Juan Grabois vuelve a insistir con su proyecto de salario universal
El dirigente social avanza en negociaciones con el Gobierno y la oposición para activar el subsidio
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LA NACIONInés Beato Vassolo
Mientras en el gobierno nacional se resisten a volver a implementar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) –que el año pasado alcanzó a casi nueve millones de familias–, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, repite que “de ser necesario, se volverá a recurrir a medidas extraordinarias”, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois vuelve a insistir en la necesidad del desembarco de un subsidio más estable, idea que desarrolla en conjunto con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (Ocepp), y sostiene que suma adeptos al proyecto, dentro y fuera del Gobierno.
En diálogo con LA NACION, el referente social y líder del Frente Patria Grande afirmó tener avanzadas negociaciones con las agrupaciones sociales, los sindicatos, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de la oposición, a fin de terminar de darle forma al proyecto del Salario Básico Universal (SBU), que apunta a llevar al Congreso o “que el Presidente firme por decreto”. Grabois cuenta con el aval de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), a la cual pertenecen algunos dirigentes que hoy integran el gabinete de Desarrollo Social, como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.
“Estamos terminando de consensuar entre organizaciones sociales y gremiales, y tenemos un nivel avanzado de discusión interna con el oficialismo. También nos reunimos con [el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado] Luis Naidenoff y [el jefe del bloque Pro en Diputados] Cristian Ritondo. Creemos que esto va a resolver problemas de manejo arbitrario de recursos públicos”, indicó Grabois, quien días atrás se reunió con el senador formoseño y se mostraron de acuerdo en que “el sistema de país ya no cierra” –según contó a este medio el referente de la oposición”–.
El subsidio abarcaría la franja de la población que no percibe de manera directa la Asignación Universal por Hijo ni jubilaciones o pensiones. Es decir, se destinaría a aquellas personas de entre 18 y 64 años con bajos ingresos, que se encuentren desocupados o se desempeñen como cuentapropistas o trabajadores de la economía popular.
El borrador de la propuesta –al cual accedió LA NACION– plantea un salario de alrededor de $8000, equivalente a un tercio del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), con un tope máximo establecido por el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto. A diferencia del IFE, este ingreso sería permanente, con un monto móvil sujeto a la CBA y con una prestación reducida (del 50%) para monotributistas categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de esa categoría ($23.537). En este marco, algunos beneficiarios cobrarían un tercio del SMVM, y otros, un sexto.
“La idea es que el plan funcione como transición a la recuperación económica de los trabajadores, y lo pierdan una vez que consiguen empleo formal. Apuntamos a que los beneficiarios se incorporen, a futuro, al mundo del trabajo”, indicó el dirigente del MTE. Y detalló: “El planteo es que a los empleadores que tomen a estas personas se les descuente el monto del subsidio de las cargas sociales, por lo menos por un año, para promover la incorporación de personal”.
Según estima Grabois, el beneficio alcanzaría a unos 8,5 millones de personas. El objetivo es que englobe varios programas nacionales y provinciales; entre los cuales desaparecería el programa de becas Progresar y la Tarjeta Alimentar –cuyo alcance fue recientemente ampliado por el presidente Alberto Fernández–. “Es escandaloso el manejo de la clientela en el Gran Norte. La vulnerabilidad ahí es más alta y los programas provinciales son muy arbitrarios. Unificar programas sociales va a ayudar a terminar con el clientelismo”, afirmó el líder social.
Por último, Grabois aseguró que el Gobierno cuenta con presupuesto de sobra para llevar adelante este proyecto, un punto en el que también coincidieron altas fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. “Es una cuestión de voluntad política. Es sencillo unificar programas y alcanza la plata. Tiene que ser un compromiso del Presidente en el marco de la campaña darle seguridad a la sociedad de que no se va a morir de hambre, en vez de esperar milagros de recuperación rápida”, concluyó.
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