Javier Milei envía 150 pliegos de jueces: las razones de una jugada de alto riesgo para apurar movimientos en el Poder Judicial

“Si no quieren negociar, no negociamos”. Un importante colaborador del Gobierno justificó así la decisión de Javier Milei de enviar al Senado, de a tandas, más de 150 pliegos de candidatos a jueces federales de todo el país. La jugada a todo o nada –la Cámara alta podrá tratar y aprobar las candidaturas del Poder Ejecutivo, o no- sorprendió a la oposición, a los gobernadores y a distintos actores del mundo judicial porque no hubo consultas previas que garanticen el éxito de los trámites en su paso final por el Congreso.

En la Casa Rosada prometen que el pilón de pliegos será remitido el próximo lunes. Y que a los 149 candidatos que ya están decididos podrían sumarse varios nombres más, porque hoy el Consejo de la Magistratura –el órgano que inicia la selección de postulantes a jueces- remitió otras 12 ternas de candidatos al Poder Ejecutivo. Nada garantiza que no haya cambios de último minuto: desde que se supo el plan oficial, los teléfonos del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y de otros funcionarios no pararon de sonar. Un colaborador oficial reconoció que recibió varios cientos de mensajes por el tema en las últimas horas.

El argumento oficial que ofrecen en el Gobierno es que la situación del Poder Judicial, donde hay un 30% de juzgados sin titular (283 vacantes) hace que es sistema esté “en crisis absoluta”. Y que hasta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pidió que se acelere el nombramiento de jueces para mejorar la situación institucional.

Es cierto que la situación del Poder Judicial es crítica y que hay un exceso de subrogancias para paliar las demoras en el sistema de designación jueces. Pero hasta acá el Gobierno se había reservado la carta de los pliegos para los juzgados federales como una herramienta de negociación con el kirchnerismo y con los gobernadores que tallan en el Senado.

La prioridad de la Casa Rosada siempre fue conseguir los votos en la Cámara alta para que fueran aprobados los dos candidatos de Milei a la Corte Suprema: el juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla.

Los pliegos que ahora quiere remitir el Poder Ejecutivo al Senado son más de la mitad de los cargos vacantes. También está pendiente la designación del Procurador General (el jefe de los fiscales) y del Defensor del Pueblo. Con esas figuritas, al inicio del año, la Casa Rosada pretendía negociar con los K y, eventualmente, con algunos gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes). Es decir, completar el álbum del Poder Judicial en un acuerdo político más amplio.

El Gobierno, en una estrategia encabezada en las sombras por el asesor presidencial Santiago Caputo –jefe político de Amerio- se ocupó de mandarle el mensaje al Instituto Patria para acercar posiciones. La propuesta era avanzar con una ley de ampliación de la Corte Suprema (como pretendía Cristina Kirchner) siempre y cuando primero se votaran los pliegos de Lijo y García-Mansilla en el Senado.

Sobre la mesa, incluso, la Casa Rosada puso una idea: que primero hubiera media sanción al proyecto de ampliación del máximo tribunal en Diputados y que, apenas ese expediente fuera girado al Senado, aparecieran los votos para los dos candidatos del Poder Ejecutivo. Un plan de pasos para dar garantías a ambas partes. Pero las conversaciones entre ambas terminales se empantanaron.

Ahora el Gobierno pateó también el tablero con las vacantes de los juzgados federales. Es decir, sin negociar. “Con esto creen que apuran la discusión, que pueden mover el avispero y hacer que el peronismo se mueva”, comentó un operador judicial que viene siguiendo los movimientos de la gestión de Milei.

Juzgados clave

Al igual que hicieron Mauricio Macri y Alberto Fernández, una de las primeras acciones de Milei al asumir fue retirar 62 pliegos de jueces, fiscales y defensores que estaban pendientes de aprobación en el Senado. La pretensión oficial ahora es devolver a la Cámara alta todos los expedientes en manos del Poder Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el exjefe de gabinete de esa cartera Diego Guerendiain, habían negociado –a principios de año- algunos nombres de candidatos con los senadores. Pero es posible que la Casa Rosada haya optado por hacer borrón y cuenta nueva, porque Guerendiain se fue del Gobierno en mayo y eso redundó en mayor poder para el tándem Caputo-Amerio.

“El Gobierno no puede terminar las sesiones ordinarias sin haber hecho nada para resolver la situación de los juzgados. Con este movimiento patea la pelota para el Senado. Primero mandan los pliegos y después empieza la rosca”, evaluó el colaborador de un miembro del Consejo de la Magistratura.

Entre las vacantes que el Gobierno debe completar figuran lugares en la Cámara Federal de La Plata, de Mendoza, de Mar del Plata y de Rosario. También hay un casillero vacío en la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial, que se dedica a tramitar denuncias por presunta cartelización y prácticas monopólicas. Otras vacantes clave están en la Cámara Federal en lo Penal Económico, que tramita casos de contrabando y evasión. Y está pendiente la designación en la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal antes de la Corte Suprema. En aquel concurso había quedado primero el juez federal Daniel Rafecas, que supo ser el candidato de Alberto Fernández a Procurador General, una postulación que quedó frustrada.

El cargo de Procurador General, el jefe de los fiscales, sigue bajo el interinato de Ricardo Casal. Si bien allí hay varios nombres en danza, la Casa Rosada no remitiría un candidato al Senado la semana próxima.

Altas fuentes del Gobierno aseguraron a LA NACION que el Poder Ejecutivo también quiere avanzar con “las vacantes de primera instancia de Comodoro Py”, es decir, los cuatro juzgados vacantes que investigan casos de corrupción, entre otros delitos federales. Eso es, por ahora, inviable, porque el Consejo de la Magistratura todavía no completó los concursos ni la conformación de ternas.

Quien tiene un lugar asegurado en la lista que el Poder Ejecutivo quiere remitir al Senado es Juan Tomás Rodríguez Ponte, que supo ser secretario en el juzgado de Lijo y que está en la terna para un estratégico juzgado de Lomas de Zamora. Varios nombres seguirán, durante el fin de semana, bajo siete llaves. Como ya hizo otras veces, el Gobierno optó por una jugada fondo, sin seguir las reglas no escritas del sistema, y a su propio riesgo.

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