Jubilaciones: el Gobierno negocia con la oposición dialoguista en el Senado un texto de consenso y posterga el debate

El Gobierno se muestra confiado en que podrá alcanzar en el Senado un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar el proyecto de ley que aprobó Diputados y que reconoce un incremento del 8,1% en las jubilaciones, entre otras medidas. Así, evitaría la dura señal política de que el Congreso sancione una ley con los dos tercios en ambas cámaras, una mayoría que permitiría neutralizar el eventual veto del Poder Ejecutivo que ya anticipó que aplicará Javier Milei.

Por lo pronto, la escasa tropa libertaria de la Cámara alta ya logró postergar hasta la primera semana de agosto el tratamiento de la iniciativa. Recién para el próximo mes se espera que las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda vuelvan a reunirse para discutir el texto.

Hasta el momento, los planes elaborados por Victoria Villarruel y sus colaboradores legislativos, como el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, vienen cumpliéndose. También trabaja con esa meta el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien quedó con aceitados contactos en el Senado cuando tuvo que discutir los cambios a la Ley Bases y a la reforma fiscal.

La idea es que el texto llegue al recinto en la segunda semana de agosto y, lo más importante, con modificaciones al texto aprobado por la Cámara baja. Esto último obligaría a la iniciativa a volver en segunda revisión a Diputados.

De esta manera, habrán pasado más de dos meses desde aquel 4 de junio último, cuando una alianza circunstancial de radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y bloques menores le asestó un duro golpe a La Libertad Avanza (LLA) al aprobar el proyecto con el voto de más de los dos tercios de los presentes.

Desde hace dos semanas el Gobierno viene negociando con el sector dialoguista de la UCR y el Pro para que acepten introducirle modificaciones al proyecto. La intención es mantener el aumento del 8,1%, una compensación por la inflación de enero que no reconoció el Poder Ejecutivo al decidir por decreto el aumento para el sector pasivo. Además, la nueva versión podría incluir una nueva fórmula de actualización que contemple la inflación y recupere los castigados ingresos de los jubilados.

La gran dificultad que encuentra por ahora un acuerdo es la resistencia de algunos sectores de la UCR que consideran urgente darle una recomposición al sector pasivo. Este grupo lo encabeza Martín Lousteau (Capital), quien encuentra compañía en sus correligionarios Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), siempre atentos a no resignar lo que consideran una de las banderas del centenario partido.

“Entiendo que hay que avanzar en un acuerdo integral para resolver de manera estructural el sistema jubilatorio, pero mientras tanto hay que concretar una recomposición urgente de las prestaciones”, afirmó Abad.

Lousteau se fue muy molesto tras la primera reunión en el Senado en el que se trató el tema, hace tres semanas, cuando los presidentes de las comisiones de Trabajo, Carmen Alvarez Rivero (Pro-Córdoba), y de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (LLA-Jujuy), hicieron malabares para frenar el intento del kirchnerismo por impulsar la firma del dictamen ese mismo día. Tanto que sus allegados dijeron, en una posterior reunión de asesores de las comisiones, que estaba dispuesto a dar su voto para convertir en ley el proyecto en cuanto llegara al recinto.

Sin embargo, el Gobierno inició negociaciones tras bambalinas con los jefes de ambos bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo (Diputados) y Eduardo Vischi (Senado), y parece que hubo avances, con lo que empezó a cambiar el panorama en el centenario partido que, otra vez, como ya ocurrió con la Ley Bases, podría dejar nadando contra la corriente de su partido a Lousteau, presidente del Comité Nacional.

Incluso en los sectores de Pro menos dispuestos a alinearse con la Casa Rosada comenzó a mirarse con buenos ojos la posibilidad de modificar el texto que aprobó Diputados. “No me parece mal si el Gobierno acepta reconocer lo que no le dio a los jubilados en enero y si se llega a un acuerdo por una nueva fórmula de actualización”, dijo un legislador de la escudería amarilla en la Cámara alta.

En ese sentido, tanto en la UCR como en el Pro reconocen que los diputados “se excedieron” en el proyecto que aprobaron, ya que avanza en un tema delicado como obligar al Estado a financiar los sistemas jubilatorios provinciales que no fueron transferidos, una medida que provocará un fuerte agujero fiscal al Gobierno. Además, establece que los haberes no podrán estar por debajo del 9% del costo de la canasta básica, otra medida que podría eliminarse de la iniciativa con la intención de evitar el veto del Poder Ejecutivo.

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