Javier Iguacel declaró en el juicio contra Cristina Kirchner: “Báez era el único que cobraba por adelantado y despidió a 1500 personas”

El exadministrador general de Vialidad Nacional Javier Iguacel declaró hoy en los tribunales de Comodoro Py que el empresario Lázaro Báez fue favorecido, por orden de Néstor Kirchner, en la adjudicación y el pago de obras públicas. Insistió en que Báez cobraba por adelantado mientras las demás contratistas de obras viales acumulaban créditos y que, no obstante, despidió a 1500 empleados. “Solo en 2007, Austral Construcciones, una empresa ignota, cobró mil millones de dólares”, afirmó.

Iguacel declaró durante cinco horas como testigo en el juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y Báez, en la causa que investiga irregularidades en la adjudicación y el pago de obras viales en Santa Cruz.

El exfuncionario y actual intendente de Capitán Sarmiento fue quien promovió la denuncia que dio origen a esta causa. Hoy, no solo ratificó lo denunciado cuando se hizo cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, sino que repasó cómo fueron detectadas las irregularidades en los contratos de obra pública adjudicados a las empresas de Báez y las circunstancias que lo llevaron a presentar la denuncia.

En el mismo sentido que declararon los últimos dos testigos, Martín Cergneux y Alejandro Mon, Iguacel afirmó que se firmaron certificados de obras en favor de las empresas de Báez sin acreditar previamente los avances de las mismas y que había un trato preferencial con esas compañías a pesar de que incumplían los requisitos para seguir recibiendo contratos y anticipos financieros.

Iguacel dijo incluso que, según un diálogo que tuvo con el exfuncionario de Vialidad Sergio Passacantando, el expresidente Néstor Kirchner se involucró para que Lázaro Báez cobrara los anticipos financieros a tiempo. El exsecretario de Obras Públicas José López era, declaró Iguacel, quien daba las órdenes durante los gobiernos kirchneristas para que las empresas de Báez recibieran este dinero.

Entre otras cosas, Iguacel dijo que cuando Cambiemos comenzó su gestión, en Santa Cruz había cientos de empleados que reclamaban ante la Dirección de Vialidad haber sido despedidos por las empresas de Báez. Dijo que el plazo para cobrar los certificados de obra era de 60 días, pero que las empresas de Báez los habían cobrado por adelantado. “El resto de las empresas, [cobrando] con mora de 60 días, no había despedido gente. Esta gente [por las compañías de Báez] cobrando por adelantado había despedido 1500 personas”, dijo Iguacel.

“No solo que no se le debía dinero a Austral -insistió-, sino que se le había pagado por adelantado.”

Según Iguacel, con las rutas cortadas por las protestas y una serie de indicios de que se habían cometido irregularidades en la ejecución de las obras, fue ordenada la auditoría que luego dio lugar a la denuncia.

El testigo volvió a sostener hoy que, cuando él asumió, la obra pública de Santa Cruz estaba concentrada en las empresas de Báez y que la mitad de las obras no se había terminado. Si se tiene en cuenta “el volumen de obra”, el 75% estaba inconcluso, “con contratos que venían de 2006 o 2008″, dijo el exfuncionario macrista.

“El modus operandi era hacerse de los contratos, cobrar anticipos enormes, certificar trabajos que no se habían hecho y cobrar un dineral”, describió, y dijo, a modo de ejemplo, que solo durante el año 2007, Austral Construcciones, a la que describió como una “empresa ignota”, cobró “mil millones de dólares”.

Iguacel hizo hincapié en la falta de controles sobre el avance de las obras a la hora de firmar los certificados. “No había ningún tipo de control de ingeniería, aunque uno no sepa nada de leyes, si estás a cargo de una obra querés saber si se hace, con qué equipos. La persona que hace los certificados tiene que estar en la obra. No solo no había ningún control, sino que trabajaban mancomunadamente para hacer efectiva la transferencia de dinero de estos contratos que no deberían haber existido, en una provincia que no ameritaba semejante volumen de obra, y así sacar los pagos del tesoro nacional”, declaró.

El hecho de que las empresas de Báez recibieran anticipos financieros no es una cuestión menor para los investigadores del caso, ya que, en declaraciones testimoniales en este mismo juicio, algunos empresarios de peso en el mundo de la construcción dijeron que nunca recibieron ese beneficio para avanzar con las obras que les habían sido adjudicadas.

Una de las principales objeciones de las defensas en este expediente es que se denunció discrecionalmente el otorgamiento de obras a Báez en la provincia de Santa Cruz. Consultado por el fiscal del juicio, Diego Luciani, sobre si en otras jurisdicciones habían encontrado “abandonos de obras”, Iguacel dijo: “Había algunas obras abandonadas en algunas jurisdicciones, detenidas, pero todas tenían un correlato con la suspensión de los pagos de Vialidad, que en algunos casos llevaba años sin pagar”. Según el testigo, todo lo contrario pasaba cuando las firmas contratadas eran las de Báez.

La mayor parte de la audiencia estuvo abocada a las preguntas de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Cuando finalizaron, los abogados de Nelson Periotti, Cristina Kirchner y de Carlos Kirchner interrogaron a Iguacel, principalmente sobre las circunstancias en las que formuló la denuncia penal. Por la cantidad de abogados que todavía querían interrogarlo, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana.

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