Investigan en Necochea una millonaria extensión de la ruta del dinero K

Un nuevo capítulo en la investigación de la ruta del dinero K se abre paso en Necochea, con imputaciones, pericias, allanamientos e indagatorias por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias que habrían ocurrido en 2012 y 2013 en torno a una adjudicación directa de obra por valor de 60 millones de dólares. El principal imputado es el exoperador K Roberto Porcaro, quien deberá prestar declaración ante la Justicia en febrero, una vez terminada la feria.

En silencio, sobrevolando casi por debajo de los radares, la Justicia Federal de Necochea imputó a 20 personas por asociación ilícita y otros delitos, en lo que constituye un desprendimiento de la megacausa contra Lázaro Báez por lavado de dinero, coimas, encubrimiento y otros delitos, radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, iniciada por el fiscal nacional José María Campagnoli y que hoy continúa su par Guillermo Marijuan.

Ahora, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, Bernardo Bibel, aguarda el resultado de nuevas medidas investigativas, pruebas periciales contables de estados financieros y comerciales de los imputados, a fin de evaluar la posible coima recibida. Y entrecruzar los resultados periciales con informes pedidos a la AFIP y a la UIF. Permanece activo, además, un bloqueo sobre cuentas bancarias de Porcaro ordenado en diciembre de 2018.

La investigación de la "conexión Necochea" en la ruta del dinero K comenzó tras una denuncia del fiscal Campagnoli en la causa "Báez, Lázaro y Otros S/extorsión", donde señaló que Porcaro habría recibido una coima de un millón de dólares por facilitar una adjudicación directa de obra en Puerto Quequén.

Cinco años después, el juez Bibel considera que Porcaro "habría intermediado en las gestiones ilegales para obtener la obra en el área portuaria de dominio estatal traficando influencias, junto con los requirentes de la fraudulenta concesión sobre los otorgantes de la misma en su condición de integrantes del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ)". La adjudicación habría obviado los estatutos licitatorios fijados por el CGPQ, que obligarían a un llamado a licitación pública internacional. La adjudicación se otorgó el 14 de febrero de 2013, con concesión para operar luego por el plazo de 35 años prorrogables.

Por entonces, Porcaro era muy cercano a José Luis Di Gregorio, el expresidente del consorcio. Tan cercano que habría sido el promotor del nombramiento de Di Gregorio en el ente. La firma beneficiada se denomina Sitio 0.

¿Cómo se relacionan Quequén y la ruta del dinero K? Según la investigación judicial, Porcaro habría recibido un pago en bonos del gobierno nacional Bonar VII, que serían parte de los bonos que Báez se encargaba de lavar. Además, una de las firmas integrantes del grupo beneficiado con la adjudicación directa es Financial Net SA y forma parte de Helvetic Services Group SA, empresa que pertenecería a Báez, según consta en los expedientes del juez Casanello. A su vez, Financial Net SA, como operadora de bolsa, realizó la conversión de los bonos a moneda para pagar a Porcaro. Esta ligazón pudo ser comprobada recién en 2018 por la investigación judicial.

Las pericias financieras y contables ordenadas por Bibel de conformidad con el requerimiento del fiscal Nicolás Czick develarían una cifra menor a la estimada por Campagnoli: Porcaro habría recibido el 27 de diciembre de 2012 "un beneficio patrimonial compensatorio mediante una operación bursátil superior a los US$70.000, en la que obró como agente de bolsa la firma Financial Net SA -una de las compañías que conformaban el grupo de empresas a la postre beneficiadas por la concesión", se lee en la imputación judicial. El pago se habría hecho mediante "1.000.000 de bonos que tenía en su poder la denominada empresa Financial Net SA, conforme lo informado por su presidente, Carlos Honorio Mocorrea, transfiriéndose los mismos a la cta. Nº 695/1251 de titularidad conjunta de Roberto Florentino Porcaro y su cónyuge, Patricia Sirvente".

Dentro de la investigación a Lázaro Báez por lavado de dinero, aparecen 9 cheques depositados por este en diferentes cuentas, una de ellas, de Porcaro. La presunción es que ese dinero también habría pagado parte de sus "gestiones" en Puerto Quequén. Un detalle: en abril de 2012, Porcaro, Di Gregorio y Mocorrea viajaron juntos a Miami, y sus boletos de avión fueron pagados con fondos del consorcio de Quequén. La Justicia considera que dicho viaje estaría relacionado con el pago a Porcaro.

En diciembre pasado la Justicia allanó cajas de seguridad en la sucursal Necochea del Banco Nación y libró una intimación al gerente general del Banco de Corrientes, filial Necochea, para que informe sobre las cuentas de Porcaro. Allí se hallaron 400.000 dólares y se dispuso un bloqueo de cuentas.

Al menos 20 personas "habrían participado en delitos como fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado y negociaciones incompatibles de funcionario público. Finalmente, en octubre de 2018, la Justicia los imputó.

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