Ley “ómnibus”: Javier Milei envió al Congreso un proyecto con una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas
El Gobierno aseguró que busca restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853
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En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, hasta diciembre de 2025. En su contenido se incluye una amplia reforma electoral, en la cual se incorpora el sistema de elección uninominal por circunscripción al estilo anglosajón, profundos cambios impositivos, una moratoria y un blanqueo.
Amplía el concepto de “legítima defensa” e incorpora además en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calle; en especial para los organizadores. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación” toda “reunión o manifestación” y dice que el ministerio podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”. También, que “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”.
En su primer artículo la iniciativa –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica una veintena de leyes. Entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
Asimismo, propone un amplio régimen de regularización de activos. Incluye las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, sean considerados residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la AFIP. Respecto de los no residentes, podrán adherir todos los sujetos (sean personas, sociedades, o cualquier otro tipo de ente, contrato, o patrimonio de afectación) que no califiquen como residentes fiscales argentinos bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias, por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina.
El capítulo dispone la emergencia en la administración pública, que abarca todas las dependencias del sector público; el capítulo segundo se refiere a la privatización de las empresas públicas: allí se declara “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, diversas empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal enumeradas.
Según pudo reconstruir LA NACION, el envío del proyecto se hizo en formato papel y con una pequeña puesta en escena. En la Casa Rosada, el Presidente le entregó la caja con el texto al ministro del Interior, Guillermo Francos, que a su vez trasladó el paquete por Avenida de Mayo hasta el Congreso e hizo entrega al titular de Diputados, Martín Menem.
Legítima defensa
El proyecto amplía los casos que deben ser interpretados como “legítima defensa”. Para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”. Y dice: “Estará además comprendido en este párrafo quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.
Por último, legisla más allá de la legítima defensa cuando dice que “quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”. Esto implica que el familiar, por ejemplo, de alguien que haya sido asesinado mientras estaba intentando cometer un delito no podrá demandar a quien lo mató, ni siquiera si no se daban los requisitos para justificar la agresión como legítima defensa.
Blanqueo laboral
En el capítulo VI de la ley ómnibus que envió hoy el Gobierno al Congreso, Javier Milei les da otra señal favorable al sector empresario al promover una suerte de blanqueo laboral. El oficialismo lo calificó como “Promoción del Empleo Registrado” y habilita la “extinción de la acción penal” y “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de un empleado. Además, podría dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado durante el kirchnerismo.
“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, es el texto que acompañó una foto del proyecto.
“Vamos por una Argentina libre y próspera, Viva La Libertad Carajo”, escribió Milei en Instagram.
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