Javier Milei designó por decreto en la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

En una decisión que derivará en varias polémicas, el presidente Javier Milei comunicó este martes la designación por decreto simple, en comisión, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. El DNU fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde el Gobierno cuestionó al Senado y dijo que “no realizó un análisis serio y objetivo”.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”, señaló el comunicado de la Oficina del Presidente.

Milei apeló a la vía del decreto mientras el Congreso se encuentra en receso. Las sesiones extraordinarias concluyeron el 21 de febrero y el período ordinario comenzará el 1 de marzo. De acuerdo a la Constitución, en ese interregno el Poder Ejecutivo puede nombrar jueces de la Corte en comisión, hasta “el fin de la próxima Legislatura”.

“El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, concluyó el comunicado, que comienza haciendo un racconto de la postulación de Lijo y García-Mansilla el 20 de marzo de 2024, el envío de sus pliegos al Senado y el fracaso para que reúnan los dos tercios de los votos, como fija la Constitución Nacional.

En el comunicado, el Gobierno no planteó ese fracaso como una debilidad de su propuesta, sino como un incumplimiento del Senado. “La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo”, dijo en un tramo el Gobierno como argumento, y añadió: “En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

En tanto, en el decreto, el Ejecutivo consideró: “El Senado, en lugar de haber realizado un análisis serio y objetivo respecto de la idoneidad de los candidatos propuestos, ha optado reiteradamente por demorar su pronunciamiento en virtud de consideraciones motivadas por la conveniencia política. Aquella dilación implica un incumplimiento de los deberes constitucionales".

Pese a que Lijo es ampliamente reconocido como uno de los jueces con mayores vínculos políticos de Comodoro Py –una de las razones por la que fue ampliamente objetado durante todo el proceso–, el Gobierno argumenta en su comunicado que “es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas”.

Por último, la Casa Rosada le reprochó al Senado que en su momento prestó acuerdo a los candidatos para la Corte Suprema de Néstor Kirchner (en alusión a Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni) y Mauricio Macri (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz). “Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, argumentó la Presidencia, sin posar la lupa sobre sus propios nominados, ni recordar que Cristina Kirchner envió el pliego de un candidato para la Corte que naufragó en el Senado: el de Roberto Carlés, al que luego de meses retiró, para iniciar la postulación de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín.

El comunicado presidencial, además, anticipó que, más allá del nombramiento por decreto, seguirá buscando en el Congreso los votos para Lijo y García-Mansilla. Sobre ellos pesa una amenaza del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans: dijo que los senadores peronistas harían caer los pliegos de Lijo y García-Mansilla si el Gobierno los nombraba por decreto.

La versión sobre la inminente firma del decreto surgió en medio de la reunión de gabinete convocada por el Presidente esta mañana. Después de muchos meses, y por primera vez en el año, Milei tuvo asistencia puntual y perfecta de los miembros de su equipo. Luego del Presidente, que llegó minutos antes de las 9, arribaron el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ambos en su primera reunión de gabinete en lo que va de 2025. Los últimos en llegar y subir hacia el primer piso fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, ambos con rostro serio y paso apresurado.

Tal como publicó LA NACION el sábado último, el Gobierno esperaba el regreso de Milei de su visita a los Estados Unidos, para poner en marcha la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, los dos candidatos que no consiguieron pasar la valla del acuerdo del Senado a pesar de haber contado, en el caso de Lijo, con el aval inicial del kirchnerismo. La firma del decreto, que este martes por la mañana estaba en la secretaría de Legal y Técnica, tenía como último plazo el viernes 28, dado que al día siguiente por la noche Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso.

El artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

La firma fue concretada este miércoles, cuando se oficializó el DNU en el Boletín Oficial. Milei consiguió de esta forma que en la apertura de sesiones del próximo sábado Lijo y García-Mansilla estén ubicados junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, actuales integrantes del máximo tribunal luego del reciente retiro del cordobés Juan Carlos Maqueda.

Las designaciones completarán las vacantes en el máximo tribunal que dejaron las salidas de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y de Maqueda, a fines del año pasado.

El tratamiento de la candidatura de Lijo en el Senado iba a tener lugar el viernes pasado. El Gobierno presionó para incluir el tema en el orden del día, aunque debió retirarlo y suspender la sesión prevista para ese día, luego de tener en claro que no tenía el número necesario para aprobar su pliego. La designación vía decreto se extenderá por nueve meses, hasta el fin del año parlamentario, y en el caso de Lijo, el actual juez federal deberá renunciar a su cargo antes de asumir como integrante de la Corte. El magistrado hizo saber a sus allegados que no renunciará, sino que se tomará licencia.

En el Gobierno no desconocen que habrá una cerrada oposición al nombramiento de Lijo por decreto. De hecho, en los últimos meses se expresaron en ese sentido desde el bloque que responde a la expresidenta Cristina Kirchner en el Senado. “Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, expresó Mayans en noviembre pasado.

También el expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri, ha manifestado públicamente su oposición al nombramiento del juez federal en el Alto Tribunal. “Le comenté [A Milei] que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza”, dijo el expresidente a LN+, en agosto pasado.

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