Juicio a la Corte: Alberto Fernández endureció la agenda judicial pero hubo silencio del kirchnerismo

El funcionario kirchnerista estaba con el pan dulce en la mano cuando se enteró que Alberto Fernández finalmente daba luz verde al pedido de juicio político a los cuatro ministros de la Corte Suprema. El Presidente había activado la redacción del escrito la última semana del año con el Ministerio de Justicia, un área controlada por figuras afines a Cristina Kirchner, donde talla el ministro Martín Soria y su segundo, Juan Martín Mena. Con aportes y correcciones de varias manos y la pluma del propio jefe de Estado, el 31 de diciembre culminó la presentación de 35 páginas.

Fernández no conversó sobre el pedido de destitución de jueces con Cristina Kirchner, según aseguró un funcionario de Casa Rosada. El contenido del escrito que presentó Presidente, sin embargo, está muy sintonizado con la agenda judicial del kirchnerismo. Señala que el titular de la Corte, Horacio Rosatti “tomó por asalto el Consejo de la Magistratura” y menciona los presuntos chats filtrados ilegalmente entre su colaborador, Silvio Robles, y el ministro de seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Para justificar esta situación, el escrito recuerda que la causa por el Memorándum con Irán “fue reabierta con la incorporación de una audio de origen ilegal” de Héctor Timerman. “Le costó la vida al propio excanciller”, dice el texto y critica, entre otros, al fallecido juez Claudio Bonadio.

El escrito también cuestiona al fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y se extiende sobre el conflicto por la designación de los representantes del Congreso en ese cuerpo, un asunto que enfurece a Cristina. Por último, menciona el fallo que restituyó fondos de la coparticipación a la Ciudad, el tema que permite hacer causa común con los gobernadores.

Cristina, sin embargo, hizo silencio durante las últimas horas. Ni ella ni sus dirigentes más relevantes salieron a defender en público la jugada que hizo Fernández. La vicepresidenta, que viene publicando tuits contra Rosatti y jueces de Comodoro Py, no hizo mención al pedido de juicio político. Tampoco se pronunciaron Máximo Kirchner o Andrés “Cuervo” Larroque. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, participó de la reunión del último martes con los gobernadores y se hizo eco en Twitter de mensajes de varios de ellos. Pero no fue un vocero de la decisión del juicio político que motorizó Fernández.

“El kirchnerismo puede estar en las sombras pero públicamente no lo militó. Y eso es porque no confía en Alberto y nadie quiere quedar pegado. Cuando anunció que quería pagarle la coparticipación a la Ciudad con bonos descolocó a todos”, observó un colaborador del campamento kirchnerista.

Y agregó: “Alberto hizo kirchnerismo judicial mal y tarde. Por eso nadie pone la cara, ni levanta las banderas”. Otro colaborador con buena llegada a la vicepresidenta, sin embargo, rechazó que exista un cortocircuito. “El kirchnerismo viene denunciando desde 2015 la situación de la Corte adicta al macrismo”, dijo. Y justificó: “Está bien que los protagonistas sean el Presidente y los gobernadores. Es ilógico plantear una disputa. A veces la sobrecomunicación no tiene sentido”.

Cerca de Fernández señalaron que la opción de juicio político ya había sobrevolado en la primera reunión del Presidente con gobernadores, que tuvo lugar el 22 de diciembre en Casa Rosada. Era la idea que tenían los caciques provinciales más duros como Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja). En ese momento, sin embargo, se impuso un plan más moderado.

Zigzag

Fernández transitó un zigzagueo en su enfrentamiento con la Corte. En la primera reunión con gobernadores, Fernández pidió a su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos que participaran del encuentro para moderar los reclamos de varios mandatarios provinciales que pedían ir a fondo. El resultado de ese primer encuentro fue el anuncio de que se recusaría a los ministros de la Corte y el pedido de revocatoria “in extremis” del fallo de la coparticipación.

Tres días después, Fernández anunció que pagaría con bonos públicos el monto que la Corte ordenó reponer a la Ciudad. Esa actitud fue cuestionada por los gobernadores más intransigentes y por la vicepresidenta, que aludió irónicamente a la Casa Rosada como la “Agrupación Amague y Recule”.

Con el comienzo del año nuevo, en tanto, Fernández anunció el juicio político. Y convocó nuevamente a los gobernadores a la Casa Rosada. De ese segundo cónclave no participaron ni Ibarra ni Olmos. Ambos se tomaron unos días de descanso que calzaron justo con la decisión de Fernández de escalar el conflicto. La secretaria Legal y Técnica, que es la guardiana jurídica del Presidente, estuvo al margen de la elaboración del escrito, según una persona que participó del proceso.

“Llamaba la atención que no estaban ni Ibarra, ni Olmos ni tampoco Soria. A (el jefe de gabinete, Juan) Manzur se lo veía contrariado y a Wado con cara larga”, observó uno de los testigos del encuentro. Esta vez hubo tres deserciones: Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

Un colaborador estrecho del Presidente aseguró: “Alberto dice que el pedido de juicio político se basa en dos fallos, el del Consejo de la Magistratura (que avanza sobre facultades del Congreso) y el de la coparticipación (que avanza sobre el Ejecutivo). Cree que lo de la Corte es gravísimo, no importa si apoya públicamente el kirchnerismo o no”.

Un hombre de peso en el kirchnerismo celebró que se haya “activado” la agenda judicial del Gobierno. “Yo creo que a con el chat de D’Alessandro, a Alberto le cayó una ficha”, consideró.

Y agregó: “Estábamos impávidos. No podemos esperar a ganar una elección por 80 puntos para reformar la Justicia. Hay que generar debate en el Congreso y utilizar todas las herramientas”.

En Casa Rosada, Capitanich le reclamó al Presidente avanzar con temas que están paralizados en el Congreso, como la reforma judicial, la designación del Procurador y la renta extraordinaria. “Dijo que faltan pocos votos y que hay que negociar para conseguirlos. Alberto estuvo de acuerdo”, reveló un testigo. Presionado por los gobernadores, Fernández encaró el último año de su gestión con una embestida a fondo contra el Poder Judicial.

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