Ironía de la emergencia: el plan hizo a empresarios extrañar Fútbol para Todos

El rasgo más peculiar del acuerdo de precios anunciado ayer por el Gobierno describe en sí mismo la trampa en que ha caído la Argentina: ninguna de las partes firmantes del pacto cree en él. Como si se tratara de una teatralización de funcionarios y hombres de negocios dentro de la que subyace una decepción colectiva: mientras no se logre convencer a la sociedad de reformas impopulares que podrían bajar el gasto público y, como contraparte, la carga impositiva y la inflación, el país deberá resignarse a medidas paliativas que tal vez, en el mejor de los casos, sirvan para que no vuelva el populismo.

"La Argentina es un país raro", repiten últimamente en la Casa Rosada, al verse acorralados por críticas a izquierda y a derecha. Según las primeras, dicen, no haría falta normalización alguna de la economía porque todo se solucionará volviendo a crecer; en el caso de los ortodoxos, agregan, lo que no contemplan es lo que Macri llama "restricción política": aquellas imágenes de diciembre de 2017 frente al Congreso en las que, entre pedradas de manifestantes y pedidos kirchneristas de levantar la sesión porque supuestamente había "un muerto", se discutía una reforma en el cálculo de jubilaciones que ni siquiera desactivó la bomba previsional.

Lo más probable es que la reunión del lunes en Olivos entre el Presidente y los líderes de las empresas firmantes del acuerdo, a la que ayer convocaban funcionarios de la Casa Rosada, vuelva entonces a ser otra puesta en escena. La foto eterna de uno de los últimos países de inflación incontrolable. Porque el mundo discute ya otras cuestiones, la mayor parte de índole global: Angela Merkel teme que las tensiones entre Estados Unidos y China afecten el comercio internacional y, por lo tanto, el producto bruto alemán y el europeo para este año. Putin acaba de celebrar un nuevo hito en su política de sustitución de importaciones: mediante desgravaciones impositivas, logró que Mercedes-Benz abriera la semana pasada su primera planta en la región de Moscú, modalidad con que algunas corporaciones evitan las restricciones comerciales que la Unión Europea viene aplicándole a Rusia desde que adhirió Crimea a su territorio.

La discusión de la Argentina es, en cambio, consigo misma. Sin consenso interno en cómo convertirse en un país viable, no ha logrado todavía desentenderse del kirchnerismo, la fuerza a la que el Gobierno le asigna la mayor parte de la herencia. Un círculo vicioso en todo sentido.

Rechazo al populismo

Que la expresidenta tenga posibilidades de volver representa a su vez uno de los pocos elementos que podrían contribuir a un relativo éxito en el programa de congelamiento de precios: además de en el descrédito sobre este tipo de acuerdos, el Gobierno y los empresarios coinciden en el rechazo al regreso del populismo. Esa antigua visión común, planteada en todas las reuniones que desde hace tres semanas viene teniendo con empresarios Marcos Peña en la Casa Rosada, hace ahora de sustento ideológico de conversaciones sectoriales más concretas que, por la letra chica del plan, encaran Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, y el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner.

¿Están los empresarios dispuestos a colaborar por seis meses en una medida de claro corte electoral? La apuesta conlleva el riesgo de lo que se hace sin convicción: ¿deberá un gobierno reacio a las coacciones confiar en la pura benevolencia? "La ventaja de esto es que fue ciento por ciento voluntario", dijeron en una cámara a LA NACION. La única señal que las corporaciones interpretaron en esos encuentros como cercana a una advertencia fue, dicen, un argumento al pasar esgrimido por los funcionarios: un espaldarazo empresarial podría evitar alternativas peores, como propuestas de dirigentes radicales sobre congelamientos generalizados o el proyecto de ley de góndolas de Elisa Carrió. "Por lo menos, que sirva para bajar tensiones en la gente", dijeron en una alimentaria.

Todas buenas intenciones que deberán notarse en las góndolas. El Gobierno tenía ayer la idea de que el programa empezara a regir desde el lunes, pero en las empresas ven complicado el desarrollo de la logística durante Semana Santa. Representantes de cadenas de supermercados plantearon en esas reuniones la necesidad de aplicarles a los productos valores "razonables" para evitar desabastecimientos prematuros. "Un precio mal puesto puede ser un suicidio para todos", advirtió uno de los que negociaron las condiciones.

Son ardides aprendidos durante el kirchnerismo. El último secretario de Comercio de aquella gestión, Augusto Costa, prefería incluso aplicar descuentos no muy distantes del resto de la mercadería. Algunos supermercados y proveedores lo aprovecharon para instalar productos. En la cámara alimentaria Copal recordaban ayer el caso del fernet 1882, hasta entonces desconocido.

Fueron momentos cortos en los que el programa de una administración cuyos lineamientos y prácticas rechazaban les sirvió a estas cadenas para tentar a los consumidores a evitar comprar en autoservicios de barrio con publicidades que, para mayor gloria empresarial, pagaba el Estado en los entretiempos de las transmisiones deportivas.

El solo remedo de esa connivencia corporativa exaspera en Pro. Parte del malhumor de la Casa Rosada de las últimas semanas obedece a esa combinación explosiva: la capitulación ideológica podría además darse sin resultados. Horrorosa ironía para quienes pretenden transformar la Argentina: que los empresarios extrañen Fútbol para Todos.

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