Jueces y fiscales debaten medidas ante la intimación de la ANSES para jubilarse

Jueces y fiscales debaten cómo reaccionar ante las intimaciones enviadas por la ANSES para que aquellos que hubieran iniciado el trámite jubilatorio y estén en condiciones de hacerlo, lo culminen y se jubilen. De lo contrario, el ente previsional les advirtió que el expediente se archivará y los magistrados deberán pedir una actualización de sus datos y haberes para jubilarse.

La mesa chica de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional, que reúne a los jueces, fiscales, secretarios y funcionarios se reunió ayer por la tarde y debatió qué medidas a tomar ante estas intimaciones. Se preparan para una reunión más amplia, convocada para hoy a las 17 con sus asociados alcanzados por la intimación, y de la que participará también la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun).

Se analizan diversas posturas que van desde presentar una acción declarativa de certeza ante los tribunales para que quede claro cual es el alcance de esta decisión administrativa, hasta no hacer nada porque entienden que no están en riesgo sus jubilaciones.

En la Asociación de Magistrados conviven tres listas con posturas diferentes y diversos grados de simpatía con el Gobierno, por lo que el debate político se profundizó esta tarde en la mesa directiva de la organización.

Por otro lado, jueces memoriosos recordaron que estas intimaciones ya se dieron con anterioridad y que no implicaron un cese de la jubilación. Incluso llegaron a expresar que, desde el punto de vista técnico del derecho administrativo, la intimación de la Anses es una medida sana porque implica que el Estado está velando por la finalización del trámite ya iniciado.

Claro que se mezcla de inmediato la política y los más críticos del Gobierno relacionan estas 200 intimaciones con la embestida del fin de semana de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, contra los jueces federales de Comodoro Py 2002 o los reclamos de cambios en el funcionamiento de la Corte que hacen a coro el presidente Alberto Fernández, sus funcionarios y, con mayor virulencia, Cristina Kirchner, para quien Comodoro Py 2002 es la central de operaciones en su contra.

Los jueces debaten la magnitud de la reacción mientras analizan si se trata de un avance más en la lista de embestidas oficialistas de los últimos meses o una medida administrativa que no exige una respuesta desmedida, que acaso es la que espera el Gobierno.

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