Jueces y empleados judiciales de todo el país se pronunciaron contra los cambios en sus jubilaciones
La iniciativa se evalúa para satisfacer las demandas de ajuste del FMI, hubo un documento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y otro de la Unión de Empleados (UEJN)
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LA NACION
Jueces provinciales de todo el país y el gremio que nuclea a los empleados de la Justicia nacional y federal se pronunciaron hoy contra los cambios que evalúa realizar el Gobierno en su régimen jubilatorio para satisfacer las demandas de ajuste del FMI de cara a la firma de un acuerdo para refinanciar la deuda con el organismo internacional de crédito.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que nuclea a 16.700 magistrados y funcionarios de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires, señalaron que se tarta de un “avance sobre la independencia judicial”. Y sentenciaron que “el régimen especial de jubilaciones no es el problema, y avasallar la Justicia no es la solución”.
Expresaron su rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que ya fue modificada por este Gobierno hace menos de dos años. Explicaron que “el régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus integrantes”, que aportan un porcentaje mayor que los demás aportantes (18%). Antes de la reforma impulsada por el Gobierno aportaban el 12%, un 1% más que el sistema general.
“Este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los porcentajes aportados. No hay que perder de vista que el número de aportantes al sistema es muy superior a la cantidad de jubiladas/os y pensionadas/os, lo que lo hace notoriamente sustentable”, dijeron.
Indicaron que el régimen es especial porque los jueces y funcionarios no pueden tener otra actividad económica que su tarea judicial y decir otra cosa “implica un desconocimiento de las realidades de los sistemas judiciales de las justicias provinciales y de la ciudad de Buenos Aires”.
“Se habla de salarios y jubilaciones con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de los conflictos judicializados del país. Se ataca al sistema judicial en un debate que sólo pretende distraer la discusión de los verdaderos ejes del problema y de las medidas conducentes a solucionarlo”, escribieron los jueces.
Pro eso exhortaron a los poderes del Estado y a la política a “no debilitar, con iniciativas como esta, criterios básicos de todo estado constitucional de derecho, como el de la independencia judicial, y que son el resguardo de los derechos de la ciudadanía toda. La independencia judicial es una garantía instituida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio de los operadores judiciales”.
El documento lleva la firma de la presidenta de la FAM, Marcela Ruiz, y del secretario, Christian Fabio.
Por otro lado, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, expresó que “el Poder Judicial ocupa siempre el primer lugar de la lista hacia la que apuntar para tratar de explicar el por qué de la tragedia que vivimos como sociedad”.
Negó que los judiciales sean privilegiados y dijo que se pretende desconocer sus derechos “adquirido con lucha y que hacen esencialmente a la dignidad que todo trabajador/a debe gozar”.
.“Resulta que el FMI pide ajustes y revisiones, y ahí vamos de nuevo. En lugar de atender proyectos verdaderamente sustentables e igualitarios, el gremio dijo que se bate el parche amnésico de acabar con el 82% móvil. ¿Alguien cree realmente que eso resuelve algún problema de nuestra economía? ¿Será la excusa para poner a las AFJP nuevamente en el horizonte? Tratándose del Fondo, no debería sorprendernos”, escribió el sindicato.
“Los/as judiciales rechazamos enfáticamente cualquier nuevo intento de modificar regresivamente el régimen jubilatorio que ampara a magistrados/as, funcionarios y jefes/as de despacho, en la certeza de saber que la salida no está en ajustar y administrar pobreza, si no en sumar derechos, fomentar el consumo y la producción nacional, con una perspectiva totalmente soberana, sin injerencias extranjeras”, finaliza el documento.
El gremio presentó un proyecto de ley que prevé la incorporación de todas las categorías del Poder Judicial al sistema especial desde el mismísimo ingreso.
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