Jimena de la Torre: “No podemos permitir que la política impida cumplir un fallo de la Corte”
La exfuncionaria de Cambiemos se postula como nueva consejera en representación de los abogados; promueve reformar la elección de jueces y critica la falta de sanciones a magistrados “protegidos por la familia judicial”
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A tres semanas de que venza el plazo fatal que impuso la Corte Suprema de Justicia para normalizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se lanzaron las campañas para la elección de las abogadas que deben sumarse ese cuerpo. La candidata Jimena de la Torre, exfuncionaria de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos, encarna las ideas republicanas con las que quiere renovar el Consejo de la Magistratura. Se enfrenta a María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora, que se postula el apoyo del oficialismo.
En diciembre, el máximo tribunal declaró inconstitucional la conformación de 13 miembros, impulsada en 2006 por el kirchnerismo, y ordenó volver a los 20 integrantes (sumando dos abogadas, un diputado y un senado por las minorías, un académico, un juez y el presidente de la Corte), salvo que el Congreso sancione una ley con una nueva conformación. Si el 16 de abril no hay nueva ley y tampoco se eligen los nuevos consejeros para llegar a 20 miembros, el Consejo dejará de funcionar.
Unos 164.000 abogados de la matrícula federal de todo el país podrán optar por las dos listas de abogadas que se presentan: Abogacía por la Independencia Judicial, que lleva como primera candidata a De la Torre, especialista en derecho tributario y redactora de ley de blanqueo de Mauricio Macri. Fue jefa de Gabinete de la AFIP de Leandro Cuccioli y fundadora de la organización Bases Republicanas. Su postulación cuanta con el apoyo de Pro. Completa la lista Virginia Badino, docente de la Facultad de Derecho, con el apoyo del radicalismo.
La otra lista es Abogacía Federal, encabezada por Vázquez, de la Universidad de Lomas de Zamora, donde pesa fuerte el rector Diego Molea, consejero de la Magistratura alienado con el Gobierno; y la acompaña Verónica Wagner, una abogada cordobesa.
De la Torre, señaló en dialogo con LA NACION que uno de sus objetivos al llegar al Consejo de la Magistratura será discutir la conformación de las cuatro comisiones que lo integran. “La Corte estableció la inconstitucionalidad del Consejo porque en su integración con la ley de Cristina Kirchner se rompió el equilibrio y permitió que la política prevaleciera por sobre los organismos técnicos. Nuestra primera batalla es que la representación de los abogados esté en las comisiones”.
Puso como ejemplo que en la Comisión de Selección, donde se realizan los concursos para nuevos magistrados, los abogados no tienen representación. “Antes los abogados recién opinaban cuando el dictamen llegaba al Plenario del Consejo. Y si hay alguien que conoce a los candidatos que quieren ser jueces son los abogados de a pie, que deben intervenir antes en el proceso de selección”, dijo,
“Hay que discutir que la Comisión de Disciplina no esté integrada por jueces, porque en la familia judicial se cuidan entre ellos. Es así que en esa comisión no se aplican sanciones y no se deciden acusaciones, es una farsa”, denunció la abogada. Explicó que los consejeros están actualmente trabajando para reformar los reglamentos del Consejo y las comisiones. “No pueden hacerlo con este Consejo de 13 miembros, que nos quieren marcar la cancha para cuando asumamos los nuevos consejeros. ¡Es una locura!”, denunció.
–¿Esta elección va servir para evitar el cierre del Consejo?
–No tengo ninguna expectativa en que salga una ley del Congreso. Los fallos de la Corte están para cumplirlos. Si querés respetar las instituciones se deben cumplir. No podemos tener un ministro de Justicia que dice las barbaridades que dice, como que este fallo es casi un golpe de Estado y esto se produce porque el sistema republicano no está funcionando como debería. Es una práctica habitual de este Gobierno avanzar sobre los otros poderes del Estado, como lo es la Justicia y la propia Corte. No solo lo decimos por la vulneración de la independencia del Poder Judicial, sino por la degradación institucional que vemos en todo el Gobierno.
–¿Cuáles serán sus aportes en caso de ser elegida?
–Conseguir que los abogados podamos intervenir en las decisiones de las comisiones de Selección y Reglamentación. La entrevista personal de los candidatos es fundamental para medir el temple y el carácter de los postulantes, pero no pude ser determinante y utilizada para hacer avanzar lugares a candidatos que de otro modo no lo lograrían. Tiene que tener un tope. Es la ocasión de trabajar fuerte para nivelar a los abogados que aspiran en los concursos con los judiciales. El que hace carrera judicial la tiene más fácil, con la antigüedad desde que ingresó en la mesa de entrada, pero el abogado tiene que hacer malabares para que le consideren sus antecedentes.
–¿Y qué debería cambiar antes de las próximas elecciones de octubre para renovar el Consejo?
–Los abogados tenemos firma digital, podríamos votar electrónicamente y no como ahora. Dejemos este sistema presencial, donde es imposible fiscalizar una elección nacional como esta y donde gana el que tiene poder para llevar a los abogados a votar. Por ejemplo, en esta elección hay una sola mesa para votar en Santa Cruz, en Río Gallegos: un abogado que quiere votar tiene que trasladarse 700 kilómetros para hacerlo. Así, de los 164.000 abogados, solo podrá votar el 10%.
–La otra lista se presenta como plural, federal y sin relación con el Gobierno. ¿Usted como consejera se va alinear con la oposición?
–La lista que compite con nosotros es del rector de la Universidad de Lomas, Diego Molea. Fernanda Vázquez es empleada de Molea y la acompaña una ultrakirchnerista. Que no me digan que no es una lista kirchnerista.
–Pero usted fue funcionaria del macrismo.
–Estoy muy tranquila, nunca hice militancia política. Soy especialista en impuestos. Un día fui a fiscalizar una elección para la red Ser Fiscal. Cuando arrancó el Gobierno de Macri me esperancé y dije, ‘tengo tiempo libre’. Alfonso Prat-Gay era cliente del estudio y me llamaron para escribir la ley de blanqueo. Así entré como una especialista, como personal técnico, y mi paso por el gobierno fue en ese sentido. Nunca hice militancia, trabajé en la UIF y en la AFIP, que son organismos autónomos. Después de las PASO tuve la disyuntiva, con 46 años y tres hijos, dos con edad universitaria. Y pregunté si me iba del país, porque sentí que no tenía arreglo. Pero después de pensarlo 24 horas dije que no me iban a ganar: tengo 14 generaciones en el país y cinco generaciones de abogados. No me van a ganar y armamos Abogados en Acción y ahora Bases Republicanas.
–¿Cómo se explica el respaldo de los partidos a las listas?
–Frente a dos modelos de país en juego, hay un respaldo de la política, que viene no solo desde Pro: hay liberales o libertarios que nos apoyan, hay gente del peronismo republicano. Y ese respaldo lo tenemos porque somos la opción republicana frente al autoritarismo que se quiere llevar puestas a las instituciones y controlar el Poder Judicial.
–¿Se podrá poner en marcha el Consejo si el Congreso no envía a dos representantes más?
–Si el presidente de la Corte decide sentarse y presidir el Consejo de la Magistratura, a partir del día 16 de abril el resto de los representantes de los estamentos que hayan sido elegidos podrían jurar y asumir.
–Pero la Corte ya dijo que deben asumir todos juntos.
–Los abogados somos especialistas en interpretar todo, si el presidente de la Corte asume y contamos con las mayorías necesarias para tener quorum, el Consejo debería empezar a funcionar aun sin que Cristina Kirchner decida quién es el representante del Senado. Es la única forma de hace presión. Cuando vean que estamos funcionando, se van a alinear. Es un escándalo que la presidenta del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados no den la firma para enviar a los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura. Los fallos se hicieron para ser cumplidos. Debemos hacer cumplir el fallo de la Corte, porque de lo contrario está todo perdido si una sentencia no se cumple porque la frena la política.
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