Jorge Julio López: piden indagar a penitenciarios de Marcos Paz por obstaculizar la investigación
Fiscales de La Plata buscan que funcionarios del SPF declaren por irregularidades en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad
A ocho años de la desaparición de Jorge Julio López, la Justicia de La Plata avanzó en un pedido de indagatoria para siete funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sospechados de cometer diversas irregularidades en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz.
Según los fiscales de la unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, diferencias en los libros de visitas del penal impidieron profundizar la investigación sobre varios imputados y su entorno en los meses inmediatamente posteriores a la desaparición de López del 18 de septiembre de 2006.
Aquel día, López salió de su casa para estar presente en los alegatos de la querella contra el represor y ex director de Investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz, pero nunca llegó a destino. Aún hoy, su desaparición es un misterio para la Justicia.
"Resulta imposible determinar qué personas concurrieron a visitar a los detenidos y quienes se encontraban autorizados en función de haber cumplido los trámites obligatorios de registración. Lejos de importar una falta inocua vinculada a vicios meramente administrativos, la conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López", señalaron Molina y Nogueira, consignó el sitio Fiscales.
Los funcionarios del SPF imputados son los jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; los superiores inmediatos de ellos, Anibal Anselmo Cuenca y Marcelo Euvaldo Cuenca, quienes revistaban como jefes de la División Seguridad Interna de la cárcel; el director de Seguridad, Héctor Altamirano; y los directores del penal, Carlos Alberto Grassini y Diego Daniel Díaz. Todos ellos imputados gozan actualmente de una falta de mérito que les dictó en 2008 el ex juez Federal platense Arnaldo Corazza.
Los fiscales denunciaron que los imputados del pabellón de lesa humanidad gozaban de un régimen laxo de visitas y del uso del teléfono en horarios no permitidos y por líneas no informadas al Poder Judicial. Las discrepancias entre los dos libros de registro (uno del ingreso a la cárcel y otro labrado en el lugar de alojamiento), sumadas a las irregularidades con el uso del teléfono "son prueba clara y suficiente de la intencionada falta de control que existió respecto de las visitas que ingresaban al Penal".
"No puede dejar de observarse la confluencia de las irregularidades referidas respecto de la investigación desarrollada en la causa 16.060 vinculada con la desaparición de Jorge Julio López. Téngase presente que varias líneas de investigación de esa causa están orientadas en la posible responsabilidad de fuerzas de seguridad que desplegaron su accionar en la dictadura y que conservan en la actualidad lazos que confluyen en posibles mecanismos que tienden a encubrir e impedir el accionar de la justicia sobre tales hechos", destacaron los fiscales.
Por eso, apuntaron, "puede deducirse de modo razonable que, las irregularidades advertidas respecto de las visitas efectuadas" a los imputados por crímenes de lesa humanidad "constituyen una circunstancia que puede predicar una clara relación con los hechos que se investigan en la causa" López.
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