Juan Manuel López: “El oficialismo está violando las garantías constitucionales de los jueces de la Corte”
El diputado opositor objetó la decisión de la mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político de requerir el registro de llamadas entrantes y salientes de los miembros del máximo tribunal
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Vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, el diputado Juan Manuel López es una de las voces más potentes de la oposición que rechaza la embestida del oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema. El legislador de la Coalición Cívica advirtió que el Frente de Todos, al solicitar el registro de las llamadas de los jueces del máximo tribunal “viola las garantías constitucionales” y objetó, al igual que el resto de sus pares opositores, que Silvio Robles –mano derecha de Horacio Rosatti, presidente de la Corte– y Marcelo D’Alessandro –ministro de Justicia y Seguridad porteño– sean citados a declarar.
–El oficialismo libró oficios a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (Dajudeco) para que informe sobre el registro de llamadas de los jueces de la Corte. La oposición rechazó esta medida. ¿Por qué?
–Porque se trata de una ilegalidad sin precedentes. Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional, ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad, la libertad, requiere la intervención de un juez. Es el único que va a poder garantizar que ese proceso se lleve a cabo custodiando la legalidad y no se avasalle ningún derecho de cualquier ciudadano. No hay antecedentes en la Cámara de Diputados ni en el Senado de una medida semejante a la que adoptó el oficialismo el jueves pasado en la Comisión de Juicio Político. Además, no sabemos exactamente sobre qué personas van a recaer estas medidas de prueba, todo es muy discrecional, por eso es grave.
–El oficialismo sostiene que la Comisión de Juicio Político tiene atribuciones para solicitar ese registro de llamadas porque existe un convenio firmado entre la Cámara de Diputados y la Dajudeco.
–No, la Comisión no tiene esas atribuciones e invocaron un convenio que nada que ver con esto. Se trata de un convenio de auditoría entre el Congreso y la Dajudeco, fue firmado por Emilio Monzó (expresidente de la Cámara baja) y se limita a eso, a tareas de auditoría.
–¿Qué opina sobre la citación de los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos a la Comisión? Ambos intervinieron en las causas sobre los presuntos mensajes cruzados entre Robles y D’Alessandro.
–Es inconducente. Tenemos las resoluciones que ya dictaron ambos jueces, me parece que no aportarán nada a la cuestión. El juez Ramos archivó las actuaciones y fue claro en que esas comunicaciones fueron obtenidas de manera ilegal. Por esa razón no podemos usar esos chats como prueba en el juicio político a la Corte. Hay un principio jurídico de superioridad ética del Estado, y nosotros lo tenemos que aplicar. Tiene que ver con la prueba ilegal que ya se incorporó y la que el oficialismo quiere incorporar. (El exministro de la Corte) Eugenio Zaffaroni, referente jurídico del Frente de Todos, lo reconoce.
–La Coalición Cívica insiste en impulsar el juicio político a uno de los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por presuntas irregularidades en el manejo presupuestario del máximo tribunal mientras ejerció como presidente. ¿Ustedes van a solicitar testigos?
–En nuestro pedido de juicio político solicitamos la presencia de algunos testigos, entre ellos la de Héctor Marchi, administrador de la Corte. Sin embargo, todavía no está claro si el oficialismo está decidido a avanzar contra Lorenzetti. En Juntos por el Cambio vamos a analizar si pediremos la citación de nuevos testigos. Eso lo evaluaremos con el correr de la investigación.
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