Juicio político: el oficialismo citó al administrador desplazado de la Corte para sumar pruebas que incriminen a los jueces

La súbita decisión de la Corte Suprema de desplazar a su administrador general Héctor Marchi, un conocedor al detalle de los manejos internos del cuerpo, le abrió al oficialismo una veta inesperada que no está dispuesto a desaprovechar en el juicio político que inició contra el máximo tribunal. Sin perder tiempo, citó para este martes a Marchi a la comisión, al tiempo que le reclamó a la Corte el envío urgente de una serie de auditorías realizadas sobre la obra social del Poder Judicial, las cuales revelarían serias irregularidades.

Los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político se refriegan las manos. El desplazamiento de Marchi, el jueves pasado, recrudeció el enfrentamiento entre Ricardo Lorenzetti –el único juez que se opuso a la salida de su hombre de confianza- y sus pares Horacio Rosatti, presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti está convencido –y así lo expresó en su disidencia- que Marchi recibió una “sanción” de los tres jueces por anticipar que enviaría a la Comisión de Juicio Político una serie de informes que revelarían serias irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial, cuyo control y supervisión recae en la Corte.

“A Marchi se lo desplazó luego de que intentó enviar las auditorías que darían cuenta de los manejos irregulares de los fondos de la obra social”, advirtió la presidenta de la Comisión de Juicio Político Carolina Gaillard, quien confirmó a LA NACION que Marchi fue citado para el próximo martes. La legisladora no descartó que Lorenzetti, pese a que es investigado por la comisión, también sea convocado como testigo, aunque en otra fecha.

Gaillard le reprochó a Rosatti que no haya enviado a la comisión todas las auditorías que se realizaron sobre la obra social, pese a que los legisladores se lo habían requerido hace diez días. El presidente del tribunal solo remitió uno de los informes, cuando en realidad son cuatro. Los diputados se enteraron de ello por Lorenzetti: en su voto en disidencia al desplazamiento de Marchi, el juez da cuenta que el ahora exadministrador, quien había ordenado esas pericias, envió a Rosatti los cuatro informes, pero éste solo publicó el primero de ellos, mientras que los tres restantes no se publicaron ni circularon entre los ministros.

“Por ello, en virtud de los hechos de gravedad institucional que revela la disidencia del juez Lorenzetti, resulta de interés de la Comisión de Juicio Político que la Corte Suprema se sirva enviar la totalidad e integralidad de la información”, reclamó Gaillard en una nota que le dirigió ayer a Rosatti. Allí le pidió que se la remita de manera urgente, en las próximas 24 horas. “Según la disidencia del Dr. Lorenzetti, esta información ya habría sido producida y remitida al máximo tribunal por el desplazado contador Daniel Marchi”, añadió.

En la Corte Suprema niegan las acusaciones de Lorenzetti. Sostienen que el desplazamiento de Marchi no se originó por la intención del ahora exadministrador de enviar información sensible a la Comisión de Juicio Político, sino porque Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda ya le habían perdido confianza a quien fuera el hombre fuerte del tribunal durante 15 años, de la mano de Lorenzetti.

De hecho, fuentes de la Corte deslizan que los tres magistrados preparaban desde el mes pasado la acordada –que finalmente se dictó el jueves - con importantes recortes en las atribuciones de la Secretaría de Administración a cargo de Marchi. El contador controlaba no solo el presupuesto de la Corte –que orilla los $33.600 millones- sino también el fondo anticíclico del tribunal, un ahorro inmovilizado por $150.000 millones.

Por decisión de la mayoría de la Corte, Marchi fue derivado a cumplir funciones en la Cámara Federal de Seguridad Social; el contador, sin embargo, pidió licencia por 180 días.

Una “caja de Pandora”

La salida turbulenta de Marchi podría abrir una caja de Pandora que los diputados oficialistas están decididos a aprovechar. Hace dos semanas la Comisión de Juicio Político inició la investigación sobre las presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, una de las causas por las cuales pretenden acusar a la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. Es que si bien la obra social constituye un organismo autónomo, el máximo tribunal debe ejercer la función de supervisión y control de su administración.

A principios del año pasado, los jueces del máximo tribunal ordenaron una auditoría, que focalizó su relevamiento en el manejo administrativo y financiero de la obra social entre abril de 2008 y setiembre de 2021. Por entonces la gestión del organismo estaba a cargo de Aldo Tonón, quien fue citado por la comisión para que prestara declaración el martes pasado, pero se negó a comparecer. Los oficialistas lo citaron nuevamente para este martes.

Las conclusiones de auditoría fueron lapidarias, y de ello dieron cuenta los testigos que participaron en ella y prestaron declaración testimonial el martes pasado. Según el informe, durante toda la etapa analizada la Corte nunca se designaron a los subdirectores médicos y administrativos; al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, se habría incumplido con la habilitación estatutaria para la delegación de firma.

“Nosotros no vimos un solo presupuesto en los trece años que analizamos”, agregó el contador Oscar Fernández, uno de los auditores citados por la comisión. “La obra social tampoco cuenta con un sistema de registro contable; es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual”, advirtió el testigo.

A propósito de la auditoría, una resolución firmada en diciembre pasado por el juez federal Ariel Lijo determinó que el ministro del alto tribunal Juan Carlos Maqueda nunca estuvo imputado en la causa por la obra social del Poder Judicial. Sostuvo que hubo distintas intervenciones de los miembros de la Corte que “autorizaron los actos de adjudicación y contratación de las empresas, las que se vieron precedidas de los dictámenes de la comisión de preadjudicación del Consejo de la Magistratura y, en algunos casos, del cuerpo de peritos contadores” del alto tribunal.

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