Jubilaciones de privilegio | Cómo están reguladas y qué dice la ley sobre la posibilidad de dejar de pagarlas

Las jubilaciones y pensiones de privilegio para altos funcionarios fueron establecidas por una ley del Congreso promulgada por Carlos Menem el 9 de diciembre de 1991, que recibió sucesivas modificaciones. Se trata de una norma que no regula la posibilidad de quitar el beneficio a quien recibe una condena, ni siquiera confirmada.

La ley es la 24.018, que tiene un único artículo dedicado a la posibilidad de perder el privilegio. Es el 29, que dice: “Los beneficios de esta ley no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.

Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, una vez que las jubilaciones y las pensiones de privilegio están “otorgadas mediante un acto administrativo regular, generan un derecho adquirido a favor del beneficiario” y la administración pública “no puede revocar el acto administrativo que otorgó una jubilación de privilegio sobre la base de una sentencia de condena firme por la comisión del delito de defraudación dolosa contra la administración pública”, como hizo el gobierno de Javier Milei en el caso de Cristina Kirchner -y deslizó que lo mismo hará respecto de Amado Boudou-.

“La administración pública sólo titulariza la potestad de promover ante el Poder Judicial una acción de lesividad que tenga por objeto la nulidad del acto administrativo de otorgamiento, que a la vez, garantiza el derecho de defensa del afectado”, dijo el constitucionalista en su cuenta de X. Y según él, el acto administrativo solo podría revocarse si se demuestra que existió “dolo del administrado” en el momento de dictado del acto, “lo cual excluye objetivamente la causal basada en una sentencia condenatoria firme posterior al acto administrativo que otorgó el beneficio”.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, tuiteó: “Lo de CFK termina con CFK ganando un juicio y el Estado pagándole las jubilaciones y costas millonarias a sus abogados. Gobernar para la tribuna también va contra las cuentas públicas”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando anunció la decisión de quitarle a Cristina Kirchner la jubilación y la pensión que percibe como expresidenta y viuda de un expresidente, dijo que la vía judicial “es una posibilidad”. En el Gobierno contemplan que ella tiene ese camino a disposición. “Entendemos que puede ser una posibilidad cierta a esta altura”, dijo, y añadió: “Ella va poder seguir cobrando una jubilación y una pensión, pero de acuerdo a sus aportes y no este adicional por privilegios”.

En los fundamentos de la resolución, la justificación de la medida fue la confirmación de la condena en su contra dispuesta ayer por la Cámara Federal de Casación.

La resolución sostiene: “La finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

El Gobierno no explicó por qué no avanzó entonces sobre la pensión que cobra Zulema Yoma, viuda del expresidente Menem, que también fue condenado con una pena por corrupción confirmada por la Cámara de Casación y murió sin que la Corte Suprema se pronunciara.

Según la información oficial, Cristina Kirchner cobraba 21 millones de pesos en mano (35 millones brutos) por el doble beneficio que ahora dejaría de percibir. Ella cuestionó la facultad para tomar esa decisión de Milei, a quien llamó “dictadorzuelo”.

Los otros presidentes, vicepresidentes y familiares que perciben jubilaciones y pensiones de privilegio son Boudou, María Estela Martínez de Perón; Amalia Carmen Guido, hija mayor del expresidente José María Guido; Julio Cobos; Bety Nelly Andrés, viuda del presidente de facto Roberto Levingston; Daniel Scioli, actual secretario de Deportes, Turismo y Ambiente; Adolfo Rodríguez Saá, presidente interino por una semana; Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa; Mauricio Macri; Gabriela Michetti y Alberto Fernández.

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