Juicio Político: el oficialismo declaró admisibles las acusaciones contra la Corte y arranca la investigación a los jueces
El Frente de Todos advirtió que hay 60 hechos que configurarían mal desempeño o posible comisión de delitos; Juntos por el Cambio y el interbloque Federal rechazaron in límine las imputaciones
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LA NACIONLaura Serra
A viva voz y tras una reunión caldeada, en la que oficialistas y opositores se cruzaron en duros términos, los 16 diputados oficialistas impusieron su mayoría en la Comisión de Juicio Político para declarar admisibles las acusaciones contenidas en los 14 pedidos de enjuiciamiento presentados contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones y eventual comisión de delitos.
De esta manera, el oficialismo consiguió su primer objetivo: garantizar la continuidad del proceso de enjuiciamiento contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. A partir de ahora la comisión, que preside la oficialista Carolina Gaillard, inicia la etapa de instrucción, en la que los diputados deberán recolectar testimonios y aportar y elaborar las pruebas que deberán sustentar las acusaciones por mal desempeño de sus funciones contra. Esta etapa se prolongaría por al menos tres meses.
“En los 14 pedidos promovidos se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales. El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático”, leyó Gaillard.
Los diputados de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal –en minoría- rechazaron in límine las acusaciones del oficialismo.
“Este juicio político constituye un alzamiento del presidente (Alberto Fernández) y de un grupo de gobernadores -asestó Juan Manuel López, de Juntos por el Cambio-. Se trata de un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático. Ustedes, al restringir la deliberacion de los magistrados, restringen su independencia. Ustedes no dimensionan el daño que le hacen a la democracia”.
López rechazó que a los jueces se los pueda acusar por el contenido de sus sentencias, principal argumento de Juntos por el Cambio para rechazar el juicio político a la Corte Suprema. Y advirtió que la embestida contra la Corte Suprema promovida por el Frente de Todos constituye un “peligroso precedente”. “Si se juzga a los jueces por el contenido de sus sentencias, se podría igualmente destituir a un presidente o a su vice por las políticas públicas que establezcan”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Mario Negri, jefe del bloque radical, enfatizó que las acusaciones oficialistas “no configuran elementos de mal desempeño”. “Son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real”, asestó el radical, quien insistió que el único objetivo del oficialismo es “limar, esmerilar” a los jueces. En efecto, el oficialismo, si bien cuenta con mayoría en la Comisión de Juicio Político, no alcanza la mayoría agravada de los votos en el recinto (dos tercios de los presentes) para acusar a los magistrados.
El oficialismo, en su informe de admisibilidad de las acusaciones contra la Corte, ratificó los hechos incluidos en su pedido de juicio político: allí responsabilizan a los cuatro magistrados de supuestas arbitrariedades cometidas en el fallo que declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura y en el que favoreció una medida cautelar de la Ciudad de Buenos Aires en su disputa por los fondos de la coparticipación.
Además, los oficialistas acusan a los cuatro jueces por haber incurrido en un “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración” de la obra social del Poder Judicial; asimismo, apuntaron contra a los jueces Rosatti y Rosenkrantz por el fallo en el que dispusieron que era aplicable el beneficio del “2x1″ en los delitos juzgados por lesa humanidad.
Pero lo novedoso de la resolución del oficialismo es que incorporó a la investigación las imputaciones que formularon ciudadanos particulares y asociaciones civiles y de derechos humanos. Entre ellos el pedido de juicio político presentado por Patricia Isasa, quien imputó al juez Rosatti de haber apañado y protegido, cuando se desempeñó como intendente de Santa Fe, al represor y expolicía Eduardo Ramos, quien la secuestró y torturó en la década del 70.
Negri, al igual que López, cuestionaron el uso de los derechos humanos por parte del oficialismo. “Nunca vi tanto barbarismo sin pudor, este ensañamiento con Rosatti supera los límites de la admisión de un juicio político que en este caso nada tiene que ver con su actual función”, enfatizó.
Desde el oficialismo, tomó el guante el kirchnerista Leopoldo Moreau quien calificó a los magistrados de la Corte como “cuatro fulleros que juegan al truco con la Constitución” y refutó los argumentos opositores. “Se dijo aquí que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Eso no es así y me remito al dictamen que firmó Elisa Carrió en el enjuiciamiento a la Corte Suprema menemista”, sostuvo y citó que, en ese informe, la líder de la Coalición Cívica, instaba a “analizar las sentencias, sus fundamentos y consecuencias”.
“Respaldo este concepto de Carrió. La Corte Suprema no tiene una instancia superior de revisión de sentencias. Esa instancia, entonces, es la Comisión de Juicio Político, que debe analizar sus sentencias, máxime si se trata de sentencias negociadas como las que negoció la mano derecha del presidente de la Corte, Silvio Robles, con funcionarios de la ciudad de Buenos Aires”, remató Moreau. “Aquí se dijo que buscamos alterar el orden democrático; por el contrario: queremos evitar que la Corte continúe pisoteando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo atribuyéndose facultades que no le corresponden”.
El diputado Pablo Tonelli, de Pro, rechazó de manera tajante el argumento oficialista. “La Comisión de Juicio Político no puede ni debe ser una instancia de revisión de sentencias, a lo sumo una instancia de control, pero jamás de revisión”, enfatizó el legislador, quien sostuvo que la única excepción para que los jueces puedan ser juzgados por sus sentencias es el prevaricato.
En Juntos por el Cambio primó la postura unificada de rechazar in límine la resolución oficialista que dispone la apertura del sumario contra los jueces. Sin embargo, la Coalición Cívica se desmarcó del resto de sus socios al perseverar en sus acusaciones contra Lorenzetti, sobre quien presentaron un informe en el que recomiendan que sea investigado por mal desempeño en sus funciones. Lo responsabilizan por supuestos desmanejos presupuestarios y administrativos mientras ejerció la presidencia de la Corte. El oficialismo sumó estas imputaciones en su informe de apertura.
El oficialismo no dejó pasar esta cuña en Juntos por el Cambio e incorporó en su resolución las imputaciones de la Coalición Cívica contra Lorenzetti. “En su informe de rechazo, Juntos por el Cambio no incluye el expediente de la Coalición Cívica. ¿Cómo se encuentra coherencia entre el rechazo in limine de todas las acusaciones y un expediente que no consideran?, acicateó Germán Martínez, jefe del bloque oficialista.
Reunión tensa
En encuentro en la comisión tuvo un arranque tenso con la propuesta del oficialismo de nombrar al riojano Ricardo Herrera como vicepresidente de la comisión. Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, reaccionó ofuscado y le reclamó al diputado Herrera que indique si está de acuerdo con los escraches que orquestó su jefe político, el gobernador riojano Ricardo Quintela, contra los jueces de la Corte en su provincia.
“No corresponde”, cortó en seco el oficialista Germán Martínez.
La misma respuesta recibió el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuando pidió que se convoque a una nueva reunión para analizar la resolución del oficialismo en el cual se declaró admisibles las acusaciones contra los jueces. “Recibimos el informe poco antes de la reunión de la comisión. Analizar una resolución no supone tirarlo por la cabeza para decir si estamos de acuerdo o no, a lo guapo”, reprochó.
“No hay ningún expediente nuevo que modifique el camino de análisis de la comisión. Son conocidos los hechos y los expedientes. Están dadas las condiciones para avanzar. Me extraña, Rodríguez, que diga que venimos a lo guapo. Yo no patoteo y usted lo sabe”, respondió Martínez.
Por Laura Serra
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