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Juicio Político: el exadministrador de la Corte denunció que recibe amenazas y embistió contra tres jueces del tribunal

El contador Héctor Marchi fue citado a Diputados, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la obra social; el funcionario apuntó contra el juez Maqueda y acusó a Silvio Robles, mano derecha del juez Rosatti, de intimidarlo a él y a los funcionarios a su cargo

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LA NACIONLaura Serra
Héctor Daniel Marchi en la Comisión de Juicio Político de Diputados
Héctor Daniel Marchi en la Comisión de Juicio Político de DiputadosFabián Marelli - LA NACION

Frente a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exadministrador general de la Corte Suprema Héctor Marchi se despachó con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, autores de su desplazamiento la semana pasada: advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona y denunció que, desde entonces, ha sufrido seguimientos y amenazas. Asimismo, enfatizó que el juez Juan Carlos Maqueda fue el responsable de dirigir la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias sobre presuntas irregularidades.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como es el tema de la obra social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad”, enfatizó Marchi, aunque indicó que no presentará una denuncia penal al respecto, como le reclamaron desde la oposición.

El tenor de la exposición de Marchi, quien hasta su desplazamiento fue un hombre fuerte del tribunal de la mano de su mentor, el juez Ricardo Lorenzetti, desató un verdadero revuelo en la Comisión de Juicio Político. Los legisladores acordaron recibirlo nuevamente la semana próxima para que abunde en más detalles sobre los manejos del alto tribunal.

Ante las preguntas de los legisladores del oficialismo, Marchi apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, presidente del máximo tribunal. Lo responsabilizó de las intimidaciones sufridas. “Recibimos todo tipo de amenazas; a algunos de mis colaboradores se les dijo que irán a trabajar a la Siberia si hablan conmigo”, asestó Marchi, quien reclamó por la “integralidad laboral” de quienes fueron sus empleados.

Asimismo, Marchi acusó a Robles de esconder el cuarto informe de auditoría que realizó la secretaría a su cargo sobre las irregularidades detectadas en la obra social. El exadministrador asumió el control del organismo tras la pandemia, en 2021; ya por entonces se acumulaban una serie de denuncias sobre desmanejos en la gestión. Ese año la Corte ordenó que se efectuara una auditoría que abarcara el período comprendido entre 2008 y 2021. Los auditores realizaron tres informes en la que revelaron severas irregularidades.

Luego Marchi ordenó una cuarta auditoría, esta vez sobre la gestión de Mariano Althabe, nombrado por Rosatti como director de la obra social. En este último informe, según trascendió, se habrían detectado pérdidas en la obra social por 2700 millones de pesos.

“Hubo reticencia a recibir el informe cuatro, lo envié ‘de prepo’ a la presidencia [a cargo de Rosatti], lo recibió Robles. Me consta que al Dr. (Ricardo) Lorenzetti no se lo mandó, no sé si lo hizo a los demás ministros. Esto obedece al grado de informalidad con que se maneja actualmente la Corte. El informe cuatro es la punta del ovillo; involucra al Dr. [Mariano] Althabe. Robles escondió el informe. Es grave”, acusó Marchi.

Marchi fue desplazado de su cargo el jueves pasado con el voto de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. El único en oponerse a su salida fue Lorenzetti, quien en su disidencia sostuvo que el exadministrador recibió una “sanción” por anticipar que enviaría a la Comisión de Juicio Político una serie de informes que revelarían serias irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial, cuyo control y supervisión recae en la Corte.

De inmediato, Marchi fue citado por los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político, que preside Carolina Gaillard, en el marco del enjuiciamiento que promueven contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. Una de las causales es, precisamente, las presuntas irregularidades detectadas en la obra social.

En el arranque de su exposición, Marchi dejó en claro que el principal responsable de la gestión de la obra social fue el juez Maqueda. Indicó que, cuando Lorenzetti asumió la presidencia de la Corte en 2005, se distribuyeron las tareas entre los miembros del tribunal.

“Cuando se asignaron las actividades por acordada, Maqueda pidió expresamente que no se lo incluyera en la acordada porque la obra social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica pero está claro que Maqueda dirigió la obra social. Prueba de ello es que todos los directores fueron elegidos por Maqueda y no hubo concurso”, enfatizó Marchi.

De esta manera, el exadministrador refutó al juez Maqueda, quien insiste en que nunca fue designado formalmente por su pares como supervisor de la obra social. Ante una pregunta del diputado oficialista Leopoldo Moreau sobre este punto, Marchi confirmó que Maqueda estaba al tanto de lo que sucedía en la órbita de la obra social.

“A quienes nos toca una función de importancia, tenemos que tener responsabilidad de asumir los actos que tenemos. Maqueda no solo supervisaba: todos los actos que se realizaba Aldo Tonón (exdirector de la obra social) tenían la autorización de Maqueda”, advirtió Marchi.

La palabra de la Corte

Los tres jueces de la Corte negaron las afirmaciones de Marchi. En una nota que enviaron a la Comisión de Juicio Político, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le endilgaron al juez Lorenzetti, presidente del tribunal hasta 2018, y a Marchi, su administrador general, la responsabilidad directa en los manejos ahora cuestionados de la obra social.

En la nota, los tres magistrados enfatizaron que nunca existió un “informe Marchi” -en referencia a la cuarta auditoría- donde se denuncia una pérdida de $2700 millones durante la actual gestión de la obra social. Asimismo, denuncian que el contenido de ese informe “es falaz, parcial y malintencionado”.

“No existió esa pérdida, se actuó de la misma manera que en años anteriores y, si hubiese existido, fue su responsabilidad exclusiva”, indicaron desde el máximo tribunal. Asimismo, aclararon que la Corte “nunca designó a uno de sus miembros como supervisor de la obra social”, en alusión al juez Maqueda.

Además, indicaron que el máximo tribunal “no tiene responsabilidades de gestión” sobre el organismo y que sus funciones “se acotan a supervisar a través de la Secretaría General de Administración [a cargo de Marchi] aspectos puntuales definidos en el Estatuto”.

“La presidencia de la Corte, previo a ese período, dictó resoluciones vinculadas a la obra social que comprendieron aspectos tan variados y heterogéneos como: la designación del Dr. Tonón para desempeñarse en la obra social; la adjudicación del servicio de asistencia médica en 2007 y 2009; la contratación de insumos; la designación de representantes de la obra social en el interior del país; la designación de personal y pago de horas extras; contratación de servicio de custodia, entre otras”.

Por Laura Serra
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