Juicio Político a la Corte: el oficialismo citó a tres exfuncionarios de Macri, pero no concurrirán

La mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para este martes a tres exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri a prestar testimonio en el marco del proceso de enjuiciamiento de la Corte Suprema. Pero ninguno asistirá a la cita. El exministro de Justicia, Germán Garavano; el exjefe de asesores de la presidencia y actual senador nacional José Torello, y el asesor judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -prófugo en Uruguay- fueron citados por su presunta injerencia en el fallo por el cual el máximo tribunal concedió en 2017 el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

Garavano justificó su inasistencia por un viaje en el exterior, mientras que Rodríguez Simón, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en una causa por presunta extorsión a empresarios del grupo Indalo, permanece en Uruguay a la espera de que la justicia de ese país le conceda el estatus de refugiado político.

La justificación que esgrimió Torello para no asistir a la comisión promete desatar un duro contrapunto entre los diputados oficialistas y opositores de la comisión. En una nota remitida a la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard, Torello adujo que “la Cámara de Diputados carece de competencia” para citarlo e interrogarlo por su condición de senador nacional.

“Hago saber a la señora presidente que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscabe la inmunidad que protege la función que ejerzo por mandato popular”, enfatizó Torello. El legislador advirtió, además, que el oficialismo, al pretender colocarlo como testigo en el proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema, lo inhabilitaría en el caso de que le tocara juzgar, como senador de la Nación, a los ministros del tribunal si el trámite de acusación prosperase en la Cámara baja.

El oficialismo rechazará los argumentos de Torello. “La inmunidad que confieren los fueros sólo opera cuando el legislador es acusado en una causa y pesa sobre él un pedido de arresto; en este caso fue citado como testigo, y todas las personas tienen la obligación de comparecer ante la comisión cuando son convocadas”, sostuvo Gaillard.

“Por otra parte, en el caso de que el Senado se constituya en tribunal de juzgamiento a los jueces de la Corte, Torello debería excusarse, ya que él habría tenido algún tipo de injerencia en el fallo ‘Muiña’”, indicó la legisladora.

Por el contrario, la oposición de Juntos por el Cambio considera válidos los argumentos de Torello para rechazar la citación. “Nosotros sostenemos que, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, los magistrados y legisladores tienen la prerrogativa de presentar su testimonio por escrito. Lo sostuvimos cuando fue citado el fiscal Carlos Stornelli y mantenemos nuestra postura”, alegó el diputado Juan Manuel López.

El “fallo Muiña” es una de las causales por las cuales el oficialismo pretende acusar por mal desempeño a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz quienes, junto a Elena Highton de Nolasco –quien renunció a la Corte en 2021– beneficiaron al represor del Hospital Posadas Luis Muiña con la ley 24.390 (conocida como 2x1), que reduce el cómputo de la prisión. El fallo generó tal revuelo que el Congreso, a las apuradas, sancionó una ley que prohíbe la aplicación de este beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad.

Un año después, con la ley ya sancionada, el máximo tribunal buscó saldar la cuestión al negarle el beneficio al represor Rufino Batalla. Sin embargo, para el oficialismo este capítulo está lejos de estar cerrado y buscarán demostrar que, al momento de fallar en el caso Muiña, los jueces Rosenkrantz y Rosatti, junto a Garavano, Torello y Rodríguez Simón, negociaron el voto de la jueza Highton de Nolasco.

El oficialismo sostiene que, a cambio del voto de Highton –que resultó clave, porque Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia–, el exministro Garavano no apeló el amparo que la jueza había presentado contra el fallo Schiffrin, que sostiene que la edad límite para permanecer en la Corte es de 75 años. Este fallo le impedía a ella –que por entonces tenía 74 años– continuar en su cargo.

El objetivo de los oficialistas es demostrar que hubo un acuerdo entre Rosenkrantz –entonces presidente de la Corte– y los exfuncionarios de Cambiemos para beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad. Por eso es que fueron convocados a comparecer Garavano, Rodríguez Simon y Torello, así como el exfuncionario del Ministerio de Justicia Santiago Otamendi –quien tampoco concurriría hoy a la comisión–, y el actual subprocurador del Tesoro, Horacio Diez.

También fueron citados Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía de Rosenkrantz. La lista de testigos se completa con Gladys Cuervo y Zulema Chester, ambas trabajadoras del hospital Posadas.

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