Juicio a la Corte: El kirchnerismo quiere revisar conversaciones telefónicas y abre un conflicto judicial
Los diputados oficialistas pedirán cruces de llamados; el organismo encargado de las intervenciones solo acata órdenes de un juez, no del Congreso; el jueves comenzará el cronograma de testigos
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LA NACIONHernán Cappiello
El kirchnerismo pretende acceder a los registros de llamadas telefónicas del ministro de Seguridad porteño (de licencia) Marcelo D’Alessandro y del funcionario de la Corte Suprema Silvio Robles como parte del proceso contra los jueces del máximo tribunal que activó en la Cámara de Diputados, tras un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa amenaza con abrir un nuevo conflicto judicial, ya que el organismo a cargo de las intervenciones telefónicas y de los análisis de cruces de las comunicaciones, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco), solo acata órdenes que provengan de un juez y no del Congreso, dijeron a la nacion fuentes del organismo.
La Dajudeco es un órgano auxiliar de la Justicia que, si bien depende de la Corte Suprema, tiene autonomía de gestión y en la ley que dispone su creación se habla de que intervendrá siempre a requerimiento de los jueces y fiscales de todo el país.
De hecho, el reglamento de la Comisión de Juicio Político señala que los legisladores podrán solicitar al juez que corresponda la interceptación de correspondencia como también de comunicaciones telefónicas. Si bien en este caso un registro de llamadas no es una pinchadura telefónica, los jueces sostienen que solo se puede obtener información de llamadas entrantes y salientes que avanzan sobre la intimidad mediante una orden judicial.
Lo cierto es que si llega a la Dajudeco el oficio para pedir las comunicaciones de D’Alesandro y Robles, se abrirá un conflicto judicial. Lo mismo ocurre con la idea kirchnerista de que los legisladores le requieran al gobierno porteño los correos electrónicos de D’Alesandro desde 2016 hasta la fecha. El propio reglamento de la Comisión señala que la interceptación de correspondencia (los mails se asimilan a ella) debe hacerse con orden judicial.
En la reunión del jueves pasado, los legisladores oficialistas anticiparon que iban a enviar un oficio a la Dajudeco para reclamar esos cruces de llamadas. El viernes pasado esa comunicación aún no había llegado al organismo. Esta oficina se encarga de realizar las interceptaciones telefónicas por orden judicial y de recabar información a las compañías telefónicas para obtener los registros de llamadas.
La Dajudeco estuvo hasta el 14 de febrero a cargo del juez Javier Leal de Ibarra, camarista de Comodoro Rivadavia. Tuvo una gestión con momentos de alta tensión, de la que salió airoso.
Ahora, la Corte dispuso mediante la primera acordada de 2023, que se designe por sorteo el 10 de marzo próximo, entre los camaristas penales de todo el país, al sucesor de Leal de Ibarra.
Será el nuevo director de la Dajudeco el que deba dar una respuesta a la Comisión de Juicio Político, que ya se prevé que generará controversias. La Dajudeco tiene dicho que el único que puede hacerle una solicitud es un juez o un fiscal federal, en caso de que tenga una causa delegada, y no el Congreso.
La acordada 17 de la Corte, del año 2019, recuerda que la dirección solo presta servicios de investigación criminal “a requerimiento de magistrados judiciales o del Ministerio Público Fiscal”.
Los testigos
El otro punto que traerá conflictos tiene que ver con los testigos que decidió citar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Se estableció un cronograma que arranca el 23 de febrero para intentar reunir evidencias en el proceso que pretende iniciarles a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Los legisladores resolvieron, en su reunión de la semana pasada, citar como testigos para pasado mañana a los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, así como a media docena de funcionarios y exfuncionarios de la Corte.
Sebastián Ramos es el juez que archivó todas las denuncias que hicieron los gobernadores Gerardo Zamora y Ricardo Quintela contra el ministro de Seguridad D’Alessandro y contra Robles, por supuestos chats que habrían intercambiado en que se alude a una causa en trámite.
El juez Ramos entendió que los supuestos chats eran producto de una tarea de espionaje ilegal y por eso estimó que no había caso que investigar. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo su propia denuncia en La Plata ante el juez Ramos Padilla, que se declaró incompetente y la envió a Comodoro Py 2002, al juzgado de María Eugenia Capuchetti, no sin antes alertar que, según su criterio, no se había corroborado el espionaje.
Los jueces Ramos Padilla y Ramos, citados a la Comisión de Juicio Político, no gozan del tratamiento especial que hubieran tenido si hubieran sido testigos en un proceso judicial. Como el proceso se desarrolla ante el Congreso, no pueden declarar por escrito y deben concurrir ante la comisión a testimoniar. Si no van, los diputados pueden enviar los antecedentes del caso al Consejo de la Magistratura para que los sancionen.
El resto de los testigos que está previsto que declaren son Cristian Abritta, extitular de la secretaría judicial N° 5 de la Corte; Sergio Romero, subdirector de gestión interna y habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Cárdenas Ponce Ruiz, titular de la secretaría judicial N° 2; Alejandro Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
Asimismo, de la vocalía de Rosatti fueron convocados Roberto Saggese y Adriana Valinotti. Además, a propuesta de la Coalición Cívica -impulsora del juicio político al juez Ricardo Lorenzetti-, será citado el exsenador y exmiembro del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR).
Los empleados de la Corte en actividad y jubilados no tienen ninguna limitación para concurrir a declarar y les cabe lo que señala el reglamento de la Comisión de Juicio Político. En caso de que no concurran, los legisladores pueden pedir al juez federal en turno que intervenga: “Se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud”, dice el reglamento de la comisión legislativa.
Los diputados de la comisión manifestaron su intención de citar a declarar a D’Alessandro y a Robles, aunque esa medida no se ordenó aún. Los legisladores de la oposición, en cambio, señalaron que no pueden ser citados como testigos porque están imputados en causas penales y, por eso, no se los puede obligar a declarar contra sí mismos. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, en cambio, sostuvo que deben concurrir de todos modos al Congreso y, en todo caso, manifestar ante la comisión que no pueden declarar.
“Cerca de D’Alessandro plantean que, en caso de una citación, no corresponde presentarse porque lo ponen en una situación de una eventual autoincriminación. Por ello argumentan que el funcionario de licencia puede judicializar esa solicitud y buscar que un juez deje sin efecto la convocatoria.
Por Hernán Cappiello
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