de manera ilegal, alterando el Estado de Derecho en Argentina. Esto va a tener responsabilidades que se van a dirimir en organismos internacionales”, advirtió.
Cuestionamientos a Lorenzetti
Saldada la discusión a favor del oficialismo -mayoría en la comisión-, la Comisión de Juicio Político recibió al exsenador de la UCR y exmiembro del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, uno de los testigos propuestos por la Coalición Cívica en el pedido de juicio político que presentó contra el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Los legisladores que responden a Elisa Carrió acusan a Lorenzetti de presuntos manejos irregulares del presupuesto de la Corte Suprema mientras ejerció como su presidente.
Cimadevilla, crítico del funcionamiento de la Corte Suprema, sostuvo que entre 2008 y 2009 -época en la que Lorenzetti se desempeñó como titular del máximo tribunal- “se eliminaron todo tipo de controles efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”. Asimismo, denunció que “había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos” del Poder Judicial.
“En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos”, denunció y enumeró: “Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo”.
Y agregó: “La Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas, tenía un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba”. Asimismo, aseguró: “Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte”.
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