José D’Angelo: “Es imprescindible reclamar transparencia y rendición de cuentas en los pagos de indemnizaciones”
El autor del libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, cuya presentación fue prohibida en la Biblioteca del Congreso, detectó varios casos de irregularidades y responsabiliza a la Secretaría de Derechos Humanos
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LA NACIONMariano De Vedia
Un ejemplar por día vendía el libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, de José D’Angelo, antes de que las autoridades de la Cámara de Diputados ordenaran suspender el acto programado para ayer en la Biblioteca del Congreso, en el que el autor iba presentar la obra, junto con el legislador Alberto Asseff y el analista político Rosendo Fraga. “Esta mañana, antes de las 10, ya había vendido entre 40 y 50″, revela D’Angelo a LA NACION, al explicar la fuerte repercusión que suscitó la decisión de “censurar” la investigación en la que denuncia el pago fraudulento de indemnizaciones por los desaparecidos.
“Hay que saber qué hay de verdad y qué hay de mentira en esta desgracia de la violencia política de los años 70. Y también es una oportunidad para que la oposición explique cómo va a tratar estos temas si es gobierno”, advirtió D’Angelo, en una entrevista con LA NACION.
En su libro, el periodista presenta una selección de casos en los que se habrían pagado sumas millonarias, como si se tratara de víctimas de la represión ilegal del Estado, cuando hay constancias de que varios de ellos murieron en la ejecución de ataques a objetivos policiales o militares, o fueron ejecutadas por las propias organizaciones guerrilleras.
Los casos incluidos en el libro son los mismos que el periodista denunció ante el juzgado federal de Ariel Lijo, quien avanza con la investigación. Dispuso distintas medidas de pruebas y ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informar a la Justicia el detalle de los pagos realizados en concepto de indemnizaciones.
-¿Qué se denuncia en el libro?
-El título del libro habla de “estafas con los desaparecidos” y lo tomé de la carátula de la causa que investiga el juez Lijo. No hablo de “la estafa de los desaparecidos”, sino de “la estafa con los desaparecidos”. Es imprescindible reclamar transparencia y rendición de cuentas.
-¿Por qué habla de “estafa?
-Porque hay casos escandalosos y una falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, en un tema tan sensible, como es la violencia política de los 70. Es increíble que quienes se han cansado de reclamar que se abran los archivos de todos lados, hasta del Vaticano, no permitan el acceso a los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos. Están cerrados a cal y canto.
-¿A cuánto ascienden las indemnizaciones pagadas?
-A valores actuales se estiman unos 3500 millones de dólares. Una indemnización es equivalente al sueldo más alto de la administración pública nacional multiplicado por 100. Para saber el monto total hay que multiplicar el resultado por 7996, que son los pagos que se hicieron hasta diciembre de 2022, según pude averiguar en la causa judicial. Los pagos los hace el Ministerio de Economía, pero los autoriza la Secretaría de Derechos Humanos.
-¿Por qué no le dejaron presentar el libro?
-La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se cree con derecho a censurar. Ella se comunicó con la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso y ordenó suspender el acto. La fecha estaba definida desde mediados de febrero. Los pone bastantes nerviosos que se hable del asunto y se muestren estos casos a la luz pública.
-¿Qué casos concretos presenta en su denuncia?
-Describo unos 15 ejemplos fraudulentos de cómo se registran presuntas víctimas de la represión ilegal del Estado y en realidad no lo son. En algunos casos, incluso, una vez que se realizó el pago de las indemnizaciones, fueron eliminados de los registros. Todo en jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos.
-¿Puede citar algunos casos?
-Sí, los registros de las víctimas son públicos, pero los trámites de los pagos de indemnizaciones son secretos. Un ejemplo es el de Nora Lía Marquardt, que murió durante un asalto a un camión de caudales de un organismo del Estado, como integrante de una organización delictiva durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El Estado pagó una indemnización y su nombre figura en el Parque de la Memoria, el sitio de homenaje a las víctimas de la dictadura militar que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
-¿Hay otros casos similares?
-Oscar Jesús Garavaglia figura como desaparecido en el listado que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en 2006, cuando en realidad su familia sostiene que lo mataron cuatro amigos, que fueron los últimos que lo vieron con vida, en una excursión a Nihuil, en Mendoza. Alguien cobró en 2009 una indemnización por $40 millones, actualizados a hoy. Se sustanció una causa judicial durante 30 años y sus amigos pudieron demostrar que no tuvieron responsabilidad en la desaparición. Fueron sobreseídos y el cuerpo nunca se encontró. En 2015, Cristina Kirchner publicó el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) y Garavaglia no figura.
-¿Durante el gobierno de Juntos por el Cambio no se revirtieron estas maniobras?
-Mauricio Macri había prometido terminar con “los curros de los derechos humanos”. Probablemente tengan otra oportunidad. Pero en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta sigue manteniendo placas de homenaje a víctimas del terrorismo que no son tales en el Parque de la Memoria. Otro escándalo es el de Pedro Sabao, quien tenía un quiosco de bebidas a orillas del Paraná y Montoneros publicó en su revista Evita Montonera que fue ejecutado por traidor. Su hermano Carlos resultó herido y murió muchos años después en un geriátrico. Los dos están homenajeados en el Parque de la Memoria Pedimos a Rodríguez LKareta que retirara las placas y no hubo respuesta.
Por Mariano De Vedia
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